Bruselas, ¿imposición o pretexto?

El discurso político y mediático del gobierno del Partido Popular (PP) está instalado en el pretexto. Apela continuamente a la necesidad de seguir la hoja de ruta marcada por Bruselas –sin cuestionarla, por supuesto–, deslizando el mensaje de que las políticas aplicadas dentro responden fielmente a las exigencias comunitarias en materia de ajuste presupuestario. Con esa falacia, pretenden salir libres de polvo y paja de una gestión de la crisis –de la cual el PP es en buena parte responsable– tan ineficiente como costosa en términos sociales y productivos.

Este mismo pretexto también ha sido sacado a pasear por el gobierno de Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cargar contra los “ayuntamientos del cambio”, exigiéndoles que introduzcan más y más recortes en las políticas sociales y en las inversiones. Presión que, además de inaceptable, resulta incomprensible, pues estos ayuntamientos han conseguido, con una gestión eficiente y transparente, sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la ciudadanía. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid desvela los verdaderos intereses del PP: debilitar y fracturar Ahora Madrid, poner contra las cuerdas a los concejales más comprometidos con las políticas antiausteridad, meter al Ayuntamiento en la lógica de los recortes y trasladar a la opinión pública la percepción de que sólo hay una política económica posible. Lo cierto, sin embargo, es que existía y existe en el estado español un margen de maniobra que, sobre todo por falta absoluta de voluntad política, no ha sido utilizado.

El contraejemplo está en Portugal, donde sí encontramos el compromiso político que ha estado clamorosamente ausente en nuestro país. En este país, desde que gobierna la coalición de izquierdas, se ha reducido de manera sustancial el desempleo y han mejorado los salarios; en paralelo, se ha reducido la deuda y el déficit públicos.

Se trata, pues, de dos ejemplos cercanos que, apuntando en direcciones opuestas, invitan a introducir más complejidad al debate sobre las evidentes y crecientes restricciones que supone nuestra pertenencia a la zona euro (a las que me refiero a continuación). Entre los factores que dan cuenta de las diversas trayectorias seguidas por las economías europeas –y sin pretender restar un ápice de complejidad a este debate– es necesario reivindicar la acción social y política, dentro y fuera de las instituciones. Esta es la clave para aprovechar, o no, el margen de maniobra a disposición de los actores que operan en los espacios locales, autonómicos y estatales. Sólo una interpretación errónea e interesada permite concluir que los estados carecen de cierta autonomía dentro de la zona euro, y en consecuencia de discrecionalidad, para diseñar y ejecutar una agenda propia que cuestione de hecho las políticas impulsadas desde la Troika. Avanzar en esa dirección, para lo cual es necesario que, como he señalado antes, exista disposición política, significa pelear desde abajo por Otra Europa.

Me parece evidente, en todo caso, que la camisa de fuerza comunitaria opera cada vez con más fuerza y que ello condiciona y lastra el rumbo a seguir por las economías. Hay que ser plenamente conscientes –por las consecuencias de gran calado que ello tiene– de la deriva oligárquica de la construcción europea en general, y de la unión monetaria en particular.

Lo acontecido en Grecia es un ejemplo inapelable. El gobierno de este país, liderado por Syriza, un partido de izquierdas que, además de contar con una amplia y sólida mayoría parlamentaria, se reivindicaba en las plazas y en las calles, quiso abrir una agenda de diálogo con las instituciones comunitarias con el objeto, absolutamente prioritario, de reestructurar la deuda, verdadero tapón de botella que impedía (y todavía impide) disponer de recursos para hacer políticas productivas y sociales. Esa pretensión contó con el rechazo frontal de las autoridades comunitarias y del Banco Central Europeo, encabezados por la irreductible posición de Alemania. La propuesta de Syriza en absoluto pretendía romper con las instituciones comunitarias y mucho menos abandonar la moneda única, pero fue abruptamente bloqueada, desencadenando una increíble operación política de acoso y derribo, que terminó por doblegar y someter a los dirigentes griegos y, lo más importante, condenó a la pobreza a la mayor parte de la población.

Un ejemplo, entre otros, de unas políticas económicas y unas reformas estructurales que cargan el coste de la crisis sobre la ciudadanía y los estados de bienestar, al mismo tiempo que rescatan a los bancos, preservan los privilegios de las élites y protegen a las grandes corporaciones. En la quintaesencia de las políticas comunitarias, exigidas sobre todo a las economías más débiles, está la continua y creciente injerencia presupuestaria, la estricta condicionalidad macroeconómica, la desregulación de las relaciones laborales y la exigencia de proceder a privatizaciones masivas.

También simbolizan esa deriva oligárquica las reformas que la Comisión Europea ha introducido y pretende introducir en la arquitectura institucional del euro. Las diversas propuestas puestas sobre la mesa al respecto y las diferencias existentes entre ellas –entre la francesa y la alemana, por ejemplo– no deben ocultar la evidencia de que apuntan a un federalismo tecnocrático y autoritario, y son un punto y seguido, o incluso un recrudecimiento, en las políticas llevadas a cabo hasta ahora.

Esta perspectiva arroja luz sobre la permanencia y resistencia de políticas que han fracasado o que, en el mejor de los casos, han obtenido resultados mediocres. Estas políticas que no han sacado a las economías de la crisis –a pesar de los registros positivos de los últimos años en materia de crecimiento–, pero sí han hecho posible una profunda recomposición de los mecanismos de acumulación, consolidando un capitalismo socialmente extractivo y depredador de los recursos naturales.

Un asunto sobre el que casi siempre se pasa de puntillas y que, sin embargo, tiene una gran trascendencia para el asunto que nos ocupa y revela la degradación del “proyecto europeo”: la intención de trasladar a los tratados europeos y a las constituciones de los países el conjunto de disposiciones en materia de ajuste fiscal que han estado en el corazón de las políticas de la Troika, el denominado Fiscal Compact. Dotar de rango legal, tanto a escala estatal como comunitaria, una determinada opción de política económica –la que han abrazado tanto los gobiernos conservadores como los socialistas– es, literalmente hablando, un atentado a la democracia, la cual, para serlo, por definición tiene que alimentarse de la pluralidad; un verdadero golpe de mano que culmina y sitúa en un proceso difícilmente reversible el asalto a las instituciones por parte de las élites.

Es necesario acumular fuerzas para librar una batalla política por otra Europa (las elecciones al parlamento europeo que tendrán lugar en junio de 2019 darán la medida de la capacidad de las fuerzas del cambio para afrontar ese enorme desafío). Porque en ese espacio europeo –y también en el contexto más amplio de la globalización– se dirimen asuntos de crucial importancia que afectan y mucho a la ciudadanía, como los paraísos fiscales, la desregulación financiera o la degradación medioambiental; porque a escala europea y global se están reconfigurando las relaciones de poder, en un sentido claramente favorable al gran capital corporativo y a los ricos; y porque las instituciones y las políticas comunitarias han sido colonizadas por las élites, que las han puesto a su servicio.

Opino que esta pugna hay que librarla dentro del euro. Pero no nos engañemos, y sobre todo no traslademos a la gente, a nuestra gente, el mensaje equivocado. El panorama someramente descrito nos habla de una Europa inmovilista, crecientemente blindada en la defensa de los intereses y privilegios de las élites, con una agenda de reformas y con unas políticas que los preservan y refuerzan. Nada que ver con la Europa democrática, abierta, acogedora, solidaria, sostenible y equitativa que necesitamos. Por esa razón, todos los escenarios, incluido el de la salida/disolución del euro, están abiertos; las fuerzas del cambio deben hacer pedagogía y trabajar sobre todos ellos. ___________________

Fernando Luengo es miembro de la Secretaría de Europa de Podemos