Un milagro en el Supremo

Pocos hechos de la actualidad contienen la carga simbólica de la entrada en prisión de Rodrigo Rato. La velocidad de estos tiempos políticos y mediáticos sirve para que los carteles luminosos que acaparan las pantallas con las dosis diarias de declaracionitis dejen en zonas de penumbra titulares que condensan toda una época y explican una (buena) parte de nuestro complejo presente. “El milagro económico español acaba en la cárcel de Soto del Real”, por ejemplo.

Aunque nos parezca que hace un siglo de todo aquello, en términos políticos ocurrió anteayer. No me refiero a ese invento del milagro español de finales de los noventa y principios de este nuevo siglo, consistente por un lado en un ciclo alcista de la economía internacional y por otro en un festival de privatizaciones para mayor gloria y negocio de la panda de amigos de Aznar y de Rato, compañeros de pupitre, de oposiciones o simplemente miembros (ellos sí) de una casta acostumbrada a repartirse y controlar todos los resortes del poder, y utilizando el BOE para abrir las puertas de par en par a una burbuja inmobiliaria que hizo de oro a unos cuantos, multiplicó fortunas ya heredadas, extendió política y socialmente la corrupción y terminó arruinándonos como país. La brecha de desigualdad de hoy tiene una conexión directa con aquella etapa del Crematorio que retrató magistralmente Rafael Chirbes.

Me refiero a algo mucho más reciente. A la campaña electoral de 2011 que llevó a Mariano Rajoy a la mayoría absoluta. A aquellos mítines en los que todo el PP seguía aclamando a Rato como el San Rodrigo milagrero de la economía españolaSan Rodrigo, máximo representante de ese discurso tan eficaz como falsario que adjudica siempre a la derecha la “capacidad y el rigor en la gestión” mientras la socialdemocracia se dedica a “dilapidar” la riqueza acumulada. A aquel 23 de noviembre de 2011, sólo tres días después de la victoria electoral de Rajoy, cuando se reunió con Rato para “diseñar” juntos el plan económico del Gobierno, cuando sólo faltaban tres meses para que estallara el escándalo Bankia que provocó el rescate de las cajas y una factura de (como mínimo) 60.000 millones de euros que pagaremos a escote los de siempre y nuestros descendientes. Un poquito tarde para esas “disculpas” que ha pedido este jueves antes de cruzar las rejas de Soto del Real. Tendrá oportunidades para reiterarlas, porque además de la condena a cuatro años y medio por las tarjetas black aún tiene pendientes los juicios por la estafa de la salida a Bolsa de Bankia y por las irregularidades fiscales en sus negocios particulares y los supuestos sobornos recibidos mientras presidía el banco “heredado” del ínclito aznarista Miguel Blesa.

El simbolismo que encierra esta imagen debería teóricamente servir como eslabón clave en el camino de regeneración de un sistema democrático profundamente desgastado por la crisis de credibilidad de los principales intermediarios: la política, la Justicia, los medios de información… Un descrédito institucional también ganado a pulso por la banca o la Corona y multiplicado por la gestión austericida de la crisis económica y por el uso irresponsable y demagógico de las redes sociales. Quienes quieren ver la botella medio llena ponen en valor el hecho de que finalmente el extodopoderoso Rato está en prisión, y hasta encuentran significativa la coincidencia casi al minuto entre el encarcelamiento de Rato y el anuncio del Supremo de apertura de juicio oral a los dirigentes independentistas encarcelados. Defienden que el mensaje que se traslada es que “el sistema funciona para todos”. Incluso destacan que esta misma mañana de jueves haya salido el presidente del Tribunal Supremo también a pedir perdón por la gestión “deficiente” del asunto de las hipotecas.

Yo lamento ver aún la botella medio vacía (como mucho), siendo consciente de que la administración de la cosa pública es ahora mismo complejísima y admitiendo que, del mismo modo que un periódico pierde su credibilidad en dos minutos y tarda en recuperarla años (si es que lo consigue), también lo tienen más que difícil la Justicia, la política, la Corona o la banca para restañar las heridas provocadas.

Intento explicarme con tres apuntes:

1.- La credibilidad del proceso judicial contra los presos independentistas no se gana encarcelando a Rato, sino imputando a los implicados única y exclusivamente aquello que se puede probar, como se haría en cualquier otra causa (la del propio Rato, a quien nadie ha acusado jamás de atracar un banco a mano armada, sino de esquilmarlo desde dentro).

2.- Las cada día más frecuentes peticiones de disculpas públicas son preferibles, por supuesto, a anteriores y numerosas demostraciones de soberbia, prepotencia y hasta chulería. (Recuerden a Rato en el Congreso declamando aquello de “¡Eso es el mercado, amigo!”). Pero lo que importa es que la excusatio venga acompañada de una colaboración plena con la justicia: más datos sobre los millones distraídos y menos golpes de pecho.

3.- Las disculpas expresadas por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, adolecen a su vez de una contradicción flagrante: admite que ha habido una gestión “deficiente” del asunto de las hipotecas y que el responsable directo de la misma, el magistrado Luis María Díez-Picazo, se negó a petición suya a redactar una “nota aclaratoria” que despejara las incertidumbres abiertas para la banca y para los ciudadanos, pero a la vez insiste Lesmes en “descartar la dimisión” del presidente de la Sala de lo Contencioso. ¿En qué quedamos? La justicia para ser creíble precisa de una absoluta apariencia de imparcialidad, pero a Lesmes parece preocuparle más la posibilidad (cierta) de un colapso en los juzgados por el volumen posible de reclamaciones que el rigor en la exigencia de responsabilidades a un protegido suyo que él se empeñó en promocionar al cargo y que ha actuado con una incompetencia manifiesta o una apariencia de parcialidad clamorosa. O las dos cosas, aunque en este caso la banca tiene razón cuando se queja del daño sufrido más allá de que finalmente tenga que pagar ese impuesto y desde cuándo.

Analistas y voces de la judicatura advierten de que el caso de las hipotecas llega en el momento más delicado para el Alto Tribunal, cuando aborda la fase final del “proceso al procés”. Si de verdad esto supone un problema  para el Supremo se debe a la acumulación de debilidades: al empeño en ver violencia donde no la han visto ni las cámaras de televisión ni los tribunales de Alemania ni más de cien especialistas en derecho penal ni Felipe González ni el expresidente del Supremo y del Constitucional Pascual Sala…; a la obcecación en describir como golpe de Estado lo que puede ofrecer múltiples definiciones, pero ninguna que coincida con lo que en este país conocemos perfectamente como intentona golpista (sólo creíble al parecer para Pablo Casado, cuya entrega a los mimbres más duros del aznarismo le llevan a la frivolidad de tachar al propio Pedro Sánchez de golpista); a la cerrazón de negar la libertad condicional a los presos del procés facilitando así la munición argumental a quienes perciben en esta causa más venganza que justicia.

Para ganar credibilidad, el Supremo necesita casi un milagro, y corre el riesgo de buscarlo haciendo exactamente lo mismo que hizo Rajoy pero al revés: el líder del PP renunció a la política y cedió cualquier iniciativa sobre la crisis constitucional provocada en Cataluña a la Sala Penal del alto tribunal, y ahora las togas podrían caer en la tentación de esperar que la Fiscalía o la Abogacía del Estado corrijan sus excesos bajo la supuesta presión del Ejecutivo. Incluso la Sala de lo Contencioso tiene en su mano trasladar a la Moncloa la última palabra sobre el impuesto de las hipotecas. Y “sanseacabó”, que diría Rato, el recluso.

P.D. Cualquier análisis que se refiera al encarcelamiento del exvicepresidente económico del Gobierno, ex director general del FMI y expresidente de Bankia quedaría voluntaria o involuntariamente incompleto si no incluye un reconocimiento explícito a la incansable labor de la acusación #15MpaRato, que logró el “milagro” de movilizar a la ciudadanía para evitar que Rodrigo Rato no sólo se acogiera a la amnistía fiscal de Montoro sino que también saliera impune de graves delitos.