El Gobierno considera que el 'caso Moix' hace inviable un pacto por la Justicia

"El Gobierno no va a presentar ninguna iniciativa de calado que no pueda salir adelante". En esto coinciden destacadas fuentes del Partido Popular y del Gobierno cuestionadas por la intención del Ministerio de Justicia de poner en marcha una serie de reformas del Ministerio Fiscal encaminadas, principalmente, a que la instrucción en asuntos penales la hagan los fiscales y no los jueces y a reducir las facultades que se conceden a la acusación popular. "Hoy por hoy, es inviable", admiten.

"En materia económica ha quedado claro, con los Presupuestos Generales del Estado, que hay un espacio para el pacto, para el acuerdo. Pero en otros campos lo tenemos muy complicado", señalan fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el CongresoCongreso. A la hora de señalar culpables hay pocas dudas: el caso Moix como más reciente y el resto de escándalos que han afectado al PP en las últimas semanas.

La semana pasada, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix presentó su renuncia al cargo después de que infoLibre desvelara que poseía el 25% de una sociedad panameña que, a su vez, tenía un chalé en la sierra madrileña.

"El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tienen una estrategia que están poniendo de manifiesto estos días. PSOEEs la siguiente: tratar de trasladar a los ciudadanos dos mensajes. Uno: que el PP es un partido corrupto. Y dos: que el PP utiliza a los poderes del Estado, a la Fiscalía, para tapar la corrupción. Y nada más lejos de la realidad. Los casos de corrupción saltan, se investigan y la gente ingresa en la cárcel. Si eso no es independencia...", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Pese a los discursos públicos y a los argumentarios, el caso Moix es sólo el último episodio que deja al descubierto el malestar en la carrera fiscal por las injerencias del Gobierno. A finales del pasado febrero este diario informó, de fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal, antecesora de José Manuel Maza, que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabó poniendo en marcha su sucesor. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Desde el Ejecutivo niegan pretender "poner orden" en la Fiscalía. "El Gobierno quiere orden, quiere que las cosas funcionen con eficacia y que funcionen bien", matizó la semana pasada el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, un día después de la dimisión "irrevocable" y "por motivos personales" de Moix.

"Todos contra el PP"

Los conservadores no pueden ocultar su malestar por cómo se ha resuelto la polémica sobre la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados. Por primera vez en la legislatura, los tres principales partidos de la oposición se han aliado para evitar que los conservadores frenen estos trabajos parlamentarios. El PP fía ahora todo a un recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados que, si no tiene éxito, acabará en el Tribunal Constitucional. Es un "todos contra el PP", define un diputado del PP presente en esta comisión.

"Tras la dimisión de Moix, la oposición quiere caza mayor, que caigan  [José Manuel] Maza [el fiscal General del Estado] y, acto seguido el ministro Catalá", señala un diputado. La misma fuente añade que, en este contexto, el resto partidos no están dispuestos, al menos a día de hoy, a que Catalá se haga la foto del ministro que logró un pacto por la Justicia con reformas pendientes desde hace muchos años.

Sectores del Gobierno y del PP admiten que la gestión del caso Moix ha dejado tocados tanto a Maza como a Catalá. Pero también admiten que Mariano Rajoy no parece dispuesto a hacer caer a un ministro al que considera de su máxima confianza. En la anterior legislatura, el titular de Justicia integraba el llamado G-8, el grupo de ministros muy cercanos al presidente del Ejecutivo que se intentaban hacer contrapeso a los fieles a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Catalá es del círculo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esta, a su vez, tiene una estrecha relación con Rajoy.

Con todo, algunos de sus compañeros de partido, creen que Catalá cometió el error de ir demasiado lejos en su defensa de Moix cuando empezaron a llegarle muestras de que las versiones que el ya ex fiscal Anticorrupción daba de su relación con la empresa Duchesse Financial Overseas no se sostenían.

No fue hasta el pasado viernes, horas después de que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegurara que Rajoy mantenía sin fisuras su confianza en el titular de Justicia, cuando abandonó su defensa cerrada de Moix. "No es ético –dijo– que ni jueces, ni políticos, ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales. Al día siguiente, infoLibre avanzaba que la investigaba de oficio al ex fiscal jefe Anticorrupción tras las informaciones sobre la empresa que compartía con sus hermanos en Panamá.

Del discurso a la realidad

"Es absolutamente necesario en el nuevo modelo de justicia penal [...] dotar al ministerio fiscal de un nuevo estatuto que sustituya al ya exhausto de 1981, que atienda las necesidades formativas, operativas y profesionales de los fiscales; que atienda a su profesionalización y a su especialización; que se adapte, sin duda, al nuevo papel que le queremos asignar como director de la investigación y, en ese contexto y muy razonablemente, que refuerce su autonomía en el desempeño de sus funciones". Así se pronunciaba Catalá en el Congreso el 5 de diciembre de 2016 cuando acudió para dar cuentas de los objetivos de su departamento para la legislatura.

Además, consideraba "fundamental" también "no solo despolitizar la justicia sino también desjudicializar la política". "Por las razones que sean, el abuso o el mal uso de la institución de la acusación popular ha pervertido el sentido de esta figura, que ciertamente tiene relevancia constitucional". Y añadía: "El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no olvidemos que es la primera autoridad judicial y el máximo representante del Poder Judicial en España, ha señalado de manera expresa y pública, y cito literal, que la ley debería restringir la acusación popular para poner coto a las actuaciones indebidas".

Estos discursos, sobre el papel, parecen irrefutables pero necesitan, según todas las asociaciones consultadas una despolitización de la Fiscalía.

Este mismo miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunía en el marco del "estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia". "Se ha avanzado en las comparecencias. Pero no hay un texto base ni esquemas, ni nada por el estilo. Estamos en la fase de comparecencias", comenta a infoLibre uno de los integrantes de este órgano.

Desde el principal partido de la oposición tampoco se ve un clima favorable para llevar a cabo las reformas por las que abogó Catalá y que llevan varias legislaturas siendo una asignatura pendiente. "Los principios siguen siendo inmutables", señala Juan Carlos Campo, portavoz de los socialistas en la Comisión de Justicia. Pero añade: "Todo eso requiere tiempo y un clima de sosiego".

"Ese clima de sosiego no se ve cuando estamos viendo a un ministro de Justicia reprobado por el Parlamento, un fiscal general reprobado por el Parlamento, un fiscal Anticorrupción reprobado por el Parlamento y al que se le aceptó su dimisión [...] Hay un clima en la Justicia de demasiada agitación como para abordar con el suficiente sosiego toda una modificación legislativa de hondísimo calado".

¿Imposible? "Imposible no, complejo", responde este parlamentario.

La reforma, mejor sin mayorías absolutas

"Un gran pacto de estos tiene que hacerse con el consenso, si no es de todas, de casi todas las fuerzas políticas", señala Jesús Alonso, fiscal de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria. A juicio de Alonso, el momento político, sin mayoría absoluta, debería a los partidos al consenso.

"Siempre hemos dicho que cuando hay mayorías absolutas nunca es el momento [de reformas de calado]. Siempre se tiende a hacer el modelo que uno quiere", dice. "Ahora justamente yo creo que es el momento adecuado en el que todos los actores políticos se pueden y se deben poner de acuerdo sobre qué modelo de Justicia quieren para el siglo XXI", añade. En este sentido, recuerda que estamos funcionando con una ley antigua, que tiene 79 modificaciones. "Es verdad que poco a poco se va avanzando hacia un sistema acusatorio puro, que es el que tiene el resto de países europeos, donde el fiscal investiga, existen jueces de garantías... pero vamos a tanta lentitud que no podemos esperar otros ciento y pico años. Es necesario ya y hay que coger el toro por los cuernos", subraya el portavoz de la asociación mayoritaria de fiscales.

Entrando en materia, Alonso considera que con la reforma para que el fiscal dirija las investigaciones penales no puede conducir a un simple intercambio de cromos. "Lo que no podemos hacer es repetir el modelo: cambiar al juez por el fiscal", añade. E insiste en que hay que poner coto a la lentitud del sistema. "Durante la instrucción se hace un juicio absolutamente completo de todo. Se llevan todas las pruebas, se analiza todo y al juicio oral se le vacía un poco de sentido porque lo que se hace es repetir lo que se ha hecho en la instrucción" relata antes de poner el foco en otro de los requisitos sin el que la reforma quedaría, a su entender, incompleta: la inversión.

"Se necesitan medios humanos, medios materiales, para conseguir que la respuesta judicial sea lo más ágil y rápida posible. Que pongas una demanda y que veas satisfecha tu pretensión en el menor tiempo posible. O que una víctima vea reparada la lesión que ha sufrido en el menor tiempo posible", considera.

Junto a la inversión está la cuestión de las "garantías". "Todo lo que sea blindar al fiscal general con un apoyo parlamentario es bueno porque visualiza a un cuerpo político más amplio", mantiene.

La propuesta de Ciudadanos

Este miércoles, Ciudadanos presentó una propuesta de reforma  de la Ley del Ministerio Fiscal. En la rueda de prensa, Albert Rivera lamentó que "se asuma con naturalidad" que el Fiscal General del Estado (FGE) dependa del "Gobierno de turno". "Confiamos en tener el apoyo del resto de grupos porque sino tendrán que explicar sus motivos para oponerse a despolitizar la Justicia", advirtió.

"La duración del cargo pasa de cuatro a seis años para romper el cordón umbilical entre la Fiscalía y el Gobierno y que sus mandatos no vayan ligados", expuso Rivera, que precisó que "para acceder al cargo se exigirán 25 años en lugar de quince, para que tenga más experiencia y legitimidad".

Para el nombramiento del Fiscal General del Estado serán necesarios dos tercios del Congreso y así "será un Fiscal General con amplio consenso". Además, tendrá que pasar por un "control serio y riguroso" en la Cámara baja. Y "cualquier comunicación entre el Fiscal y el Gobierno será por escrito para evitar casos como el de Manuel Moix".

El pacto que PP y Ciudadanos firmaron para la investidura de Mariano Rajoy contemplaba, en su punto 143 lo siguiente: "Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán: 1. los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese. Y 2: Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad".

El pacto entre ambas formaciones no atraviesa su mejor momento. "Ciudadanos debe decidir si está con la moderación y la estabilidad o con la radicalidad y el extremismo", llegó a decir el número tres de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo, tras comprobar cómo su partido se quedaba solo en el intento de imponer sus normas en la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Dos días antes, en rueda de prensa en la sede nacional de los conservadores, había calificado de propuesta "de campanario", una de las iniciativas que Pablo Iglesias (Podemos) quiere llevar al debate de moción de censura de la próxima semana, que el fiscal general del Estado sea nombrado por una mayoría cualificada en el Congreso y no por el Ejecutivo.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) celebró recientemente su XXXII Congreso en León. Entre sus conclusiones, señalaron que un Ministerio Fiscal autónomo del Ejecutivo

Unión Progresista de Fiscales (UPF) conclusiones, "solo será posible con el desarrollo de la cláusula constitucional que exige que el Ministerio Fiscal actúe a través de órganos propios", es decir, "que tenga un verdadero régimen de autonomía orgánica".

"En la actualidad cualquier decisión relativa a la carrera de un fiscal (nombramientos, régimen disciplinario, licencias, permisos) se toma en el Ministerio de Justicia, lo que supone concebir a la Fiscalía como un mero apéndice de este departamento gubernamental", lamentan.

En todo caso, la UPF considera que el avance más urgente en el ámbito de la autonomía orgánica consiste en dotar a esta institución "de verdadera autonomía económica con la debida singularización presupuestaria y, sobre todo, con capacidad de gestionar por sí misma ese presupuesto". "En ausencia de estas reformas, el Ministerio Fiscal seguirá en una situación de servidumbre organizativa y económica que genera una posición de debilidad frente a la injerencia del Ejecutivo", mantienen.

También consideran clave que "las comunicaciones entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno" tengan "una regulación más precisa regida por la transparencia". 

Emilio Fernández, portavoz de la UPF, insiste que una reforma "que dure" y que venga a sustituir una ley de 1882 ha de ser de "un calado muy hondo". De ahí, la necesidad de un consenso que ahora no observa. En este sentido recuerda la reprobación de Catalá y de Maza. "Por todo lo que ha ocurrido, ahora es casi impensable". "Las personas que dirigen el ministerio están inhabilitadas", subraya Fernández.

El fiscal pone el foco en dos asuntos que cualquier reforma no debería pasar por alto. El tema de la formación de los profesionales de esta carrera y el de la llamada "justicia digital".

Sobre el primero, cree necesario que la formación esté en manos de la Fiscalía General del Estado (selección de cursos, programas...). En definitiva, no venir determinado por el Centro de Estudios Jurídicos ni por el ministerio. Sobre el segundo, considera que si no se dota de herramientas ofimáticas de intercambio de archivos, documentos... compatibles entre sí, cualquier reforma está "condenada al fracaso".

Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)(APIF) considera, como Alonso, que esta legislatura existe la oportunidad de avanzar en esta materia. "El sistema no resiste más parches", señala. "Tenemos que ir a que la instrucción la lleve el fiscal. Del mismo modo, insiste en la necesidad de autonomía del Ministerio Fiscal, así como la dotación de medios presupuestarios.

A su juicio, hay seis elementos clave. Uno: introducir en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que el candidato a Fiscal General del Estado cuente con el respaldo de 2/3 del Congreso u otra mayoría cualificada que se establezca. Dos: blindaje del fiscal del caso. Tres: autonomía del Ministerio Fiscal. Cuatro: Elección de un modelo de Ministerio Fiscal al que se le va a encargar la instrucción. Cinco: claridad en el esquema del proceso penal. Y seis: cambio del sistema de funcionamiento del Ministerio Fiscal con la introducción de principio democrático en su funcionamiento.

Por su parte, Salvador Viada, fiscal del Supremo, sostiene que la elección del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno acaba siendo por razones de confianza. Y eso, "condiciona el modo de actuar de los fiscales". Esto con el tiempo, añade, configura una estructura elegida por afinidad a uno u otro partido.

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Sostiene Viada que si se dota a la Fiscalía de independencia respecto a los gobiernos, sean del color que sean, y se ubica a los fiscales en una posición equiparable a la de los jueces, se podría llegar a una Fiscalía que actúe con imparcialidad. Algo que, destaca, no ocurriría inmediatamente porque los hábitos de esta institución están muy arraigados.Esperar a que escampe

En el Gobierno confían en que, pasado el verano, una vez que Rajoy comparezca como testigo en el marco de Gürtel y pase por la Comisión parlamentaria sobre la financiación del PP se rebajarán las presiones de la oposición y será, quizá, el momento de intentar llegar a más pactos que los meramente económicos en esta legislatura que los conservadores han bautizado como la del "diálogo". "Hay que esperar a que escampe", sostienen al tiempo que recuerdan que, para esas fechas, la nueva dirección del PSOE y los nuevos equipos en el Congreso "estarán más asentados".

Uno de los retos más inmediatos y qué más preocupa en Moncloa es cómo resuelve Maza el nombramiento del sustituto de Moix.