La Audiencia rechaza la prisión incondicional para Rosalía Iglesias porque el riesgo de fuga no es "tan elevado" como el de su marido

La Audiencia Nacional acaba de decretar prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para la mujer de Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el inmediato encarcelamiento incondicional por riesgo de fuga. Dominado ahora por dos jueces de la mayoría conservadora, el tribunal ha cumplido así todos los pronósticos sobre la principal incógnita abierta tras la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel, que certifica la existencia de la caja B del PP, duda de la credibilidad del presidente del Gobierno y describe un "sistema de corrupción institucional".

El tribunal sostiene que el hecho de que su condena (15 años) sea inferior a la de su marido rebaja el peligro de huida. "Es cierto -dice el auto judicial- que contamos con el nuevo hito que supone haber dictado una sentencia condenatoria en contra de esta acusada, pero la pena es menor [que la de Bárcenas, sentenciado a 33 años], por lo que el riesgo de fuga no se puede considerar tan elevado". La sala añade que el hecho de que el extesorero se encuentre ya en prisión "es una circunstancia que puede paliar ese riesgo de fuga".

En principio y salvo en la improbable hipótesis de que aportase ya los 200.000 euros, Rosalía Iglesias ingresará hoy mismo en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ya se encuentra su marido. Si deposita la fianza, recuperará la libertad y la mantendrá hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos contra la sentencia. En caso de que pague la caución decretada, se le imponen medidas cautelares consistentes en retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y presentaciones quincenales en el juzgado.

Como preveían distintos observadores, la decisión de dejarla en libertad bajo fianza ha beneficiado a los otros siete condenados para los que Anticorrupción también pedía cárcel inmediata sin remisión. De momento, salen también libres con medidas cautelares de restricción de movimiento pero sin fianza distintos condenados a penas superiores a cinco años y para los que Anticorrupción había pedido igualmente prisión incondicional: la exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano; el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno; el contable de la trama, José Luis Izquierdo; Antonio Villaverde, asesor fiscal y financiero de la trama; el exconsejero madrileño Carlos Clemente y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

Además de para Iglesias, el tribunal solo fija prisión eludible bajo fianza -de 100.000 euros en este caso- para Jesús Sepúlveda, que fue alcalde del municipio madrileño de Pozuelo y ha sido condenado a 14 años y cuatro meses. Si paga los 100.000 euros, estará sujeto a las mismas medidas cautelares que los otros condenados sobre los que ya se ha pronunciado la sala: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y presentaciones quincenales en el juzgado.

Durante esa comparecencia judicial -la denominada vistilla-, en la que la Fiscalía pidió el lunes su encarcelamiento, Rosalía Iglesias proclamó que no pensaba viajar a ningún sitio hasta que pudiera hacerlo con su marido. E invocó como argumento en favor de su libertad la soledad en que su ingreso en prisión sumiría al hijo de la pareja.

En la cárcel solo han ingresado por tanto los tres condenados con penas más altas y mayor riesgo de fuga: Luis Bárcenas (33 años y cuatro meses), el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y nueve meses) y Guillermo Ortega, exconcejal de Majadahonda (38 años y tres meses). 

La sospecha que planea sobre el escenario

Condenado a 33 años y cuatro meses, el extesorero Luis Bárcenas ingresó el mismo lunes en la prisión de Soto del Real. La sospecha de que podría desvelar nuevos datos de alcance sobre la contabilidad B del PP si su mujer acababa en la cárcel planea sobre la escena política desde antes incluso de que la Audiencia Nacional hiciera pública la demoledora sentencia sobre la pieza principal del caso, la de la llamada Época 1, que analizaba básicamente hechos comprendidos entre 1999 y 2005 aunque se adentraba también en el examen de algunos posteriores. 

Rosalía Iglesias está condenada a 15 años por varios delitos, aunque la pena real que cumplirá serán nueve si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia. Eso es así porque la normativa española prevé que el reo cumpla como máximo el triple de la pena más alta a la que haya sido sentenciado. En el caso de Iglesias, la pena más elevada que ha recibido es de tres años por el delito de blanqueo de capitales. 

Tras el apartamiento del magistrado progresista Ricardo De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, en la sala que ha resuelto sobre el futuro inmediato de Rosalía Iglesias permanecen dos miembros de la terna original: Julio de Diego, que fue clave para forzar la declaración testifical de Mariano Rajoy, y Ángel Hurtado, que ha expresado en un voto particular su discrepancia con la condena civil del PP como beneficiario económico de la trama o partícipe a título lucrativo.  En sustitución de De Prada, se ha integrado la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, toda vez que el magistrado que por turno de reparto debería haber entrado, Juan Pablo González, está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.

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La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión para 11 condenados por riesgo de fuga y al tratarse de penas elevadas. Además de para Bárcenas –sobre quien el tribunal recalca en su auto de prisión que mantiene oculta parte de su fortuna– , Ortega y López Viejo, el ministerio público solicitó cárcel para los siguientes: Ricardo Galeote (condenado a 7 años y 10 meses), la ya mencionada Rosalía Iglesias, (15 años y 1 mes ), el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (17 años y siete meses); la exjefa de gabinete de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (14 años y ocho meses); uno de los abogados de Correa, Antonio Villaverde (8 años y 2 meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y dos meses); el exmiembro del Comité Ejecutivo, el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (5 años y nueve meses).

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han seguido aquí el criterio de pedir prisión incondicional para todos aquellos que han sido condenados a más de cinco años, alegando para la mayoría de ellos el riesgo de fuga. De este modo, para el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses); el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez; el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años); y la mujer del exviceconsejero, Teresa Gabarra (cuatro años) se han interesado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales.