Rajoy se olvida de la corrupción en el balance del año en que tuvo que declarar en 'Gürtel' y estalló 'Lezo'

"Evidentemente, la normalidad y el diálogo institucional en todos los ámbitos que forman parte de la vida democrática habitual han quedado ensombrecidos este año por la grave crisis política vivida en Cataluña, cuyo detonante definitivo fueron las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo balance de 2017 este viernes en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año ubicando a la situación en Cataluña como el principal punto negro. En todo caso, con la vista puesta en lo económico, el jefe del Ejecutivo concluye que "son más los elementos para un balance más positivo que negativo". "Ha sido, a pesar de todo, un año ganado para la recuperación de España desde el punto de vista económico, social e institucional", resumió.

En medio de un amplio listado de datos económicos y apelaciones a la vuelta a la normalidad en Cataluña tras las elecciones del 21D, Rajoy obvió una cuestión que también ha ensombrecido su gestión en el año que culmina: los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular.

El presidente del Gobierno se convirtió este año en el primer presidente del Gobierno español en ejercicio que declaraba como testigo en un juicio. Lo hizo en la Audiencia Nacional, el mes de julio, en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel. Allí aseguró que "jamás" conoció la caja B del partido y que nunca cobró sobresueldos. “Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me preocupaban eran los informes del Tribunal de Cuentas. Mis responsabilidades eran políticas, no económicas”, apuntó Rajoy.

También en este año, los conservadores han sumado a la lista de escándalos relacionados con la corrupción uno nuevo de importancia: la operación Lezo.

'Lezo', 'Gürtel'...

Fue el 19 de abril cuando la Guardia Civil detuvo, en el marco de la citada operación, a doce personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.

Días después de estallar este escándalo, Esperanza Aguirre presentó su dimisión como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid provocando un terremoto en las filas conservadoras. Dijo sentirse "traicionada y engañada por González" y admitió que que no vigiló "lo que debía".

Su delfín, el hombre al que ella escogió para sustituirla en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, abandonaría la cárcel el 8 de noviembre tras pagar una fianza de 400.000 euros, pero está imputado por graves delitos de corrupción.

La compra de Inassa

El próximo año Lezo seguirá siendo noticia. Esta misma semana, el juez ha citado a declarar como investigados a una veintena de personas para que respondan sobre las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Dos exconsejeros de el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, figuran en ese listado. Es el caso de Juan Bravo, que en la actualidad preside Adif, y Arturo Canalda. Este último presentó el jueves su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas madrileña.

Del mismo modo, el caso Gürtel seguirá su instrucción el año próximo.

En total, hay seis casos abiertos en los juzgados por la presunta financiación ilegal del PP: Púnica, Lezo, Taula, los papeles de Bárcenas, la financiación del PP valenciano y el caso Palma Arena.

Fue en el turno de preguntas cuando el presidente tuvo que abordar los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Se le cuestionó sobre los planes legislativos del Gobierno en materia de regeneración democrática.

"Nosotros estamos dispuestos a aprobar todas aquellas leyes que sean útiles a estos efectos. El problema es que nosotros ya hemos aprobado muchas leyes [...] A partir de ahí, yo siempre lo he dicho: en cualquier propuesta importante que tengan otras fuerzas políticas, yo estoy absolutamente dispuesto", dijo. "Porque es un tema que me ha preocupado. Lo hemos sufrido y desde luego espero que no vuelva a ser noticia nunca más en el futuro de nuestro país".

Constitución del Parlament

Junto al balance, Rajoy se reservaba una noticia para la rueda de prensa, la fecha de la sesión constitutiva del Parlament. Una vez celebradas las elecciones, el tiempo para la aplicación del 155 tiene fecha de caducidad: el momento en el que haya un nuevo Govern. Rajoy, al haber asumido las funciones de la Presidencia de la Generalitat, tenía en sus manos fijar esta cita. Tenía de plazo máximo hasta el 23 de enero. Será el día 17.

Con esta fecha sobre la mesa, y dado que desde ese momento debe celebrarse el pleno de investidura en diez días, este arrancaría, como tarde, el 31 de enero. Una vez se efectúe la primera votación al candidato propuesto –para la que se requiere mayoría absoluta–, se abre un plazo de dos meses tras el que se convocarían elecciones de no resultar investido ningún candidato en una segunda votación en la que se necesita mayoría simple

Rajoy aprovechó para volver a ofrecer "diálogo" al próximo Govern, "siempre dentro de la legalidad", y para destacar que el principal efecto político del 155 ha sido que "ahora todo el mundo sabe que cuando se produce un ataque a la unidad nacional, España tiene instrumentos para defenderse".

Además, consideró "absurdo" pretender ser presidente de una comunidad autónoma viviendo en el extranjero, tal y como se ha sugerido desde círculos independentistas en referencia a Carles Puigdemont, y también afirmó que él no "pondría como candidato" a presidente de la Generalitat "a alguien que se ha fugado de la Justicia española". No lo consideró un tema "ni siquiera jurídico", sino de "sentido común" y de "valores democráticos".

"La gente vota diferente en cada elección"

Cuando los periodistas le cuestionaron sobre los resultados de su partido el 21D, admitió que no habían sido buenos, pero descartó que la victoria de Ciudadanos sea exportable al resto de España. "La gente vota diferente en cada elección", recordó. No todos en su partido piensan igual. Pero Rajoy quiso dar el tema por zanjado del mismo modo que optó por frenar las voces internas que desde el PP le piden que aborde una renovación del PP de Cataluña. Según el presidente se trata de un tema que ahora no toca.

Como tampoco toca remodelación de Gobierno, ni siquiera en el caso de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, optase finalmente a una plaza en el Banco Central Europeo, como se ha sugerido en las últimas semanas desde círculos del PP. El presidente sostiene que su Gobierno funciona bien y, por tanto, es innecesario introducir cambios. En definitiva: que no considera necesario dar un impulso al Gobierno tras el 21D moviendo piezas.

Además, subrayo que la aplicación dicho artículo no se hizo por "cálculos partidistas".Plano económico

"España es hoy una economía más competitiva, que está creciendo y creando empleo por encima de las mejores previsiones porque produce, exporta y, en consecuencia, consume sin endeudarse con el exterior", defendió. 

En este sentido, sostuvo 2017 se cerrará con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el entorno del 3,1%. Que hay 19 millones de ocupados y se han creado más de 2 millones de empleos en los últimos 4 años.

Además, señaló que la cifra de paro ha caído por debajo de los 4 millones de personas, la tasa de paro ha caído 2,5 puntos en un año y está en el camino de reducirse al 11% a final de 2020, que es el objetivo del Gobierno. Y que "los cuatro motores de la economía –inversión, consumo, exportación y construcción– nos están permitiendo crecer de forma equilibrada y a un ritmo que nos permite mantener un optimismo realista".

"A medida que avanza la creación de empleo, va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social", añadió.

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Prioridades

Como prioridad para el próximo año, Rajoy se ha fijado comenzar la negociación para los Presupuestos Generales del Estado, ya prorrogados. La intención del Gobierno y del PP es que salgan adelante con el mismo equilibrio de fuerzas que en 2017. A saber: PP y sus socios electorales, Cs, PNV, CC, Nueva Canarias.

"La consecuencia [de la no aprobación de las cuentas públicas] sería la prórroga  presupuestaria, que ya se ha acordado. Siempre es mejor aprobar los presupuestos", dijo al tiempo que recordaba que los actuales estuvieron prorrogados prácticamente medio año.