ERC pide en el Congreso eliminar los "clasistas" títulos nobiliarios

Hace ya años que no tienen privilegios económicos o sociales y tampoco cuentan con ninguna dotación dineraria, pero en la España de 2018 siguen existiendo marqueses, condesas, barones y duquesas. En concreto, son más de 2.800 los títulos nobiliarios que se encuentran en vigor en nuestro país, una minoría de ellos con la condición de "Grandes de España": algunos se remontan a varios siglos atrás, mientras los últimos fueron concedidos en 2014 por el rey Juan Carlos I. Pero, para ERC, la existencia de estas dignidades únicamente perpetúa las "distinciones clasistas" en la sociedad, y por ello el Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de los republicanos para instar al Gobierno a acabar con los títulos de la nobleza.

Al tener formato de proposición no de ley (PNL), la iniciativa de ERC no aspira a tener efectos jurídicos incluso si es aprobada y únicamente serviría, en su caso, como orientación política que el Ejecutivo no estaría obligado a cumplir. No obstante, los republicanos quieren debatir en el Congreso sobre la existencia de unos títulos, los nobiliarios, cuyo origen se remonta a los "privilegios establecidos en la Edad Media y que han sido legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la historia", como recuerda la PNL.

Las distinciones nobiliarias, explica el texto, suponían en su origen "la legalización de un sistema feudal, clasista, en que por razones de nacimiento unas clases poderosas y ociosas vivían con lujos a costa de unas clases trabajadoras, explotadas y sumisas que sobrevivían sin más derechos, libertades y recursos que aquellos que la graciosa voluntad de los señores les permitían". Desde el medievo, señala ERC, la situación se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando el advenimiento de la Primera República en 1873 pretendió acabar con la concesión de nuevos títulos nobiliarios, una reforma que fue derogada a su caída, apenas un año después. 

Posteriormente, la Constitución republicana de 1931 dio un paso más y estableció la abolición de las distinciones de la nobleza, unos títulos que recuperó el dictador Francisco Franco en 1948 y que fueron respetados tras la transición a la democracia. "El Estado democrático y de derecho no solo ha reconocido la validez de los títulos nobiliarios y sus mecanismos de sucesión, con el consentimiento del propio Tribunal Constitucional al amparo de la legislación franquista vigente, sino que los ha legitimado nuevamente y ha creado nuevos títulos nobiliarios", denuncia ERC, que exige que se realicen "las modificaciones legales oportunas" para que el Estado deje de reconocer las dignidades nobiliarias vigentes y prohíba la entrega de nuevos títulos.

En la actualidad, ser miembro de la nobleza no comporta privilegios fiscales, económicos o sociales, más allá del derecho a ser tratado como Excelentísimo Señor –en el caso de aquellos títulos que, tengan el rango que tengan, posean la dignidad de Grandes de España, la mayor que puede otorgar el rey– o como Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores que no sean Grandes de España–.  La última prebenda con la que contaban los nobles con Grandeza de España, el derecho a poseer pasaporte diplomático, fue abolida en los años 80. 

Según recoge el artículo 62 de la Constitución, conceder títulos nobiliarios es una prerrogativa que corresponde en exclusiva al rey. Pero los dos monarcas que han reinado desde la transición han hecho uso de manera muy diferente de su poder. Felipe VI no ha otorgado ninguna dignidad nobiliaria en sus tres años y medio de reinado, y de hecho ha retirado un título: el de duquesa de Palma a su hermana la infanta Cristina, a causa de su imputación en el caso Noós. 

Por el contrario, durante su reinado Juan Carlos I concedió un total de 47 títulos. Entre ellos se cuentan varios a jerarcas de la dictadura (el Ducado de Franco a la hija del dictador en 1975 o el Marquesado de Arias Navarro al presidente del Gobierno entre 1973 y 1976, ambos con Grandeza de España), pero también han sido agraciados empresarios (José Manuel Lara, que fue nombrado marqués de Pedroso de Lara, o Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir); banqueros como José Ángel Sánchez Asiaín, marqués de Asiaín; o intelectuales como el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, marqués de Vargas Llosa. Incluso el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque recibió un marquesado con su apellido tras ganar el Mundial de 2010.

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¿Le cuesta algo al erario público mantener estas distinciones? No en concepto de dotaciones económicas a los titulares, pero sí en lo relativo a las gestiones administrativas que requieren las reclamaciones o herencias de los títulos. Quien se ocupa de estos trámites es la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, un departamento del Ministerio de Justicia encargado de la "gestión de las peticiones de sucesión, cesión, distribución y rehabilitación de distinciones nobiliarias". A preguntas de infoLibre, Justicia aseguró que la División "no tiene asignado ningún presupuesto específico para la gestión en materia de títulos nobiliarios ni para ninguna otra de las funciones que tiene encomendadas", si bien no ofreció ningún detalle sobre el personal encargado de estas tareas o de otros recursos asignados a tal fin.

No obstante, los aspirantes a noble también tienen que abonar una tasa para conseguir acceder a la aristocracia si el título que van a adquirir es parte de una herencia o procede de la rehabilitación de una antigua dignidad nobiliaria vacante. Heredar un título cuesta 2.753 euros si cuenta con Grandeza de España y 785 euros si no la tiene, mientras restaurar una distinción nobiliaria familiar que no tenga titular está sujeto al pago de una tasa de 4.736 euros si no tiene asociada la Grandeza de España y de 16.548 euros en el caso contrario. El reconocimiento de un título extranjero en España tiene el mismo precio que la restauración de un título español.

Los duques, marqueses, condes, vizcondes, barones y señores tienen derecho, además, a pertenecer al Consejo de la Grandeza de España, una elitista institución a la que sólo pueden pertenecer "los Grandes y Títulos del Reino" y que preside Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Híjar. La asociación, cuya fundación data de 1815, se ocupa de asesorar al rey y al Ministerio de Justicia en lo referente a la concesión, sucesión y rehabilitación de los títulos nobiliarios, especialmente los que se disputan varias personas, según explican fuentes del Consejo, que también aseguran que el organismo "se autofinancia a través de cuotas y no recibe ninguna subvención pública". El rey rindió homenaje a la institución en 2015, cuando celebró su segundo centenario con una recepción a medio centenar de nobles en el Palacio Real.