Fulgor y caída de Jaume Matas

Un hombre que gasta 300 euros en una escobilla de váter doméstica es un hombre que espera mucho del presente y, sobre todo, del futuro. Si, encima, ese hombre ha cerrado la década de los noventa como presidente de la próspera comunidad balear, ha entrado en el nuevo siglo como ministro de Medio Ambiente en el Gabinete de José María Aznar para, en 2003, tomar de nuevo las riendas del archipiélago; si, todavía más, ha visto cómo Mariano Rajoy, el nuevo jefe de su partido, proclama públicamente que quiere para España un Gobierno como el de su subordinado en Baleares, entonces ese hombre llamado Jaume Matas Palou (Palma, 1956) tiene motivos para sentirse satisfecho.

Y si, por último, compra en 2005 por 950.000 euros confesados una planta de 450 metros con derecho a jardín privado en un palacete histórico de su ciudad, emplea casi otro millón y medio de –presunto– dinero negro para redecorarla y se instala allí con su familia, puerta con puerta con un órgano oficial denominado Sindicatura y cuya misión es velar por la legalidad de las cuentas públicas en Baleares, entonces es que ese hombre tiene muchos motivos para sentirse seguro.

O los tenía antes de que los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau y el juez José Castro se cruzaran en su camino en 2008. Hoy, con el destino definitivamente torcido, Jaume Matas ve cómo el Gobierno de Rajoy, el jefe que le admiraba en 2004, le ha denegado el indulto por su primera condena, reducida por el Supremo de seis años a nueve meses y un día más multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación. Salvo viraje inesperado, nada le salvará de la prisión.

En libertad pero sin pasaporte, Jaume Matas aguarda ahora el mandamiento de prisión que debe notificarle la Audiencia de Palma, que ya en diciembre anunció que debería cumplir la pena pese a ser inferior a dos años. Para cuando la Sección Primera dictó ese auto, Matas ya había recibido su segunda condena, todavía pendiente de recurso: una multa de 9.000 euros más la obligación de devolver otros 42.000 por un delito de cohecho, el que cometió Matas al aceptar que un empresario hotelero pagara 3.000 euros al mes a su mujer, Maite Areal, a cambio de realizar un trabajo que en realidad nunca existió.

Sin precedentes desde Barrionuevo

Desde los tiempos del socialista José Barrionuevo, condenado por el caso GAL y que en 1998 permaneció recluido tres meses hasta que Aznar le otorgó la gracia del indulto, ningún ministro de la democracia había pisado una prisión salvo en visita oficial. Ahora, Matas lo hará.

Cuándo pisará la cárcel que elija –Matas vive ahora en Madrid– el extitular de Medio Ambiente y expresidente de Baleares de 1996 a 2000 y de 2003 a 2007 dormirá entre rejas durante nueve meses. A eso rebajó el Supremo la pena, inicialmente fijada en seis años, impuesta a Matas por la Audiencia de Palma por haber utilizado sus influencias a favor de un periodista independiente a su servicio. Lo hará en cuanto la Audiencia de Palma le notifique el llamado mandamiento de prisión. ¿Cuándo? No se sabe a ciencia cierta.

El delito de Matas en esta primera condena firme que le conducirá a prisión, consistió resumidamente en esto: en subvencionar con dinero público a un periodista independiente, Antonio Alemany, que entre columna y columna le escribía los discursos para, a renglón seguido, ensalzarlos en otra columna.

Paradójicamente, la condena de Alemany –dos años y tres meses de prisión-, a quien el Gobierno también ha denegado el indulto, equivale a tres veces la impuesta a Jaume Matas. Alemany es reo de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. En cambio, Matas, que fue quien le pagó con dinero público, solo cometió oficialmente tráfico de influencias. Eso sostuvo el Supremo en la sentencia por la que en julio de 2013 resolvió el recurso de casación planteado por Matas.

¿Debe ingresar Matas en prisión para cumplir nueve meses y un día entre rejas o ese ingreso resultaría discriminatorio? La Audiencia de Palma explicó en diciembre por qué consideraba obligado que Matas pasara la condena en prisión en lugar de canjearla por una multa.

El auto dictado entonces dice así: "En lugar de servir a los ciudadanos y a los intereses generales, [Jaume Matas], instrumentalizó la función pública y la utilizó para la comisión del delito, con grave menoscabo del interés público y colectivo". Y, también, esto: "Es inasumible para la sociedad que el titular de uno de los poderes del Estado cometa un delito de tráfico de influencias, teniendo en la actualidad pendientes procesos penales por delito similar o de idéntica naturaleza”.

Destino torcido en 2008

No se sabe si Matas, cuya esposa llegó a gastar 66.000 euros en metálico en joyerías de una ciudad, Palma, que no alcanza el medio millón de habitantes y donde, por tanto, la gente suele enterarse de casi todo, olió el peligro ya en 2008 o si todavía se creyó a salvo.

Aunque la investigación sobre el caso Palma Arena estalló ese año, Matas no declaró hasta marzo de 2010. Pero, se lo anticipase o no su instinto de político, el que le hizo llegar a la cima balear del PP habiendo nacido en pleno franquismo en una familia republicana, socialista y de clase media, el destino se le torció en el instante mismo del 14 de noviembre de 2008 en que los fiscales Horrach y Carrau y el juez Castro registraron el velódromo Palma Arena.

El sobrecoste detectado –60 millones– terminó por ser el inicio de la investigación de lo que aún se llama el caso Palma Arena. El inicio, en resumen, de la ruina definitiva de Jaume Matas. El fin del fulgor, del triunfo para el hombre cuyo rostro escrutaban militantes de importancia y de relleno en busca de un signo, un reflejo para emular su camino hacia el éxito.

Así que, rebobinando, el hombre que en el verano de 2013 creyó haber esquivado la cárcel –nadie sin antecedentes cumple nueve meses de cárcel, y dicen algunos juristas que eso fue lo que se planteó– se había seguido sintiendo un triunfador incluso después de perder el Govern en 2007 a manos de una coalición poselectoral capitaneada por los socialistas. De hecho, el PP creía –y acertó– que en los comicios de 2011 recuperaría el poder. Pero Matas, imputado, ya había abandonado la escena.

El expresidente balear, cierto, no declaró como imputado hasta marzo de 2010. Pero aquel registro de noviembre de 2008 torció definitivamente su destino y abrió una caja de Pandora dentro de la cual el juez Castro y el fiscal Horrach encontraron una verdadera cordillera de corrupción hoy plasmada en 27 piezas separadas dentro del caso Palma Arena, cuyo nombre rinde negro homenaje al velódromo.

Millonarios gracias al dinero público de Baleares

La más célebre de esas piezas separadas que giran en torno al tronco central del caso Palma Arena es la del caso Nóos, que afecta a Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón y sus antiguos socios y aliados políticos, Matas entre ellos. Pero Matas, en realidad, está imputado en casi todas las ramas del caso. Hoy por hoy, es imposible calcular el número de años de cárcel a que se arriesga. Pero los delitos que se le atribuyen constituyen un compendio del capítulo que el Código Penal dedica a los cometidos contra la Administración Pública. Y por si fuera poco y fuera del perímetro del Palma Arena, Matas afronta ahora la senda hacia el banquillo en el llamado caso Turismo Jove, que juzgará un jurado popular. 

La Audiencia de Madrid comunica a Matas que tendrá que ingresar en prisión en un plazo de cinco días

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El fiscal Horrach y el juez Castro, ahora enfrentados en una guerra cada día menos sorda, mantienen algo en común. Ambos creen que si Matas y su esposa llevaban un tren de vida propio de millonarios es porque eran millonarios. Y que llegaron a serlo gracias al dinero público de Baleares. De ahí el palacete, las joyas y, erigido en ridículo pero efectista epítome de aquel lujo, la escobilla de 300 euros.

Así que hoy el hermoso palacete del número 8 de la calle San Felio (que significa San Félix o San Feliz en castellano) cuya compra en 2005 encarnó el fulgurante ascenso de Jaume Matas hacia las cumbres de la administración y la riqueza se ha convertido en la tumba política y casi civil de su todavía propietario.

El epitafio lo ha escrito el Gobierno al denegarle el perdón oficial, al que se había opuesto el propio Tribunal Supremo. En la puerta de al lado, continúa abierta la sede de la Sindicatura, el organismo encargado de velar por la legalidad de las cuentas públicas de Baleares y al que nada en la vida y maneras de Jaume Matas le hizo sospechar hasta que la Fiscalía Anticorrupción dio la voz de alerta y logró reunir indicios.