La Audiencia Nacional mantiene en prisión a los líderes de ANC y Òmnium

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este viernes los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra la prisión provisional que dictó contra ellos la juez Carmen Lamela el pasado día 16. Ambos permanecerán por lo tanto en la cárcel de Soto del Real (Madrid), han informado fuentes jurídicas.

La decisión no ha sido unánime, ya que uno de los cinco magistrados que integraban la Sala, José Ricardo de Prada, ha votado en contra y emitirá un voto particular. Este viernes se ha adelantado el fallo y los autos serán notificados en los próximos días, han informado fuentes jurídicas.

La decisión se ha comunicado horas después de que se celebrara, a puerta cerrada, la vistilla en la que los abogados de los líderes de las asociaciones catalanas han argumentado, para solicitar la excarcelación, que la situación en Cataluña "ha cambiado" y "sobrepasa" la existente cuando se dictó la prisión tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que conllevó la disolución del Parlamento de Cataluña y que el Govern fuera cesado.

Además, los defensores de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han argumentado que esta circunstancia prueba que no tienen posibilidad de reiteración delictiva, tal y como destacó la Fiscalía, porque estos acontecimiento sucedieron casi dos semanas después de entrar en la cárcel.

Los autos que dará a conocer la Sala los próximos días, y cuyos ponentes serán los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, recogerán previsiblemente los argumentos de la Fiscalía, cuyo representante este viernes en la vistilla, Pedro Rubira, se ha opuesto a la excarcelación de los investigados.

Estudiará los recursos de los exconselleres

Se da la circunstancia de que esta Sala presidida por María José Rodríguez Duplá y compuesta por Hurtado, De Diego, José Ricardo de Prada y Juan Pablo González, será la misma que estudie los recursos que presenten los 10 exconsejeros de la Generalitat de Cataluña presidida por Carles Puigdemont que este jueves fueron encarcelados por la magistrada Carmen Lamela, investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por los hechos relacionados con el 'procès' que concluyeron con la declaración de independencia.

Los magistrados comparten los argumentos de la Fiscalía para mantenerles en prisión. En las vistillas han sostenido que los investigados continúan desde prisión "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".

Según el Ministerio Público, tanto Sànchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

La Fiscalía mantiene que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat "no era para realizar una concentración o manifestación pacífica, sino impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática que propugna como valor supremo el Estado de Derecho".

Competencia para investigar los hechos

Por otro lado, la Sala confirma la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos enmarcado en el delito de sedición, ya que se desestima la alegación presentada por los abogados defensores de que la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Según han contado las fuentes jurídicas presentes en la Sala, los letrados han presentado "documentos" del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga los hechos relacionados con los preparativos del referéndum del 1 de octubre, como el auto en el que ordenó las entradas y registros de varios departamentos y organismos del Govern, el pasado 20 y 21 de septiembre, en el que se muestra competente para instruir estos hechos y delitos.

Precisamente, por los acontecimientos y movilizaciones sociales que tuvieron lugar estos días frente a las sedes dependientes del gobierno autonómico, se encuentran investigados por sedición los los presidentes de ANC y Òmnium Cultural.

Con respecto a Cuixart, su abogada, Marina Roig, ha aportado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal pruebas gráficas y grabaciones que, en su consideración, demuestran que su defendido no impidió la salida de la comitiva judicial tras los registros, han apuntado las fuentes jurídicas.

En cuanto al riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, los abogados han destacado en que la magistrada instructora no precisa, ni argumenta debidamente esta posibilidad. Es más, han insistido en que no existe probabilidad de que puedan huir porque han sido citados en dos ocasiones y siempre han acudido.

La ANC presentará un recurso de amparo ante el TC

La ANC presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la libertad de su presidente, Jordi Sànchez, una vez la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación.

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Según han informado este viernes fuentes de la ANC, recogidas por Europa Press, se presentará este recurso ante el TC para "denunciar la vulneración de derechos fundamentales".

 

En un apunte en el perfil de Twitter de la ANC, Sànchez ha asegurado una vez se mantiene la prisión incondicional: "Sigo fuerte. Junto a mi Govern. Sigamos, pacíficos y movilizados".