Baltasar Garzón: “España debe responder de una vez por los crímenes del franquismo”

Nadie es profeta en su tierra. Lo sabe bien Baltasar Garzón (Jaén, 1955), apartado de la carrera judicial. Este defensor de la justicia universal –que en 1998 se convirtió en héroe en todo el planeta tras emitir una orden de detención internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet– fue suspendido por colegas suyos en 2012, por un periodo de 11 años. Su delito: haber ordenado escuchas y grabaciones ilegales de las conversaciones entre unos acusados por el caso Gürtel y sus abogadoscaso Gürtel . Esta entrevista con Garzón tiene lugar en Ginebra, donde el exmagistrado intervino ante el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzosas.

PREGUNTA: Después de haber abierto un procedimiento judicial dirigido a hacer justicia con las víctimas de las dictaduras chilena y argentina, fue apartado de la carrera judicial en España. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos?

RESPUESTA: Cuando en 2003, Néstor Kirchner llegó al poder en Argentina, puso fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. El nuevo presidente abrió de este modo una vía que permitía la acción de la justicia. Desde entonces, Argentina es un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad. En cierta manera, formo parte de esa historia. Supuso un arduo trabajo en equipo, de jueces, víctimas, abogados y defensores de los derechos humanos. Para llevar a cabo esta acción común, iniciamos un proceso judicial ordinario, con tribunales que son los que establecen las reglas y los límites. En cambio, si hablamos de la justicia en España, es evidente que hemos retrocedido.

P.: ¿Por qué?

R.: Cuando se ponen por delante los intereses políticos, económicos y diplomáticos, la Justicia sale perdiendo. Sucede tanto con la Justicia universal como con la Justicia ordinaria, la que combate, sobre todo, el crimen organizado y la corrupción. Puede llevar a cabo con éxito una investigación cuando coge por sorpresa a los sospechosos pero, en el momento en que las estructuras de las organizaciones criminales se hacen fuertes, la mayoría de las veces, la Justicia fracasa. Lo mismo sucede con la Justicia universal. Tras el impacto del caso Pinochet, EEUU comenzó a verse cuestionado y fue entonces cuando empezaron los problemas, como sucedió con Bélgica. Este país iba por delante en la defensa de la Justicia universal, hasta que el secretario de Estado norteamericano dejó caer que Bélgica podía perder su puesto en la ONU si seguía por ese camino. Al mes siguiente, la ley belga cambió. Tan pronto como las miradas se dirigieron a Guantánamo, China o Israel, a los dirigentes implicados le saltaron todas las alarmas y dijeron: '¡Hasta aquí!'. Y la aplicación de la Justicia universal se ha visto reducida. Los intereses políticos y económicos han salido vencedores en detrimento de los derechos de las víctimas. La Justicia funciona siempre de este modo: avanza dos pasos y retrocede uno. Lo mismo ocurre en España. El Tribunal Supremo nos permitió dar un paso con respecto a la dictadura argentina, pero dio marcha atrás cuando se trató de investigar los crímenes cometidos durante el franquismo.

P.: ¿Sigue siendo un tabú en España?

R. Sí, había un juez que sin lugar a dudas no era del agrado del Tribunal Supremo, pero fue determinante la investigación de la corrupción en el Partido Popular. Casi todas las personas que trabajaban en este caso –policías o jueces– se vieron afectados de un modo u otro. Se ataca al plano profesional. En España, la Justicia es conservadora.

P.: Ha prestado testimonio en Ginebra, ¿quiero esto decir que la ONU es su único recurso para que tratar que se haga justicia con las víctimas del franquismo?

Después de ser suspendido por el Supremo, seguí luchando por valores en los que creo. Y eso es lo que me lleva a defenderlos ante la ONU. El viaje a Ginebra me lo he costeado yo y sólo represento a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBG). Mi objetivo es conseguir que España ofrezca respuestas a las víctimas de los crímenes cometidos durante el franquismo. El Estado las ha abandonado completamente. Lo mínimo que puede hacer España es reconocer lo ocurrido durante la dictadura franquista para que se sepa lo que verdaderamente sucedió.  

A día de hoy, la ONU tiene un papel fundamental, lo mismo que su responsabilidad histórica. Naciones Unidas puede optar por dar una respuesta de libro o implicarse para que se respeten las leyes que garantizan la protección de las víctimas. Si la ONU se decanta por el respeto a las víctimas, habremos dado un paso muy importante contra la impunidad y el impulso habrá llegado desde Ginebra.

P.: ¿Cómo fue su intervención ante Naciones Unidas?

R.: El Comité nos ofreció la oportunidad de presentar nuestra opinión y nuestro análisis. En ese sentido, el trabajo en equipo que nosotros –es decir, las diferentes organizaciones– hemos presentado ha sido muy positivo.

P.: ¿Se siente aislado en España?

R.: Al contrario. Me siento bien en España. Mi capacidad de expresión ha ido a más porque puedo expresarme con más libertad, con menos cortapisas. Mucha gente me transmite su cariño. También respeto a los que no sienten ninguna simpatía por mí. Lo que siempre he pedido a los españoles es poder debatir.

P.: ¿Sigue recibiendo amenazas?

R.: Supongo… Aunque es algo que no me ha preocupado nunca. Una persona debe hacer lo que cree justo, incluso aunque reciba amenazas o se la intente humillar. Cuando iniciaron la investigación sobre mí, algunos me decían que si cambiaba, si tenía una actitud más dócil, todo acabaría pronto. Mi actitud no ha sido ni dócil ni beligerante. Defiendo los derechos de las víctimas. No puedo decir: '¡Lo siento, me he equivocado!'.  

P.: ¿Llegará hasta el final?

R.: Sí, por coherencia. Mi vida no ha sido fácil, pero es la que yo he elegido. Las amenazas no me preocupan. Sin embargo, es duro vivir con escolta, saber que han entrado dos veces en mi casa y que se han interceptado mis comunicaciones. También es duro hacer frente a una campaña de desprestigio, constatar que se han falsificado mis cuentas bancarias para falsear pruebas, estar obligado a cambiar continuamente el recorrido y aceptar que mi familia necesita protección.  

Supongo que esto forma parte de mi trabajo. Soy un funcionario público y como tal, debo hacer frente a la soledad. Para mí, lo que no tendría sentido, sería aprovecharme de mi posición, en lugar de trabajar por los ciudadanos.

P.: ¿No se ha planteado, como el juez italiano Antonio di Pietro, cambiar las cosas desde una formación política?

R.: Lo hice, en 1993 [cuando fue elegido diputado, al ir de número dos en las listas del PSOE por Madrid. Aunque, decepcionado por la ausencia de política clara contra la corrupción, renunció al escaño en 1994]. Fue una buena experiencia, no me arrepiento, pero me equivoqué. Quizás no fue el momento más adecuado. Traté de aportar mis valores a la acción política del PSOE. A día de hoy, estoy comprometido con varias iniciativas para que la izquierda española entienda que la unión de todas las fuerzas que la componen es la única opción para combatir la política neoliberal, abrasiva, del Gobierno actual. No quiero un cargo, lo que quiero es dar mi opinión y actuar. La participación política debe ir de abajo a arriba, lo importante es aportar ideas.

P.: ¿Cree que los asuntos judiciales a los que se enfrenta la infanta y su marido podrían suponer el fin de la monarquía?

R.: Nadie puede responder a esa pregunta, ni siquiera un republicano como yo. Lo que creo es que las instituciones deben transmitir a los ciudadanos un mensaje de transparencia en todos los ámbitos. Espero que este caso, y la resolución a este asunto, vaya en ese sentido.

Assange y Snowden

P.: A día de hoy, ¿qué balance hace de la defensa de Julian Assange?

R.: Garantizo la defensa de Julian Assange, pro bono [gratis, por el bien público]. Esa es la condición que puse, a fin de ser libre para llevar a cabo mi trabajo, tal y como yo lo entiendo. Assange es víctima de una grave injusticia. Se trató de abrir un proceso en su contra en Suecia que sirviera de pretexto para su extradición a EEUU, que quiere procesarlo por hechos relacionados con la libertad de expresión.  

Gracias a que Ecuador le concedió asilo, se evitó que el Grand Jury norteamericano lo juzgara probablemente por espionaje o por otra barbaridad semejante. Defender a Assange ha supuesto para mí una gran satisfacción y me ha traído muchos problemas, como la pérdida de mi puesto como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. De hecho, EEUU exigió mi exclusión sólo porque defiendo a Julian Assange. Exigencia que no ha tardado en verse satisfecha. Me tomo esta exclusión como un honor personal. 

P.: ¿Cuál es el siguiente paso en su estrategia de defensa de Julian Assange?

R.: La defensa de Julian Assange, garantizada por varios abogados y abogadas, se centra en conseguir que se haga efectivo el asilo otorgado por Ecuador. De ahí que exijamos que los derechos de defensa de Assange se respeten en Suecia y en EEUU, derechos que se intentan limitar.

P.: ¿Aceptaría defender a Edward Snowden también?

R.: Me lo han propuesto, pero los casos de Assange y de Snowden son distintos. No creo que sea de ayuda, dada la situación en la que se encuentra Snowden. Se trata de defensas diferentes. Dicho esto, la política de invasión masiva en la esfera privada que ha denunciado es inaceptable, lo mismo que la penetración clandestina en las instituciones que ha llevado a cabo EEUU en aras supuestamente de la seguridad nacional. No veo por qué tengo que aparecer en una lista de 100 personas cuyo correo está intervenido sin saberlo.

P.: ¿Por qué investigar a alguien que no está en posesión de secretos de Estado?

R.: Es muy triste llegar a ese punto y, sobre todo, que estas prácticas se consideren normales.

P.: ¿Supone la muerte de la democracia?

R.: Es cierto modo, sí.

P.: ¿Qué proyectos tiene?

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R.: Muchos. De momento, dirijo un despacho de abogados llamado ILOCAD. Nos ocupamos de asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Además, presido la Fundación Internacional Baltasar Garzón, con sedes en Madrid, Buenos Aires, Bogotá y Cuernavaca (México). Trabajamos en nueve países, en todos los asuntos relacionados con la pobreza, las reparaciones a favor de las víctimas de las injusticias, en el desarrollo de la responsabilidad social.  

Además, presido el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Buenos Aires. Tiene su sede en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los principales centros clandestinos de tortura de la dictadura argentina. Actualmente se ha convertido en un Espacio de la Memoria y de los derechos humanos. Es un ejemplo modélico de reparación simbólica de la memoria de las víctimas. También trabajo como asesor de la Fiscalía General de Colombia en la investigación de asuntos relacionados con la macrocriminalidad. Además, estoy escribiendo dos libros sobre corrupción, colaboro en dos documentales y en un programa de entrevistas sobre derechos humanos y la paz en la cadena Canal Capital de Colombia. ¡No estoy de brazos cruzados!

Traducción: Mariola Moreno