El TCJ15M vuelve a pedir al Supremo que investigue si Moix solicitó los modelos 347 de las empresas vinculadas a González

La asamblea TCJ15M, asociación que el pasado mes de junio se querelló contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por archivar sin investigar dos denuncias y una querella presentadas en su día contra el expresidente madrileño Ignacio González, pide de nuevo al Tribunal Supremo que practique las diligencias solicitadas hace casi tres meses en la querella interpuesta. En concreto, la asociación Contratrama, el vehículo jurídico utilizado por el TCJ15M, pide al Alto Tribunal que oficie a la Agencia Tributaria para que aporte los modelos 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informe si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha, según consta en el escrito remitido el pasado martes al Supremo y al que ha tenido acceso infoLibre. Una práctica que, recuerdan, "sólo requiere el empleo de unos pocos minutos".

La acción judicial planteada contra Moix, que dejó su puesto al frente de Anticorrupción después de que este diario revelara a finales de mayo que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España, se centra en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño –ahora en prisión– en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por Ignacio González. El carpetazo a los tres intentos vecinales se produjo sin realizar una sencilla diligencia de investigación que habría destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

La primera denuncia fue interpuesta en mayo de 2007, después de que la revista Tiempo destapase que González, entonces vicepresidente de un Ejecutivo madrileño encabezado por Esperanza Aguirre, había favorecido directamente a Tecnoconcret, una empresa relacionada con su familia que recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración de la empresa pública que decidió dicha adjudicación. El fiscal Moix dio carpetazo al asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas [consultar aquí en PDF] en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo".

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también habían conseguido hacerse con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocerse la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 –declaración anual que las empresas deben presentar obligatoriamente ante Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros– presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008. De nuevo, la Fiscalía de Madrid archivó sin hacer mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se quedaron de brazos cruzados y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa durante esos cuatro años. El TSJ madrileño solicitó al Ministerio Público un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, se pronunció en contra.

¿Omisión o prevaricación?

En conversación con infoLibre, José Gamo, miembro del TCJ15M, explica que el objetivo de la querella es conocer de una vez por todas si Moix solicitó a la Agencia Tributaria, tal y como se pidió expresamente en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010, el modelo 347 de las dos empresas. "Es muy simple, porque cuando un magistrado, un fiscal o un juez consulta algo en el registro de Hacienda, queda rastro de ello", señala. Conocer eso, continúa Gamo, no es algo baladí: "En cualquiera de los dos casos, Moix cometió un delito. Si no lo hizo, entonces estaríamos hablando de omisión. Pero si solicitó esa información y, después de apreciar que había pruebas de que se estaba produciendo corrupción, decidió parar la investigación, entonces estaríamos hablando además de prevaricación. Pero para demostrarlo necesitamos pruebas".

Desde el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M consideran que sería "intolerable" que se archive la causa "sin que nunca se lleguen a diligenciar" ambas peticiones. En este sentido, Gamo apunta que para la asamblea la querella tiene un "calado político importante" y que los dos documentos que piden resumen a la perfección "la ruptura de la separación de poderes". Lo interesante de la acción, dice, es "que se retraten". "Buscamos demostrar que en este país tú puedes estar diez años protegido por un fiscal y que ese fiscal no tenga ni que ser investigado. Queremos visibilizar que no existe la posibilidad de investigar aunque tú les estés diciendo el documento exacto en el que tienen que buscar", asevera el miembro del TCJ15M, que añade que ese funcionamiento es propio de "Estados fallidos". "Esta acción no tiene que ver con Moix, tiene que ver con la democracia", concluye al otro lado del hilo telefónico.

La Fiscalía del Supremo pide el archivo

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El escrito de la asamblea TCJ15M llega al Alto Tribunal una semana después de infoLibre revelara que la Fiscalía del Supremo había solicitado, basándose en un dato incierto, el archivo de la querella criminal al "no revestir los hechos el carácter de delito". El escrito del Ministerio Público, fechado a 26 de julio y firmado por el teniente fiscal del TS, Luis Navajas, se centraba sólo en el archivo que Moix decretó en 2007. "Resulta sorprendente que los querellantes no hayan reparado en que, de los tres archivos que según su relato soportan la querella, sólo uno de ellos, el archivo de la denuncia presentada el 8 de mayo por un grupo de vecinos del barrio madrileño de Chamberí contra el entonces Vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González González, resulta protagonizado por el querellado", señalaba la Fiscalía, que atribuía las otras dos decisiones, la de 2009 y 2010, al "Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga".

Pero lo cierto es que el carpetazo a la denuncia de 2009, la primera en la que se aportaba información sólida y se reclamaba que se solicitara la relación del modelo 347 que habría puesto al descubierto la trama corrupta, fue una decisión tomada también por Moix, que actualmente ejerce como fiscal de Sala del Tribunal Supremo. "Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Fiscal Instructor, se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación", recoge el decreto de archivo de 2009, firmado por el propio Moix. Un extremo que se confirma en la propuesta de archivo de 2010, este sí rubricado por Carlos Ruiz de Alegría: "Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009 no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día...", se indica en el punto C) del escrito redactado hace más de siete años por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid.

Para el Ministerio Público, Moix no incurrió con sus actuaciones en ninguno de los tres delitos que se le atribuían en la querella: prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir hechos delictivos. Aunque recalca que "eso no se sabrá hasta el último momento", Gamo teme que el Alto Tribunal termine atendiendo la petición de una Fiscalía que, asevera, "está actuando como abogado". "Ese archivo lo va a firmar Manuel Marchena –presidente de la Sala de lo Penal del Supremo–, que lleva 25 años trabajando con Moix, con José Manuel Maza –fiscal general del Estado– y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá", exclama el miembro del TCJ15M. "Un grupo de juristas apoyados por un partido político han copado la judicatura, tanto en el nivel magistratura como en el de fiscalía. Se ha cerrado la posibilidad de perseguir la corrupción", sentencia.