La Audiencia concluye que Rato usó la ‘tarjeta B’ al margen de cualquier “atisbo de legalidad”

Los magistrados confirman la fianza tras constatar que de las declaraciones y del resto de investigaciones practicadas se ha puesto de relieve que se trataba de tarjetas de crédito "emitidas al margen del circuito establecido con carácter general sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada con algún órgano director que soporte la existencia y la operativa de las tarjetas, siendo la responsabilidad de su emisión del presidente del consejo de administración, Rodrigo Rato, que era beneficiario de aquellas".

Además, el auto recuerda que mientras el imputado ocupó la presidencia de Caja Madrid y Bankia la cantidad dispuesta con las tarjetas fue de 2,5 millones de euros. Así, para los magistrados la decisión de la fianza "se asienta sobre una apoyatura legal más que evidente, que permite no solo su adopción, sino que la misma se lleve a efecto en esta precisa fase procesal en la que nos encontramos, máxime cuando de la conducta del ahora imputado, se desprende la existencia de plurales indicios de criminalidad".

La Audiencia Nacional asegura en un auto que la ignorancia por parte de Rodrigo Rato de la ilegalidad de la utilización de las tarjetas B de Bankia es "inexcusable". "No puede obviar tales circunstancias, siendo además usuario habitual de una de aquellas tarjetas, y no puede desconocer ni el reflejo que en la contabilidad de la entidad se llevaba a cabo, ni tampoco la omisión que de aquellas se efectuaba en su nómina y en las correspondientes certificaciones anuales de las retenciones llevadas a cabo, con finalidad impositiva".

"Tal ignorancia en una persona que ostentaba el cargo de presidente del consejo de administración, resulta inexcusable", completa la Audiencia Nacional, que explica que la utilización de las tarjetas black por parte de Rato y del resto de directivos y consejeros no guarda ningún "atisbo de legalidad".

De esta forma, los magistrados de la Audiencia Nacional no se creen la versión que dio Rato en su declaración como imputado ante el magistrado Fernando Andreu, y confirman la fianza civil de tres millones de euros contra el exvicepresidente del Gobierno del PP.

El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró al juez que pensaba que la entidad sí pagaba los impuestos derivados de la utilización de las tarjetas, y que consideraba que todo se había hecho de forma legal.

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Los magistrado confirman la fianza tras constatar que de las declaraciones y del resto de investigaciones practicadas ha puesto de relieve que se trataba de tarjetas de crédito "emitidas al margen del circuito establecido con carácter general sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada con algún órgano director que soporte la existencia y la operativa de las tarjetas, siendo la responsabilidad de su emisión del presidente del consejo de administración, Rodrigo Rato, que era beneficiario de aquellas".

Además, el auto recuerda que mientras el imputado ocupó la Presidencia de Caja Madrid y Bankia la cantidad dispuesta con las tarjetas fue de 2,5 millones de euros. Así, para los magistrados la decisión de la fianza "se asienta sobre una apoyatura legal más que evidente, que permite no solo su adopción, sino que la misma se lleve a efecto en esta precisa fase procesal en la que nos encontramos, máxime cuando de la conducta del ahora imputado, se desprende la existencia de plurales indicios de criminalidad".

Rato había presentado un recurso contra la decisión de Andreu de imponerle la fianza millonaria asegurando que el juez había vulnerado su derecho a "ser tratado como inocente" al considerar que el magistrado había adelantado un juicio inculpatorio, "no siendo ciertas las conclusiones alcanzadas en el auto al no haberse investigado absolutamente nada sobre el origen de la emisión y entrega de dichas tarjetas".