CCOO dice que el coste de su ley de renta mínima podría reducirse a 8.409 millones

Comisiones Obreras ha defendido que el coste de su ley prestación de renta mínima que establece la proposición de ley impulsada junto a UGT, y que tramita en estos momentos el Congreso, tendría un coste de 9.931 millones de euros, aunque descontando la mejora de los ingresos del Estado por su impacto en el consumo este coste se reduciría hasta los 8.409 millones de euros.

"Menos de un punto porcentual del PIB", ha dicho minutos antes de comparecer ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, que, en todo caso, ha alegado que poner en marcha esta iniciativa tendría un importe de 3.215 millones de euros.

"Se trata de cifras manejables que nos permiten completar el mapa de cobertura social", ha manifestado Bravo durante su comparecencia, argumentando que el bajo nivel de renta de los hogares beneficiarios provocaría que la práctica totalidad de los ingresos que contempla la iniciativa legislativa redundarían en el consumo.

Realizando una comparativa de lo que habría supuesto esta prestación en relación con el PIB en los últimos diez años, descontando los ingresos que revertirían en el consumo oscilaría entre el 0,53% en 2007, momento de menor nivel de desempleo, y el 0,99% en 2013, momento de mayor tasa de desprotección.

Ampliar la cobertura y mejorar la protección

Bravo ha incidido en que, a pesar de la mejora en algunos indicadores económicos, el consumo aún se encuentra un 0,3% por debajo de los niveles de 2007, y los niveles de inversión un 25%. Caída esta última, ha apostillado, no sólo por el desplome del sector inmobiliario, sino también por la menor aportación desde las administraciones públicas.

Asimismo, ha señalado que "la calidad de la prestación por desempleo ha caído enormemente", tanto por el agotamiento de las existentes en aquellas situaciones de paro prolongado, como por los recortes aprobados, por lo que ha justificado "ampliar la cobertura de protección social" y "liberar a las comunidades autónomas del gasto que asumen hoy".

Así, ha instado a "cubrir vacíos de cobertura" con esta iniciativa, para posteriormente definir la "intensidad" de la misma y la forma de actuación, en función de la situación presupuestaria. En todo caso, ha animado a mejorar las políticas de protección, cuestionando sus niveles de eficacia.

"Somos un país tremendamente ineficiente en términos de combate de desigualdad", ha aseverado, presentando una comparativa por la cual, entre todos los países europeos, España se sitúa quinta por la cola en reducción de su desigualdad —sólo superada por Bulgaria, Letonia, Lituania y Estonia—, una vez aplicadas políticas sociales.

Según sus datos expuestos, los niveles de desigualdad caen con las transferencias públicas un 32%, mientras que la media comunitaria se encuentra en el 40,5%, por lo que cree que España cuenta con "un amplio margen de mejora".

Impacto de género y en la calidad del empleo

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Asimismo, ha defendido el "impacto enorme de género" que podría tener la iniciativa —"Dos de cada tres potenciales beneficiarias son mujeres", ha asegurado"—, para la reducción de la pobreza infantil, y también en la calidad del empleo, rechazando que la puesta en marcha de la ayuda pudiera desincentivar la aceptación de un contrato.

Por otro lado, ha rechazado que se trate de una renta básica, sino una ley de renta mínima. "Esto no es una renta básica, es una renta mínima, sujeta a condicionalidad, con mecanismos de control y condiciones de disponibilidad y aceptabilidad para el empleo. De modo alguno es una renta básica", ha explicado.