La crisis económica, un paraíso para estafadores, pícaros y embaucadores

La crisis económica se ha convertido en el paraíso de pícaros, estafadores, embaucadores y ventajistas. Con ironía y sarcasmo Rubén Sánchez, periodista y activista en FACUA-Consumidores en Acción, recopila 101 fraudes en su libro Defiéndete, una guía para sobrevivir en mitad de este panorama.

“Vivimos en un mundo manejado por grandes lobbys empresariales que están moviendo los hilos de quienes nos gobiernan”, explica Sánchez. A pesar de que, en mayor o menor medida, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, continúa el periodista, “en este contexto de crisis económica lo estamos notando más que nunca”.

Las políticas de austeridad no sólo se han llevado por delante los presupuestos en educación, sanidad o derechos sociales, también han restringido las partidas destinadas al control del mercado y fraude. “Se ha recortado tanto en todo que también se ha recortado en control del mercado y la estafa”, explica el periodista. En este escenario “los poderes económicos están cometiendo hoy más abusos y excesos que nunca, y los sectores empresariales se están aprovechando como buitres carroñeros de la situación de debilidad del ciudadano frente a un Gobierno que no está preocupándose por los derechos de los consumidores”.

La reducción de las plantillas de inspectores de Hacienda y comisiones antifraude favorece la creación de un escenario idílico para estafadores y trúhanes que venden “cuentos chinos” sin ninguna consecuencia. “Ahora cualquiera puede cometer más irregularidades porque estadísticamente es más difícil que vaya a recibir una inspección, una respuesta de la administración…etc, con lo que hoy es más fácil cometer fraudes”, alerta Sánchez.

La experiencia de Sánchez como miembro de la organización de consumidores Facua ratifica que, en paralelo a la inacción del Gobierno, “aparece más conciencia ciudadana”. Para el periodista, es indispensable “despertar conciencia social de la fuerza que tiene el ciudadano cuando se organiza, cuando se moviliza, cuando responde a las agresiones que estamos sufriendo ya sea por parte de poderes empresariales como por parte de poderes políticos”. “Los consumidores –explica Sánchez– tenemos un arma muy poderosa: el dinero, que es nuestra decisión de compra. Si nosotros decidimos que a una empresa no le compramos nada porque son unos timadores a esa empresa la hundimos”.

Sin embargo, son muchos los ciudadanos que, ante la extendida impunidad en la comisión de fraudes y abusos por parte de las empresas, deciden permanecer en un segundo plano. Para Sánchez, esta postura beneficia al libertinaje con el que actúan los estafadores. “Hay muchísima impunidad en la comisión de fraudes y abusos por parte de las empresas –asegura el activista–, pero la impunidad con la que se está actuando es, en parte, responsabilidad de los ciudadanos. Si nosotros seguimos de brazos cruzados ante lo que está pasando, cada vez habrá más impunidad, y asistiremos a más recortes de derechos”.

El fraude de la puerta giratoria

“Este Gobierno tiene una banda de mercenarios –denuncia Sánchez–; puede que no sean todos los ministros, pero una gran parte de ellos son auténticos mercenarios al servicio de quienes les han pagado”. El activista hace referencia a los numerosos casos de puerta giratoria que han tenido lugar a lo largo de la historia democrática de España. “Estamos llegando a un nivel de puerta giratoria en el que los que hoy están gobernando, mañana van a volver a las empresas que están dictándoles las políticas, y no pasa absolutamente nada”.

El activista denuncia que “desde el Gobierno, tanto en el actual como en los anteriores, se están plegando intereses empresariales de una forma absolutamente aberrante, escandalosa y sin ningún tipo de pudor”. Para ello tratan de convencer al ciudadano de que “lo que hacen lo tiene que hacer por obligación, y para salvar a España; los 'salvapatrias' están permitiendo un expolio de nuestro país de una manera brutal”.

“La crisis es la coyuntura idónea para decirle al ciudadano: hay que hacerlo porque no hay más remedio, te voy a robar tu derecho a la sanidad, a la educación, al acceso a la justicia, te lo quito todo porque no hay más remedio para salvar España”, señala Sánchez. Sin embargo, “al final, con ese dinero se salvan banqueros, no se hace nada con los banqueros que han cometido los mayores fraudes y estafas de la historia de España”, puntualiza.

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“La estafa electoral es la que trae todo lo demás –explica el periodista–; trae la impunidad absoluta de los poderes empresariales para hacer lo que quieran”. Para Sánchez el caso del PP no es una excepción, sino un ejemplo más de que “todos los gobiernos de izquierdas y de derechas, comunistas y nacionalistas, todos incumplen los programas electorales”.

El miembro de Facua achaca esta realidad a dos vertientes diferentes: “la incapacidad de los políticos para cumplir lo que habían prometido, y el olvido de sus promesas cuando ya están gobernando”. Para Sánchez, la actuación más infame responde a los políticos que “desde el principio sabían que no iban a cumplir lo que prometían, se estaban riendo de los ciudadanos desde el minuto uno de su programa electoral y les daba absolutamente igual lo que estaban prometiendo”.

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La nueva tarifa eléctrica propuesta por el Ejecutivo es “la mayor aberración que se ha podido cometer en la historia en cuanto a sistemas tarifarios”, señala Sánchez.

La iniciativa del Gobierno propone “casi 1.500 tarifas distintas en un recibo, además el usuario no va a saber la tarifa hasta que no reciba la factura”. Esta medida “rompe los principios más elementales de protección al consumidor que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico desde que se aprueban las normas de relaciones mercantiles entre usuarios y empresas a nivel histórico”, subraya.

Para el periodista y activista, “lo que pretende hacer el Gobierno es ilegal; vulnera la ley general de derechos de los consumidores que lleva vigente 30 años". Además, "vulnera la propia ley del sector eléctrico que ha aprobado este Gobierno, una ley que se publicó en el BOE en diciembre, que dice que las tarifas tienen que ser transparentes, comparables, no discriminatorias, y todo eso lo vulnera esta idea extraña y descabellada”.