El Gobierno cuenta con las reservas de la Iglesia para conseguir que Franco acabe en El Pardo y no en La Almudena

El Gobierno está empeñado en sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de que acabe el año. Los últimos trámites administrativos culminarán la semana antes de navidad y, para el caso de que la familia no se haga cargo de ellos, el Ejecutivo ya ha previsto su envío a la tumba propiedad de Patrimonio Nacional del cementerio de El Pardo, la misma en la que, desde 1988, reposan los restos de su esposa, Carmen Polo. Un lugar mucho más discreto, en opinión del Gobierno, que la cripta de la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, en la que la familia quiere reinhumar al dictador.

Para conseguirlo, el Ejecutivo cuenta con que la Iglesia haga ver a la familia los inconvenientes de que los restos de Franco reposen en la cripta del recinto religioso, sobre todo después de que el Gobierno haya hecho pública su intención de reformar la Ley de la Memoria Histórica para prohibir el enaltecimiento del dictador.

La reforma está, de momento, paralizada en el Congreso por PP y Ciudadanos, pero el PSOE, con el apoyo de sus aliados, se ha empeñado en sacarla adelante en esta legislatura o en la próxima, cuando esperan tener una posición más favorable en la Cámara baja. Para conseguir su objetivo, el PSOE quiere introducir la posibilidad de sancionar a aquellos espacios abiertos al público cuyos responsables no impidan episodios de enaltecimiento o exaltación de Franco o del franquismo. Los castigos podrían llegar al cierre definitivo de una iglesia o cementerio donde se ensalce la dictadura.

La vicepresidenta Carmen Calvo anunció a finales de octubre que había abordado este asunto en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Entonces aseguró que la Iglesia estaba de acuerdo con que los restos del dictador no debían ser depositados en la Almudena. Al Vaticano, según fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, no le gusta la iniciativa de la familia de llevar a Franco a la Catedral madrileña, pero no quiere mostrar su opinión en público y prefiere que el Gobierno llegue a un acuerdo con la familia.

El portavoz del Vaticano, Greg Burke, confirmó, tras las declaraciones de Calvo, que al cardenal Parolin le parece “oportuna” la exploración de “otras alternativas” a la sepultura del dictador en la Catedral de la Almudena. Eso sí: “A través del diálogo con la familia”.

“El Gobierno en lo que ha quedado”, declaró la vicepresidenta cuando el Vaticano matizó su supuesto compromiso para evitar la reinhumación en el recinto religioso, “es en trabajar conjuntamente con la Iglesia para que los restos de Franco no estén en un lugar en el que se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento, porque eso es ilegal y el Gobierno no va a consentirlo”.

La cripta de la Catedral de la Almudena está abierta al público a diario entre las 10 y las 20 horas y la entrada es gratuita, aunque se pide un donativo para contribuir a las tareas de mantenimiento. Esta situada en el lateral izquierdo de la catedral, mirando al Palacio Real.

El Ejecutivo cuenta con que la Iglesia haga ver a la familia su incomodidad con el traslado de los restos del dictador a la cripta de la Almudena en la que ya reposa su única hija, Carmen Franco, enterrada hace casi un año. Para el caso de que la familia no se haga cargo de los restos, el Gobierno tiene intención de trasladar a Franco del Valle de os Caídos al panteón donde ya reposa su mujer en el cementerio de El Pardo.

El Consejo de Ministros puso en marcha el pasado viernes la fase final del largo procedimiento administrativo que debe culminar con la exhumación. El Ministerio de Justicia debe haber enviado ya al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto para desenterrar al dictador y solicitado un informe “no vinculante” a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es el órgano competente en materia de sanidad mortuoria. Este documento tiene que estar listo en el plazo de un mes. Concluidas estas actuaciones, los familiares disponen de diez días improrrogables para hacer sus últimas alegaciones. Una vez que el Gobierno les dé respuesta, tendrá las manos libres para sacar a Franco del Valle de los Caídos.

Debate en el Senado

El debate en torno a la exhumación del dictador volverá a las Cortes el 20 de noviembre, 43 años después de su fallecimiento, gracias a una moción que el PSOE ha presentado en el Senado para que la Cámara pueda expresar su rechazo a Franco coincidiendo con el 40º aniversario de la Constitución.

“Difícilmente se puede ser constitucionalista sin condenar el franquismo”, afirmó en rueda de prensa el portavoz socialista, Ander Gil, al anunciar la iniciativa, que no sólo condena la dictadura sino que apoya a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y reclama la prohibición de fundaciones o asociaciones que exalten el fascismo y el nazismo.

La propuesta ha recibido inmediatamente las críticas del PP, cuyo portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, acusó a los socialistas de estar obsesionados con el asunto. “No le vamos a seguir. Nuestras prioridades son otras”, señaló Cosidó, que sin embargo no llegó a precisar el voto de su grupo, que tiene mayoría absoluta en la Cámara. En su opinión, condenar el franquismo “divide” y contradice “la concordia” de la Transición.

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Consciente de que la el PP se verá obligado a retratarse —del partido de Pablo Casado depende lo que el Senado opine sobre el franquismo, porque tienen mayoría absoluta en la Cámara—, Gil subrayó que “ser constitucionalista significa condenar sin matices la dictadura”.

La moción recoge en primer lugar la condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo; también “valora” la exhumación de los restos de Franco de un “mausoleo público” como es el Valle de los Caídos, y respalda la resolución del Parlamento Europeo para prohibir cualquier fundación o asociación que exalte el nazismo o el fascismo.

En su último apartado, el texto insta al Gobierno a revisar la Ley de Memoria Histórica de acuerdo con los informes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y también a “proteger los valores fundamentales de la democracia”, rechazando el racismo, la intolerancia “y la involución de los principios democráticos”, informa Europa Press.