La Embajada de Brasil se niega a recibir 90.000 firmas de Amnistía contra los abusos policiales

Las embajadas de Brasil han cerrado sus puertas a los activistas de Amnistía Internacional (AI). La mañana de este jueves la organización tenía previsto entregar 90.000 firmas –20.000 de ellas recogidas en España– en Madrid, Brasilia, Roma, La Haya, Santiago de Chile y Asunción para pedir "a las autoridades brasileñas que garanticen el derecho a protestar". Sin embargo, el acto no ha podido concluir. Las respectivas embajadas se han negado a recibir las miles de firmas en protesta por "la violencia indiscriminada" que sufren los manifestantes en Brasil, donde la próxima semana comenzará el campeonato mundial de fútbol.

Esta entrega de firmas se enmarca en una campaña a nivel mundial, bautizada como 'Tarjeta amarilla a Brasil', en la que los activistas de la organización no gubernamental "sacan tarjeta amarilla a los gobernantes" y mandan un mensaje a las autoridades: "manifestarse no es delito, es un derecho humano". 

"Los manifestantes que se echen a la calle en Brasil durante la celebración en breve de la Copa Mundial están expuestos a sufrir violencia indiscriminada a manos de la policía y el ejército", advierte Amnistía Internacional en un comunicado. Desde la organización aseguran que "centenares de personas han resultado heridas en ciudades de todo Brasil tras disparar la policía militar balas de goma contra ellas pese a que no presentaban ninguna amenaza o golpearlas con porras". "La actuación del Gobierno brasileño –subraya Esteban Beltrán, director de AI en España– ha puesto en riesgo el derecho de protestar pacíficamente".

El aumento del precio del transporte público, la falta de inversión en servicios públicos y los elevados gastos que supone la celebración de la Copa Mundial han despertado las críticas en la sociedad brasileña. "Desde junio de 2013, millares de brasileños se vienen echando a la calle en manifestaciones multitudinarias que no tienen preferentes", relatan desde Amnistía. Lejos de garantizar el derecho de protesta pacífica, las autoridades brasileñas han apostado por "el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y de balas de goma contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y uso indebido de la ley para abordar y sancionar a quienes se echan a la calle", denuncia AI. 

Intimidación para frenar las protestas 

Desde la organización advierten que "los legisladores brasileños están examinando un proyecto de ley antiterrorista" que permite considerar "los daños a bienes y servicios esenciales" como actos terroristas. Esta ley, explica el director de Amnistía en España, "contradice las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos", como lo es el derecho a manifestarse de forma pacífica. Se trata de "un acto intimidatorio", sentencia.

"El Gobierno de Brasil ha desoído a Naciones Unidas en su definición de delitos de terrorismo. Han sacado la conclusión que quieren y la van a aplicar contra los manifestantes", denuncia Beltrán. "Esta terminología no se puede aplicar a destrozos públicos. Evidentemente, estos actos tienen que estar penados, pero con sanciones administrativas", recalca. 

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Crear una ley más restrictiva no es la única medida tomada por el Ejecutivo brasileño para reprimir las protestas. Durante la celebración del campeonato mundial, el Ejército podrá intervenir para mantener el orden público, explica Beltrán. La intervención de las fuerzas armadas en momentos y lugares claves, donde hay una fuerte presencia de público, "es peligroso; el Ejército no debería tener ningún papel ahí, no está preparado", recalca el director de AI. 

Entre 2001 y 2011, "10.000 personas han muerto en Río a manos de las fuerzas de seguridad", denuncian desde la organización. Cifras que demuestran "el deficiente historial de Brasil en materia de mantenimiento de orden público" y "el clima de impunidad" que se vive en el país. En este contexto, "la Copa Mundial 2014 será una prueba decisiva para las autoridades de Brasil" que "tiene que aprovechar la oportunidad e intensificar sus esfuerzos para garantizar que las fuerzas de seguridad no comentan ninguna violación más de derechos humanos", añade Atila Roque, director de Amnistía Internacional en Brasil.

Hasta ahora, "existía un diálogo entre Amnistía Internacional y las autoridades brasileñas", apunta Yolanda Vega, responsable de Brasil en AI España. Sin embargo, las respectivas embajadas en las que se debían entregar 90.000 firmas para pedir que se garantice el derecho de protesta, se han negado a recibir a la organización y "no se nos ha comunicado ninguna razón". No es raro que las autoridades de diferentes países de nieguen a dialogar, explica Beltrán, pero sí "que cierren sus puertas y no nos dejen entregar las firmas". Un hecho que sólo ha ocurrido con otro país, asegura el director de AI en España, "se trata de China".