El conjunto de las 10 cajas de ahorros tampoco paga nada por el impuesto de sociedades

La patronal de las cajas (CECA) publica desde 2017 un estudio sobre su contribución fiscal, elaborado por la consulta PricewaterhouseCoopers (PwC) siguiendo una metodología propia que emplean empresas y sectores de todo el mundo desde 2005. La CECA ha utilizado el informe como argumento para rechazar el impuesto que el Gobierno del PSOE quiere aplicar al sector financiero, esgrimiendo que las cajas de ahorro pagan 41 euros de impuestos por cada 100 euros de beneficios. No obstante, esa cifra incluye, además del impuesto de sociedades, el IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, los impuestos que pagan a las comunidades autónomas y ayuntamientos (desde el IBI hasta el Impuesto de Actividades Económicas), y el impuesto sobre los depósitos.

En realidad, por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios, las 10 entidades que integran la CECA –Abanca, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença— no han pagado ni un euro al menos en 2016 y 2017, según los dos estudios publicados por la patronal hasta ahora. Pese a que representan el 39% del sistema financiero nacional en cuanto a depósitos y aunque han ganado 3.651 millones de euros brutos en 2016 y 3.347 millones de euros en 2017, según los datos contables de la propia CECA, la factura con Hacienda les salió a su favor en ambos ejercicios.

Lo explica con detalle la asociación en el estudio. En 2016 las cajas pagaron de forma adelantada al fisco 752 millones de euros por sus ganancias: 688 millones en pagos fraccionados, 37 millones en retenciones a cuenta y 27 millones en autoliquidaciones. Pero como la Agencia Tributaria les reintegró 776 millones, correspondientes a las devoluciones de 2014 –609 millones– y de 2015 –167 millones–, el saldo neto fue negativo por importe de -24 millones de euros.

Esa alza de las devoluciones tiene su origen en cambios de la normativa fiscal. A partir de 2012, el Ejecutivo del PP aumentó el pago fraccionado a las empresas que facturan más de 20 millones de euros y limitó al 25% la compensación de pérdidas de años anteriores para las sociedades que superan los 60 millones de cifra de negocio. Al exceder estos pagos adelantados el importe de la declaración final del impuesto, Hacienda les devolvió en 2016 los 776 millones antes citados, así como 991 millones en 2017, tras haber abonado de forma anticipada 840 millones de euros –771 millones en pagos fraccionados, 36 millones por retenciones a cuenta y 33 millones más por autoliquidaciones–. Es decir, el saldo neto también fue negativo ese año, pero por una cifra incluso mayor: -151 millones de euros. Un total de 175 millones en los dos últimos ejercicios.

La 'trampa' de la prestación por los DTA

En el informe de la CECA, sin embargo, el dato que aparece en 2017 no es que recibiesen de Hacienda 151 millones de euros por Impuesto de Sociedades, sino que pagaron 96 millones. ¿Cómo se explica este hecho? La respuesta está en que los autores del estudio añaden a los pagos adelantados, retenciones y autoliquidaciones del impuesto los 247 millones de euros que las cajas pagaron en 2017 en concepto de prestación patrimonial –del 1,5%– por la garantía que el Estado concede a parte de los activos por impuesto diferido (DTA), cuya conversión en efectivo le pueden solicitar las entidades financieras en caso de liquidación o si tienen pérdidas.

Pese a que la CECA reconoce que esa prestación carece de “naturaleza impositiva”, dice que la ha incorporado “como mayor impuesto sobre sociedades”, porque considera “vinculado” su pago a “activos fiscales generados por el citado impuesto”. Por tanto, eliminados los 247 millones de esa prestación patrimonial, que sólo se empezó a cobrar en 2017, la factura final del impuesto de sociedades fue de -151 millones de euros en 2017, como queda dicho más arriba.

Según el informe, los impuestos soportados por las cajas en 2017 ascendieron a 2.287 millones de euros, el 41,3% de los 5.538 millones de euros de beneficios antes de impuestos a efectos de la TTC (Total Tax Contribution, el método de PwC), que resultan de sumar el beneficio contable antes de impuestos –3.347 millones–, los impuestos soportados –2.287 millones– y de restar el saldo del impuesto de sociedades –los teóricos 96 millones que se contabilizan en el estudio–. 

Los DTA son una especie de colchón fiscal, que se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizar éstos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia con BMN, por la que pidió 38,25 millones.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. De ellos, 247 millones los abonaron las cajas de ahorros.

Criterio de caja

Todas las cifras anteriores referidas al impuesto de sociedades las calculan los consultores de PwC siguiendo un criterio de caja, por lo que difieren de la información financiera que publican cada año las entidades, que sigue un criterio contable: no todos los conceptos contables tributan luego en las declaraciones del impuesto enviadas a Hacienda o se imputan al mismo ejercicio. Usar el criterio de caja permite hacer comparaciones entre empresas, sectores o países y aproximarse a lo que realmente pagan a Hacienda las entidades. El propio estudio reconoce que los resultados así proporcionados “no serían del dominio público de otra forma”.

En cualquier caso, el documento incluye también el gasto contable en que incurren las cajas de la CECA por el impuesto sobre sociedades. En 2017 fue de 421 millones de euros, el 12,57% de los 3.347 millones que se apuntaron de beneficios. La cifra es casi la mitad del gasto de 2016, 789 millones, que a su vez representa el 21,6% de los 3.651 millones de euros registrados como ganancias. Por tanto, unos tipos muy alejados del general aplicado a la banca en este impuesto, el 30%.

Comparándose con el Reino Unido

La CECA detalla en su estudio cómo se reparte la carga fiscal que soporta. Además del impuesto sobre sociedades, las entidades financieras pagan desde 2014 un impuesto sobre los depósitos del 0,03%, que a las cajas de ahorro les supuso el abono de 152 millones de euros en 2017, un 25,5% menos que el año anterior –204 millones–. Este impuesto representa apenas el 6,6% de la carga fiscal de estas entidades y es el único específico para el sector que existe en España.

Según afirman los autores del informe, la distribución de la carga fiscal que afrontan las cajas españolas es “comparable” a la de las entidades financieras de otros países. En concreto, la CECA aporta dos informes realizados en el Reino Unido siguiendo la misma metodología de PwC. Allí, no obstante, existen dos impuestos específicos para el sector financiero: la bank levy (tasa bancaria)bank levy , que desde 2011 grava el pasivo a corto plazo, así como las acciones y pasivos a largo, y el bank surcharge, un recargo suplementario del 8% del impuesto sobre sociedadesbank surcharge que empezó a aplicarse en 2017 sobre los beneficios obtenidos por encima de los 25 millones de libras. Este recargo fue la inspiración del PSOE para su propuesta de impuesto a la banca, según explicó en su día el responsable económico del partido, Manuel Escudero.

En 2017 el sector financiero británico –incluye bancos, aseguradoras, gestoras de fondos e inmobiliarias– pagó 10.500 millones de libras (11.684 millones de euros) al Exchequer (la Hacienda británica) por el impuesto sobre sociedades, 3.000 millones por la tasa bancaria y 1.100 millones por el recargo del 8%. En total, un 28% de la carga fiscal soportada por el sector, según el estudio que PwC elaboró para la Corporación de la City de Londres. El IVA no recuperable representa el 24,1% y las cotizaciones sociales de sus empleados, el 32,4%, la parte del león fiscal en el Reino Unido. Allí el tipo del impuesto sobre sociedades es del 20%, más bajo que en España, pero desde el año pasado hay que añadirle el 8% del recargo bancario y, con la tasa bancaria, del 0,18%, el conjunto se aproxima al 30% español.

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Pero si la atención se centra sólo en los bancos, resulta que el peso del impuesto de sociedades, junto con la tasa y el recargo bancarios es mucho mayor y supone hasta el 46% de su factura fiscal, por un 24,2% de las cotizaciones sociales y un 25,2% del IVA.

En España, las cotizaciones sociales que pagan las cajas de ahorros por sus plantillas, 1.010 millones de euros en 2017, se llevan la mayor parte parte de la tarta fiscal –el 44%–, seguidas del IVA, 682 millones, que equivale a un 30%. A ayuntamientos y comunidades autónomas les ingresan 331 millones, de los que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone 123 millones de euros anuales.

Finalmente, las cajas incluyen en el estudio sus contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución. El primero garantiza los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros y el segundo, creado en 2016 por la Unión Europea, se encargará de financiar la reestructuración de las entidades financieras con problemas. Al primero aportaron 565 millones en 2017 y al segundo, 213 millones. Como ocurre con la prestación patrimonial por la garantía del Estado para los DTA, la CECA admite que estas contribuciones carecen de “naturaleza tributaria” y no forman parte de su contribución fiscal.