De la independencia a la falta de medios: así es la "situación crítica" que pone en huelga a la justicia en España

De poco sirvieron las múltiples reuniones en el Ministerio de Justicia para intentar calmar los ánimos. Jueces y fiscales de toda España vuelven a parar este lunes para protestar contra “la situación crítica” que atraviesa la justicia, “anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta”, y criticar la “dejadez y abandono” por parte del Gobierno ante sus “legítimas peticiones”. Esta nueva huelga se suma a la convocada de forma unánime por las siete asociaciones el pasado 22 de mayo, un parón que fue secundado por el 65,4% de los jueces y el 51,9% de los fiscales. Dos tirones de orejas en solo seis meses –uno al PP y otro al PSOE– que se seguirán repitiendo, advierten los colectivos de la carrera judicial y fiscal, mientras el Ejecutivo de turno no dé respuesta a sus demandas en materia de independencia, modernización y condiciones profesionales, peticiones con las que pretenden que “la justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho”.

A finales de julio, tras la caída del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la moción de censura, las asociaciones de jueces y fiscales volvieron a poner sobre la mesa de la nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, las exigencias de mejora del sistema que ya le habían planteado sin éxito a su antecesor en el cargo, Rafael Catalá. Ninguna de ellas perdía de vista el pasado como fiscal de la ministra, que secundó el paro de mayo. Pero seis meses después de su llegada al cargo, y tras múltiples reuniones con los colectivos, la mayor parte de la carrera judicial y fiscal considera que “no se ha avanzado” más allá de “las reuniones y las fotografías”. “Hemos dejado un periodo de margen al nuevo equipo ministerial. Sin embargo, seguimos en la misma situación, algo que por un lado descorazona y, por otro, motiva para que continuemos con unas movilizaciones que ya se habían advertido”, asevera Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

El último encuentro que mantuvieron los cuatro principales colectivos con Delgado para intentar llegar a un acuerdo que pusiera fin a la huelga se cerró sin ningún avance. Entonces, comenzó el cruce de comunicados. Justicia hizo pública una nota en la que señalaba que el parón, mantenido a pesar de las “iniciativas puestas en marcha” para “cumplir con las demandas profesionales”, no era “contra el actual equipo ministerial”. “En ninguna de las reuniones se nos ha ofrecido nada concreto de lo que venimos reclamando (…). Todo son promesas y largas”, respondieron en un comunicado conjunto seis de las siete asociaciones. Se descolgó la Unión Progresista de Fiscales (UPF), colectivo del que formó parte la ministra, que prefirió emitir una nota propia en la que valoraba “los esfuerzos” del ministerio, añadiendo que se ha conseguido “más en cuatro meses que en los siete años anteriores con el Gobierno del PP”.

La UPF, además, celebraba que Justicia vaya a reconocer por primera vez el derecho a huelga de jueces y fiscales, algo que califican de “hito histórico”. De hecho, la cartera dirigida por Delgado detraerá a jueces y fiscales que secunden el paro el salario correspondiente a ese día, una medida con la que están de acuerdo seis de las siete asociaciones como “consecuencia ineludible” de una huelga –sólo la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, la rechaza–. También la Fiscalía General del Estado ha dado un tímido paso en esta línea fijando actuaciones mínimas para evitar “daños irreparables”. Algo que no ha hecho, sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial. “Como no está regulado por ley el derecho a huelga de los jueces, no podemos establecer servicios mínimos. Lo único que haremos es remitir a Justicia el listado de jueces que hayan comunicado su intención de secundar el paro”, apuntan a infoLibre fuentes del CGPJ.

El dolor de cabeza de la independencia judicial

Las asociaciones aseveran que la justicia “sigue denostada”. En primer lugar, dicen, por la constante percepción de que el sistema judicial español no es independiente, una línea en la que se pronunció el 49% de los españoles consultados en un Eurobarómetro del pasado mes de mayo. Y el “bochornoso reparto político” del Consejo General del Poder Judicial no ayuda. La semana pasada, todos los colectivos de jueces criticaron duramente “la mala imagen” que daba para la justicia el acuerdo entre PP y PSOE para colocar al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo al magistrado Manuel Marchena. En sendos comunicados, las asociaciones recordaron que son constitucionalmente los vocales, y no los partidos, los encargados de elegir por votación a su jefe, lamentando que el pacto alcanzado a nivel político vaya a provocar otros cinco años de sombras “sobre la independencia de la justicia en España”.

“Necesitamos un Poder Judicial fuerte que pueda ejercer su función de control de los otros poderes”, asevera Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Para ello, señalan Concepción Rodríguez y Raimundo Prado, del Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, respectivamente, es necesario modificar el sistema de designación del CGPJ. Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial fija que es el Parlamento el encargado de nombrar a los veinte vocales –ocho deben ser juristas o abogados de reconocida competencia y la docena restante jueces o magistrados–. Sin embargo, los dos colectivos, al igual que la APM, exige una vuelta al modelo previo a 1985, en el que el nombramiento de los doce vocales de procedencia judicial correspondía directamente a sus pares. Este es el sistema mixto que se utiliza a día de hoy en países como Francia, Italia o Portugal.

Un sistema anticuado y sin recursos

Otro problema a resolver es el de la obsoleta administración de justicia, porque si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos es necesario que todo el engranaje funcione a la perfección. No obstante, para lograr la tan demandada “calidad y eficacia”, es fundamental llevar a cabo una modernización que ponga fin a la desesperante lentitud de los procedimientos. Y eso, aseveran, requiere un plan de inversión sólido para, entre otras cosas, implantar los tribunales de instancia, crear nuevos órganos judiciales con los que hacer frente al aumento de la litigiosidad y, sobre todo, incrementar el número de jueces y fiscales. “Es necesario aumentar la plantilla para atender mejor a los ciudadanos”, apunta Emilio Fernández, portavoz de la UPF. Los fiscales, además, piden que se paralice la implantación de la justicia digital. “Ralentiza el trabajo y no se adecúa a las necesidades”, completa Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales.

España está a la cola de la UE en número de jueces y magistrados por ciudadano. Según el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, publicado el pasado mes de mayo por la Comisión Europea, tenemos doce por cada 100.000 habitantes, lo que nos sitúa muy lejos de los 45 que tiene Croacia y sólo por delante de Francia, Dinamarca, Malta, Italia, Irlanda y Reino Unido. Esta situación, unida al aumento de la litigiosidad, explica la lentitud en la resolución de los procedimientos. En 2017, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil estaban tardando de media en despachar un asunto 17,1 meses, el doble de tiempo que antes de la crisis económica –8,1 meses en 2008–. Con el objetivo de poner fin a este desajuste, las asociaciones pedían el pasado mes de mayo que se convocasen al menos 250 plazas de jueces en cada uno de los próximos cuatro años, incluyendo el turno libre y el cuarto turno.

El incremento de plantilla, además, busca relajar las enormes cargas de trabajo que tienen jueces y fiscales sobre sus espaldas. “No se nos puede hacer trabajar a destajo y con inseguridad, porque eso en un determinado momento puede afectar a nuestra salud”, asevera Prado. “Cada tema requiere un tiempo”, recuerda la presidenta de Foro Judicial Independiente. Por ello, solicitan la implantación “urgente” de unas cargas máximas de trabajo que les permitan desempeñar su labor de la mejor manera posible. No es la única reclamación en materia de condiciones laborales. También solicitan un incremento salarial: “La independencia no está bien pagada, hemos perdido un 12% desde la crisis. Hay que recuperarlo”, dice el portavoz de Foro Judicial Independiente. Y un adecuado pago del servicio de guardias: “Se están cobrando a 50 y 60 céntimos la hora, es aberrante”, critica Rodríguez.

Los presidentes de los TSJ firman una declaración de apoyo a la huelga de jueces y fiscales

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Limitaciones en la investigación penal

Las asociaciones de jueces y fiscales también consideran un lastre para el buen funcionamiento de la justicia el establecimiento de plazos máximos de instrucción de las causas penales, límites temporales, establecidos tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada en 2015 por el Ejecutivo del PP, que generan “disfunciones tremendas” y que pueden conducir a que las investigaciones “se cierren sin llegar a completarse”. En concreto, el artículo 324 de la Lecrim establece que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contempla para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses.

Para corregir este problema, los colectivos de la carrera fiscal exigen la derogación urgente del artículo, una medida que fue llevada al Congreso por Unidos Podemos pero que permanece atascada por las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas en la Mesa de la Cámara por PP y Ciudadanos –se ha prorrogado el plazo en 53 ocasiones–. “No sé si el Gobierno se ha planteado la derogación vía real decreto…”, apunta Dexaus. Además de esta reivindicación, los colectivos de fiscales también consideran fundamental para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público el hecho de dotar a la Fiscalía General del Estado de “mayor autonomía” respecto del Ministerio de Justicia. “Tanto presupuestaria como normativa y de gobierno”, asevera el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.