La expresidenta de Aragón también cobra como senadora y como pensionista del Parlamento Europeo

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón por el PP hasta julio de 2015, también cobra como parlamentaria en activo y como pensionista del Parlamento Europeo al igual que el exministro José Manuel García-Margallo. Fuentes del equipo de Rudi confirmaron este martes a infoLibre que la paga del fondo de pensiones para exeurodiputados le reporta 1.100 euros mensuales. Esa cifra se suma a la que percibe de la Cámara Alta desde que en septiembre de 2015 tomó posesión del escaño: 6.100 euros al mes, de los que 1.840 corresponden a dietas exentas de tributación.

Pero, a diferencia de Margallo, que durante al menos dos años y sin ocultarlo al Gobierno simultaneó su sueldo como ministro de Exteriores con la paga para exeurodiputados del llamado fondo de pensiones de Luxemburgo (en su caso, 53.000 euros al año), Rudi no activó el mecanismo de cobro hasta que cesó como presidenta de Aragón en julio de 2015. Es decir, un año y medio después de que en diciembre de 2013 alcanzase la edad exigida (63 años) para acceder a esa paga. ¿Demoró el inicio de los cobros porque entendía que la paga del fondo de pensiones de los diputados europeos resultaba incompatible con su cargo al frente al Gobierno aragonés? Ante esa pregunta, las fuentes pulsadas en su entorno se limitaron a remachar que Rudi "ni se planteó" reclamar la pensión hasta que "cerró su etapa" como presidenta de Aragón.

Una vez designada senadora por las Cortes de Aragón en representación de la Comunidad Autónoma, consultó con el Senado y solicitó a renglón seguido la pensión, prosiguen sus portavoces. Su declaración de bienes en el Senado, presentada en julio de 2016, refleja que en el ejercicio anterior obtuvo 25.819 euros del "Fondo de Pensiones de los Diputados Europeos". ¿Por qué los pagos de un solo semestre, el segundo de 2015, alcanzaron ese importe si la pensión mensual se cifra en 1.100 euros netos? Porque –aducen sus portavoces– Rudi cobró también los atrasos correspondientes a 2014 y al primer semestre de 2015. 

Tanto el Congreso como el Senado sostienen que esa pensión, creada, financiada y garantizada por el Parlamento de Estrasburgo tras un acuerdo de la Mesa adoptado en 1990 y consagrada en 2009 a través del Estatuto de los Eurodiputados, procede de un fondo  "voluntario" de carácter "privado" y no público. Domiciliado en Luxemburgo, gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" cuyos integrantes son o han sido eurodiputados y con una cartera de inversiones gobernada por una sicav igualmente con sede en ese país, el fondo obtuvo  95 millones del presupuesto del Parlamento Europeo entre 2000 y 2009. Eso representa el 68,5 de las aportaciones totales que ingresó durante el periodo.

Hasta 2007, el Parlamento corría a cargo de las cotizaciones al fondo voluntario de Luxemburgo a razón de dos tercios. El tercio restante debía ser desembolsado por los suscriptores de este "fondo voluntario". Pero, en la práctica, y así lo atestiguan las actas oficiales de la Cámara, ese tercio de aportación supuestamente "privada" procedía de las dietas procedía de las dietas que el mismo Parlamento abona a los eurodiputados junto con su sueldo. 

La aportación "privada" salía también del Parlamento

A partir de 2007 y tras varias severas reconvenciones, el Parlamento logró que los eurodiputados pertenecientes al fondo de Luxemburgo pagasen realmente de su bolsillo el tercio al que venían obligados.  El acta de la sesión celebrada el 23 de abril de 2009, que aprobó la ejecución presupuestaria de 2007, expone a las claras cuál había sido la situación hasta entonces. El Parlamento, dice el documento, "se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales".

En 2009, con la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados –el 14 de julio–, la Cámara cerró el fondo a la incorporación de nuevos socios. Pero año tras año, la institución que legisla en la Unión deja constancia de que garantizará con cargo a su presupuesto el pago de las pensiones del fondo de Luxemburgo si este entra en quiebra. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a explicar qué norma permitió que durante al menos dos años Margallo cobrase mientras era ministro la pensión que el fondo del Parlamento Europeo asigna a los exparlamentarios europeos.

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El caso de Margallo, y ahora también el de Rudi, salen a la luz después de que el portal de noticias europeas euobserver.com desvelase en febrero que el hoy eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, el también exministro Miguel Arias Cañete, suma a su sueldo (20.000 euros al mes) la pensión del fondo de Luxemburgo. ¿La cobró Cañete mientras fue ministro de Agricultura, cargo en el que cesó en abril de 2014 para emprender la carrera hacia el Ejecutivo comunitario que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker? No se sabe. 

Un tercer ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, figura entre los suscriptores del fondo de Luxemburgo. Pero Montoro, y así lo transmitieron fuentes de su equipo a este diario, renunció a reclamar la pensión porque "entendía que no debía cobrarla".