Bruselas intensifica su ofensiva contra los países que ofrecen ventajas fiscales ilegales a las multinacionales

La comisaria Margrethe Vestager ha dado otra estocada a los países de la UE que otorgan ventajas ilegales a las multinacionales a la hora de pagar impuestos. Ha ordenado a Luxemburgo que recupere los 250 millones de euros que Amazon se ahorró gracias a un tax ruling –pacto fiscal– firmado con el Gobierno del Gran Ducado en 2003 y prorrogado en 2011. Así, casi el 75% de los beneficios obtenidos por la compañía de Jeff Bezos en Europa entre 2006 y 2014 no tributaron, tras haber sido atribuidos indebidamente a una sociedad tapadera. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha denunciado a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber recuperado aún los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos entre 2003 y 2014 en virtud de los privilegios fiscales que le concedió Dublín.

“Queremos transmitir el mensaje de que en la UE las empresas deben pagar su parte justa de impuestos”, ha advertido Vestager. Las normas comunitarias no sancionan a los países o a las multinacionales por estos polémicos pactos fiscales, pero sí exigen la recuperación de las cantidades perdidas por las haciendas nacionales. Es lo que ordena ahora a Luxemburgo con Amazon y lo que reclamó en agosto de 2016 a Irlanda por los impuestos perdonados a Apple. El Gobierno de Dublín tenía un plazo de cuatro meses para recuperar los 13.000 millones de euros, pero no sólo no ha cumplido sino que además parece que no ha puesto mucho interés en hacerlo.

“Entendemos que la recuperación en ciertos casos puede ser más compleja que en otros y siempre estamos dispuestos a ayudar”, explicó la comisaria Vestager, “pero los Estados miembros deben hacer suficientes progresos para restablecer la competencia”. Aunque Irlanda recurrió la decisión de Bruselas ante el TJUE, eso no le exime de recuperar la ayuda ilegal a Apple. Dublín se ha escudado en que no terminará de calcular la cantidad exacta que debe reclamar a la multinacional hasta marzo de 2018. Y la Comisión ha considerado insuficiente ese “progreso”.

Luxemburgo ha anunciado que estudia recurrir también ante el TJUE, aunque no es en absoluto la primera vez que el Gran Ducado es objeto de las denuncias de Bruselas por sus tax rulings. De hecho, las filtraciones de LuxLeaks destaparon en 2014 los beneficios fiscales indebidos que el Gobierno luxemburgués había pactado con 340 multinacionales entre 2002 y 2010. Precisamente mientras era primer ministro y ministro de Finanzas del pequeño país Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. En 2015 Luxemburgo también fue requerido para que recobrase hasta 30 millones de euros en impuestos escamoteados por Fiat. La multinacional italiana ya ha pagado, mientras los tribunales deciden aún sobre el recurso que presentó el Ejecutivo luxemburgués.

También Holanda, Bélgica y Gibraltar

En realidad, Bruselas lleva desde junio de 2013 en plena ofensiva contra estas prácticas fiscales de los gobiernos. En diciembre de 2014 pidió a los Estados miembros información sobre todos los tax rulings que habían firmado. Un año después, pidió a Holanda que recuperara entre 20 y 30 millones en impuestos a Starbucks. En enero de 2016 le tocó a Bélgica, que desde 2005 ofreció a un mínimo de 35 multinacionales beneficios extraordinarios por un importe conjunto de 700 millones de euros. Entre ellas, según publicó en su día The Walll Street Journal, se encuentran la cervecera belga Anheuser-Busch InBev, British Petroleum, la química alemana Basf, la sueca Atlas Copco, la también belga Proximus Group, la textil francesa Celio y la estadounidense de componentes del automóvil Wabco.

En estos momentos aún se encuentran abiertas las investigaciones sobre las ventajas ilegales otorgadas por Luxemburgo a McDonald’s y a la multinacional francesa semipública GDF Suez, ahora rebautizada como Engie. En el primer caso, la cadena de hamburgueserías no ha pagado impuesto de sociedades desde 2009, pese a haber registrado más de 250 millones de euros de beneficios sólo en 2013. En el segundo, cuatro filiales de la compañía francesa firmaron transacciones financieras entre ellas que fueron tratadas al mismo tiempo como deuda y como inversión en acciones, lo que les permitió reducir la factura fiscal al mínimo. Finalmente, bajo escrutinio de Bruselas se hallan también 165 pactos fiscales firmados por el Gobierno de Gibraltar con otras tantas empresas entre los años 2011 y 2013.

Otra multinacional, Google, se encuentra igualmente en el punto de mira por sus técnicas de elusión fiscal. El Gobierno francés ya ha registrado dos veces la sede de la multinacional estadounidense en París, como parte de una investigación sobre un supuesto desvío de beneficios, unos 1.600 millones de euros, hasta el paraíso fiscal de Barbados utilizando las ventajas fiscales de Irlanda. Apenas un mes después, eran los inspectores de la Agencia Tributaria quienes irrumpían en la sede de Google en Madrid para investigar las técnicas de ingeniería fiscal utilizadas por el buscador en España. En Italia, además, el fisco reclama al buscador 227 millones de euros de impuestos eludidos entre 2009 y 2013.

Datos país por país para desnudar a las empresas

Además de las actuaciones contra Estados miembros y sus pactos fiscales con multinacionales, Bruselas ha emprendido acciones legislativas para combatir las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes compañías. En mayo de 2016 el Ecofin aprobó la directiva que obliga a las empresas que facturen más de 750 millones de euros a proporcionar información detallada de sus actividades país por país. Así, desde el pasado 1 de enero están obligadas a comunicar el volumen de sus ingresos, sus beneficios, los impuestos que pagan, el número de empleados y el capital declarado y otros fondos propios en cada uno de los países donde operen. De esta forma se obtendrá una foto de cómo funcionan y tributan las multinacionales. Aunque, de momento, esa información no se hará pública.

Por ejemplo, Starbucks ha sido acusada en Francia de no pagar ni euro en concepto de impuesto de sociedades gracias a que la filial gala se mantiene permanentemente en deuda con la matriz europea, Starbucks Coffee Emea BV. Radicada en Holanda, esta sociedad firmó su correspondiente pacto fiscal con el Gobierno de ese país, el acuerdo investigado por la Comisión Europea que le ha permitido eludir el pago de 30 millones en impuestos. En 2015, Starbucks declaró en Francia unos ingresos de 95 millones de euros, pero unos beneficios de sólo 728.679 euros. En comparación, en España, con una facturación de 59,15 millones, registró resultados positivos de 2,78 millones. Es decir, Starbucks ganó en Francia cuatro veces menos que en España aunque su volumen de negocio es casi el doble. De esas cifras la organización ATTAC deduce que la compañía estadounidense rebaja artificialmente sus beneficios imponiendo a su filial francesa el pago de derechos sobre la marca y el logotipo, además de la compra de todos los productos de su carta, hasta el punto de registrar pérdidas. Hasta 2015 Starbucks acumulaba pérdidas de 45 millones de euros en el país vecino.

Algo parecido ocurre con Airbnb. La plataforma online de alquileres facturó en España el año pasado 2,92 millones de euros, pero pagó en impuestos sólo 55.211 euros tras declarar unos beneficios de 136.752 euros. La filial española de la multinacional estadounidense se llama Airbnb Marketing Services SL, posee un capital de sólo 3.006 euros y su objeto social es el marketing y el análisis de mercados. Como se ocupa de aclarar en sus cuentas anuales, “no está relacionada con la gestión de plataformas ni con la prestación de servicios online”online. De ello se encarga la matriz europea, Airbnb Holding LLC, con sede en Irlanda. Las comisiones por los alquileres en los que intermedia los cobra esta sociedad irlandesa. Y es en la isla donde paga los impuestos por la actividad que desarrolla en España.

Otra medida adicional contra las tácticas de elusión fiscal de las grandes compañías es la directiva que traslada al ámbito europeo las 15 recomendaciones que la OCDE aprobó en 2013 contra este tipo de prácticas. El objetivo en este caso es acabar con las “asimetrías híbridas”, las disparidades fiscales entre dos o más países que las multinacionales aprovechan para no pagar impuestos. Los analistas más críticos consideran que se trata sólo de una protección mínima, un buen comienzo pero insuficiente: las multinacionales dejan de pagar en Europa entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año gracias a los agujeros de las leyes fiscales nacionales, según los cálculos del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Mostovici. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasladar las medidas a sus respectivas legislaciones nacionales.

Luxemburgo cambia sus pactos fiscales

¿Qué resultados prácticos ha tenido hasta ahora esta batería de actuaciones contra la picaresca fiscal de las multinacionales y algunos Estados miembros? En diciembre de 2016 Luxemburgo anunció que las transacciones financieras entre filiales de un mismo grupo –como las denunciadas por Bruselas en el caso de Amazon– deben realizarse en condiciones de mercado, sin las ventajas que les permitían los tax rulings.

La UE pone el foco en los asesores fiscales para intentar frenar la evasión de impuestos

Ver más

Al tiempo, McDonald’s trasladaba su domicilio fiscal de Luxemburgo a Reino Unido, donde espera encontrar nuevas ventajas fiscales: tras el Brexit, el Gobierno de Theresa May quiere atraer a las empresas ofreciendo un impuesto de sociedades sustancialmente inferior al del resto de los países de la UE.

El caso es que su antecesor en el cargo, David Cameron, llegó a un acuerdo en enero de 2016 con Google por el que el buscador accedía a pagar 172 millones de euros en concepto de impuestos eludidos entre 2005 y 2015. Una cantidad a todas luces insuficiente para la oposición británica, que destacaba los 31.700 millones de euros que ha ingresado el buscador en una década.

En el comunicado donde anuncia las medidas contra Luxemburgo y Amazon, la Comisión Europea termina resumiendo su política fiscal en un “sencillo” principio: “Todas las empresas, grandes o pequeñas, deben tributar allí donde obtengan sus beneficios”.