La Marea Granate reclama en el Congreso una reforma "integral" del procedimiento de voto exterior

A poco más de una semana de las elecciones catalanas, la Marea Granate, el colectivo de emigrantes españoles, vuelve a insistir en la "urgente" necesidad de reformar el proceso de voto exterior. Lo llevan haciendo en cada proceso electoral desde el año 2014, y este miércoles las portavoces del Grupo de Voto del movimiento, María Almena y Berta Burguete, defenderán sus propuestas en el Congreso de los Diputados. 

En las últimas elecciones generales, las celebradas el 26 de junio de 2016, votaron 121.000 de los 1.924.021 inscritos en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA). Es decir, tan sólo votó un 6,4%. Este dato, aunque alarmante, es el más positivo de las últimas tres convocatorias: en las de 2008, en cambio, la participación de los ciudadanos migrantes alcanzaba el 31%. 

 

Esto viene provocado por los "problemas estructurales en el actual sistema de voto exterior", tal y como denuncia la Marea Granate en su último informe, que dirigirán a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Según explica el colectivo, la solución pasa por una "reforma integral que modifique los diferentes elementos del procedimiento, teniendo en cuenta la compleja interrelación entre ellos". 

Según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los electores ausentes que quieran participar en los próximos comicios catalanes tenían que haber rogado el voto entre el pasado 29 de octubre –un día después de la convocatoria de elecciones– y 22 de noviembre. Para votar, los españoles residentes en el extranjero podrán hacerlo en urna en los consulados entre el 17 y el 19 de diciembre, o por correo, enviando el voto antes del próximo sábado 16. Los no residentes, en cambio, tendrán un día más, aunque esta será la única modalidad de voto que podrán emplear. 

Ruego del voto: principal problema

Según lleva años denunciando el colectivo, el propio proceso de tener que rogar el voto ya supone una traba que provoca, en muchas ocasiones, que miles de emigrantes se vean "privados" de su derecho al voto. La reforma de la LOREG de 2011 –aprobada por PP, PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV– estableció este procedimiento, por el cual un elector que no vive en España debe solicitar su derecho a participar en cada elección que se celebre en nuestro país. A juicio de la Marea Granate, esta es una forma de "sufragio censitario que lastra la participación ciudadana". 

"Hay que derogar el voto rogado. No es legítimo", explica a infoLibre Pablo García, miembro de la Marea Granate y residente en París. Según informa, hay muchas personas que tienen que realizar largos desplazamientos, "incluso de varias horas en avión", para conseguir inscribirse en el Consulado correspondiente y poder, así, votar. "Además, muchos centros están desbordados. Se llegan a formar colas de hasta cinco horas", denuncia. 

Una de las soluciones que se propusieron fue la instauración del ruego extendido, es decir, "otorgar validez por un número determinado de años a la declaración del elector de su intención de votar". Sin embargo, el movimiento de migrantes también ha mostrado su rechazo a esta medida pues, en su opinión, no acaba con los problemas que dice eliminar: dificultades a la hora de identificar al votante y desactualización del censo electoral. 

Además, las intenciones de establecer un sistema de votación electrónico tampoco convencen. "No es una solución y, además, es contraproducente", afirma García quien, como informático, resalta la peligrosidad de la medida por la "falta de una auditoría" y por la "privatización de un proceso democrático". "Es una medida completamente irresponsable", critica. 

El problema de los plazos

Según datos recogidos en el informe elaborado por la Marea Granate, "entre un 35% y un 50% de las personas residentes en el exterior que no pudieron votar en los sucesivos comicios de 2014 a 2016 no lo hicieron debido a que la documentación no había llegado a tiempo". La documentación electoral, según llevan años denunciando los migrantes, llega, en numerosas ocasiones, demasiado tarde como para poder votar. Otras veces, en cambio, nunca la reciben. 

 

Por este motivo, desde el colectivo se propone una "reforma general en los plazos de todo el proceso electoral que permita una ampliación efectiva de los tiempos de los envíos". La Junta Electoral Central, en este sentido, ya advirtió en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 de la existencia de "dificultades" para el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero, en parte por los problemas relacionados con los tiempos. 

"El problema no es de Correos, como se ha dicho varias veces. Esto es un problema político", afirma García, quien denuncia que, efectivamente, en muchas ocasiones los emigrantes no reciben las papeletas a tiempo como para volver a enviar el voto a España antes del plazo. 

21D: ¿Con todas las garantías?

Con este escenario, que se ha repetido en todas las elecciones desde la reforma de la LOREG, no se puede augurar una gran participación exterior en las próximas elecciones catalanas. La "situación de excepcionalidad" en la que, a juicio de la Marea Granate, se van a celebrar, marcan las condiciones en las que los emigrantes españoles votarán desde sus lugares de residencia. Según denuncia el colectivo, existen "serias dudas de que se puedan celebrar con un mínimo de garantías democráticas".

Por un lado, la propia fecha de los comicios, un jueves, día laborable, dificultará "enormemente la participación". Además, lo "precipitado de la convocatoria" ha provocado que las Embajadas y Consulados, que no contaban con estas elecciones, hayan empezado "a difundir información errónea y confusa en redes sociales", lo que provocará que muchos emigrantes se vean "privados" de su derecho al voto.

Por otro lado, también "nos encontramos con los problemas que nos encontramos siempre", tal y como destaca García. Miles de catalanes y catalanas tendrán que desplazarse kilómetros para poder inscribirse y rogar el voto y, una vez lo consigan, las papeletas de muchos de ellos se perderán en el camino a España.

Posibles soluciones

La Marea Granate, ante estos fallos, establece una serie de posibles alternativas al funcionamiento actual del voto exterior. "Las medidas que proponemos son sensatas y además no suponen un coste muy alto", explica García. 

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Además de la derogación de la fórmula del ruego del voto y de la ampliación de todos los plazos de envío –tanto de la documentación desde España como de los votos a las Juntas Electorales provinciales–, el colectivo de emigrantes españoles solicita también la modificación de las modalidades de los envíos. En este sentido, además de la ampliación de los tiempos, desde la Marea Granate se propone la posibilidad de descargar el material electoral desde una sede electrónica para, de esta manera, acelerar todo el proceso. 

Por otro lado, siguiente el ejemplo de Francia, Bélgica o Reino Unido, se demanda también la posibilidad de delegar el voto, es decir, que "la persona electora señale a una persona apoderada con capacidad para depositar el voto en su nombre". 

Son demandas que vienen realizando desde hace años. Ahora, sin embargo, hay algo distinto: "parece que hay voluntad política", celebra García. No obstante, a pesar del hecho "positivo" de acudir al Congreso, el colectivo se mantiene escéptico: "Que nos llamen es un paso, otra cosa es que esto se traduzca en una reforma de la ley".