El 'caso Urvoas', un ejemplo de la sumisión de la Justicia francesa

Podría ser la versión judicial de la paradoja del huevo y la gallina (¿Qué fue primero la gallina o el huevo?). En el affaire Urvoas, encontramos el huevo: la culpa personal de un hombre, Jean-Jacques Urvoas, ministro de Justicia entre enero de 2016 y mayo de 2017 bajo la presidencia de François Hollande, que, mientras ejercía su cargo, no encontró mejor ocupación que transmitir al diputado macronista Thierry Solère (exmiembro del partido conservador Los Republicanos) un documento confidencial del mismo Ministerio sobre una investigación judicial en curso sobre su persona. El tiempo dirá si el gesto del entonces ministro es considerado como un delito penal.

Durante las últimas semanas en su cargo, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales francesas –celebradas el 23 de abril y el 7 de mayo–Urvoas compartió con Thierry Solère, entonces miembro conservador del Parlamento, los detalles de un documento confidencial del Ministerio de Justicia sobre la investigación policial centrada en presuntos fraudes fiscales, blanqueo de dinero y tráfico de influencias por parte de Solère. La investigación, inicialmente preliminar, fue abierta y dirigida por la Fiscalía francesa.

Las investigaciones que apuntan a Solère, reelegido como diputado en junio y miembro de la formación política de Emmanuel Macron –En Marche!– arrancan el pasado mes de noviembre, tras ser excluido del partido conservador Los Republicanos por su apoyo al Gobierno centrista de Macron, tal y como reveló Mediapart en septiembre de 2016. Se basan en la ocultación de una parte de sus ingresos y de sus impuestos sobre el patrimonio. Además se investiga un posible conflicto de intereses en torno a las generosas remuneraciones que recibió como "asesor" por parte de empresa de tratamiento de residuos mientras era diputado.

Así, siguiendo la paradoja, si Urvoas es el huevo, la gallina es la brecha institucional, abierta y bien definida, que permite, desde siempre, a un ministro de Justicia –y al ministro del Interior– tener acceso y estar al corriente del contenido de las investigaciones en curso, especialmente de las más sensibles, incluso cuando estas se ciernen sobre amigos o adversarios políticos, es decir, sobre amigos o enemigos.

Las más altas instancias del país, ya se trate de gobiernos (de derechas o de izquierdas) o del Consejo Constitucional, se resisten con una perseverancia desesperante a poner fin a esta brecha, por mucho que esta se sitúe en el centro de la desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia y, por ende, hacia la democracia tal y como se practica. "Nuestros regímenes se proclaman democráticos, pero no somos gobernados democráticamente", escribía en 2015 el historiador Pierre Rosanvallon en las primeras líneas de su obra Le Bon Gouvernement (El buen Gobierno). Resulta difícil explicarlo mejor.

Una patología francesa

Hay que considerar el significado del dossier Urvoas. Este affaire, lejos de ser una simple anécdota, es la prueba de una pesada patología francesa que se cierne sobre los asuntos judiciales. Esta enfermedad se llama sumisión.

Si Urvoas actúo de este manera es porque podía hacerlo. No tenía derecho a violar el secreto en beneficio de una de las partes interesadas, pero tenía el derecho a saber. La cultura francesa de la verticalidad impone, en efecto, que los fiscales de la República estén sujetos estatutariamente, jerárquicamente y funcionalmente al poder ejecutivo, es decir, al ministro de Justicia.

Por su posición central en la cadena judicial, los fiscales –como es normal– conocen muy de cerca los casos en curso, especialmente cuando los procedimientos se encuentran bajo el estatus de investigación preliminar, como es el caso del affaire Solère. Por iniciativa propia o a petición de su jerarquía, los fiscales pueden comunicar ciertas informaciones: estas pasan primero a manos del fiscal general de la jurisdicción correspondiente, continúan su camino a través de la Dirección de Asuntos Penales e Indultos (DACG) del Ministerio y aterrizan, si es necesario, en el escritorio del ministro o de su gabinete. ¿En el nombre de qué? De la sumisión.

Es lo que sucedió exactamente con el affaire Urvoas, como fue revelado por el semanario francés Le Canard enchaîné, el pasado miércoles 13 de diciembre. El problema es que nos quejamos y exaltamos cuando un ministro ha sido descubierto con las manos en la masa, pero no se hace nada para cambiar el funcionamiento institucional que permite tales derivas: aquí se encuentra la falta más grave. Sin olvidar que esto sucede en otros dominios bien diferentes, por ejemplo: el Estado prohíbe circular a más de 130km/h por la autovía –entendemos bien la razón–, pero autoriza la venta de motores que pueden superar los 200 km/h.

Sin embargo, entre los valores cardinales sobre los que se construye la República francesa, aparece la separación de poderes. En 1748, Montesquieu escribió en El espíritu de las leyes: "Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder". Un enunciado claro y poderoso pero, tres siglos después, sigue sin ponerse en práctica.

"Realmente es necesario hacer algo sobre la interferencia de la política en los casos judiciales. Cada vez que voy al extranjero y explico el estatus de la Fiscalía francesa, me da vergüenza", confesó, hace tan solo unos días, un fiscal tras la revelación del caso Urvoas. Añadió: "Nosotros somos los primeros culpables. Cuando veo cómo se comportan muchos fiscales... hemos sido educados en una cultura de sumisión".

En Twitter, varios magistrados, actualmente en el cargo, que hablan anónimamente debido al deber de reserva que se les impone, también han mostrado su indignación con el affaire Urvoas. Este es el caso, por ejemplo, de la cuenta @ProcEpique, que se presenta como fiscal regional: "¡Rhaaaaaa! Las famosas 'comunicaciones' con el ministro de Justicia... Esta 'tradición' que nuestra vieja clase política protege es un crimen en otros países... Resume su concepción de la justicia: amordazada".

 

En 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, organismo de justicia supranacional al que los 47 estados miembros del Consejo de Europa están sujetos, emitió un famoso fallo -el fallo Medvedev–, en el que se aseguraba que un fiscal francés no podía ser considerado como una "autoridad judicial [...] porque carece, en particular, de independencia respecto al poder ejecutivo para poder ser calificado como tal". Una bofetada. Un desaire. Algo vergonzoso.

Los dos principales sindicatos de magistrados franceses, la Unión Sindical de Magistrados y el Sindicato de la Magistratura, han intentado cambiar esta realidad acudiendo al Consejo Constitucional denunciando que, según ellos, la situación contraviene manifiestamente a la independencia judicial promulgada por la misma Constitución. Sus esfuerzos fueron en vano.

En una sentencia dictada el pasado 8 de diciembre, el Consejo Constitucional rechazó la denuncia con una fórmula que se asemeja mucho a un desafío cognitivo: "De todas estas disposiciones se desprende que la Constitución establece la independencia de los jueces de la fiscalía" pero "esta independencia debe conciliarse con las prerrogativas del Gobierno". En resumen, los fiscales son independientes, pero no deben serlo. Comprenderá quién pueda.

Entre los sabios de la calle Montpensier –donde se encuentra la sede del Consejo Constitucional–, que han examinado esta cuestión, encontramos al presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius, pero también a Lionel Jospin o a Michel Charasse. Dos ex primeros ministros y un exministro.

El caso Urvoas aparece hoy como un boomerang para el Consejo Constitucional, que lo ridiculiza. También abre un abismo: ¿cuántos otros Urvoas en el ministerio de Justicia, al amparo del sentimiento de impunidad, actuaron de la misma manera? _____________

Versión y edición española : Irene Casado Sánchez