Un congreso de militares españoles en clave europea

El próximo sábado, 24 de febrero, se celebrará en Madrid —Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes— un congreso de militares convocado conjuntamente por dos asociaciones profesionales: la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). En el acto de clausura está previsto que tomen la palabra representantes de los grupos parlamentarios que han confirmado su asistencia, así como un delegado del comité de dirección de EUROMIL, la organización europea de asociaciones y sindicatos militares.

El congreso, que se ha preparado con encuentros con militares en distintas ciudades, ha admitido propuestas para cinco áreas temáticas: retribuciones, temporalidad 45 años, carrera militar, derechos y calidad de vida, y justicia militar. El congreso ha estado abierto a todos los militares, independientemente de su condición o no de afiliados a las asociaciones organizadoras, para realizar propuestas razonadas en torno a estos asuntos. Con las propuestas se elaborarán cinco ponencias que se someterán a debate y votación de los congresistas. El resultado del congreso se plasmará en un documento que refleje la voluntad mayoritaria de los participantes.

Esta fórmula de participación democrática y ejercicio del derecho fundamental de reunión (artículo 21 de la Constitución) no constituye un acto inédito, ya que una de las asociaciones convocantes —la AUME, asociación transversal de todas las categorías profesionales y mayoritaria en las Fuerzas Armadas— había organizado, en octubre de 2012, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, un primer Congreso de Militares. Fue la primera experiencia de debate democrático entre militares sobre los asuntos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (2011), son competencia de las asociaciones profesionales: condiciones profesionales, económicas y sociales.

El Congreso coincide con una reciente decisión adoptada por el Comité Europeo de los Derechos Sociales (ECSR), órgano colegiado del Consejo de Europa encargado de velar por la aplicación de la Carta Social Europea (1961). EUROMIL interpuso en 2014 una reclamación colectiva en defensa de una de sus asociaciones afiliadas, la asociación irlandesa PDFORRA, por posible violación de los artículos 5 y 6 de la Carta en relación con la exclusión de la asociación de militares de la negociación colectiva del sector público y la prohibición absoluta de constituir o adherirse a sindicatos.

Hay que señalar, a este respecto, que España, que ratificó la Carta Social Europea en 1980, no ha firmado todavía el protocolo adicional que permite las reclamaciones colectivas, mientras que lo tienen firmado, ratificado y puesto en vigor, desde finales de los años noventa, nuestros países europeos vecinos: Portugal, Francia e Italia.

La decisión del caso EUROMIL contra Irlanda fue remitida al Consejo de Ministros del Consejo de Europa el pasado mes de septiembre y se ha hecho pública este mes de febrero. El Comité considera, en síntesis, que el derecho a la negociación colectiva, amparado en la Carta Social Europa, no está restringido al personal de las Fuerzas Armadas. Los Estados deben promover los mecanismos de la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo, particularmente sobre las retribuciones, permitiendo la participación de los representantes de todas las partes interesadas.

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El Comité considera que la prohibición a las asociaciones profesionales de militares de formar sindicatos y afiliarse a federaciones o confederaciones sindicales no puede ser absoluta. Las confederaciones sindicales nacionales más representativas poseen la mayor capacidad para la negociación colectiva y, en su caso, la adopción de medidas de conflicto colectivo. Estima que la prohibición de la huelga, por su implicación con el interés general y la defensa nacional, puede ser aceptable siempre que se haga bajo condiciones específicas y se arbitren medidas compensatorias para estos trabajadores que tienen vedado este instrumento de defensa de sus intereses socioeconómicos.

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, al que no le está permitido revertir la fundamentación jurídica realizada por el Comité de Derechos Sociales, puede adoptar, por mayoría reforzada de sus miembros, una resolución o recomendación de obligado cumplimiento para el Estado infractor, que deberá informar de las medidas adoptadas para corregir la situación. La decisión es relevante ya que, por primera vez, se declara en el nivel europeo la incompatibilidad de la política de los Estados de marginar al personal militar de la negociación colectiva y afiliación a confederaciones sindicales con capacidad de influencia en la negociación con la Carta Social Europea.

El Congreso de Militares españoles que se celebrará el próximo sábado, pese a tratar asuntos nacionales, contará con un representante de la dirección de EUROMIL que le dará una dimensión europea. La futura defensa europea ha realizado algunos progresos en diversos ámbitos, como el armamento y material —Agencia Europa de Defensa— o la coordinación de políticas y medios —Estado Mayor de la Unión Europea, Eurocuerpo o la última arquitectura de defensa denominada Cooperación Estructurada Permanente (PESCO)—, pero ninguno en materia de personal: sobre las condiciones en que se ejercer la profesión militar en Europa. La indudable importancia de las capacidades operativas de la futura defensa europea o del eventual ejército europeo no debe hacerse olvidando la dimensión social de la defensa. Los militares son, ante todo y principalmente, ciudadanos europeos.