El Gobierno exige a la Fundación Franco que devuelva 30.000 documentos del dictador

El Gobierno socialista afirma que comunicará a la Fundación Francisco Franco el carácter público del "archivo" de los 30.000 documentos que tiene la asociación en su dominio. Éstos documentan la historia de los 40 años de Francisco Franco durante la dictadura, por lo que el Ejecutivo exigirá que se cumpla con la normativa y anuncia un posible castigo "por la retención indebida" de estos bienes.

En una respuesta por escrito con fecha 19 de noviembre a dos preguntas del senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno asevera que "reiterará a la Fundación, igualmente, la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el conjunto de la normativa vigente en materia de Archivos, Protección de Datos Personales, Propiedad Intelectual, etc., sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación de estos bienes muebles".

Mulet preguntaba concretamente sobre las medidas que adoptaría el Gobierno para recuperar esta documentación que está "en manos de esta organización franquista", señalando que el Ejecutivo "ha reconocido que la Fundación Francisco Franco, pese a ser un organismo privado, dispone de documentos clasificados como secretos, de origen que sería público". Asimismo el senador añadía que esta fundación obtuvo dinero público para la digitalización de sus archivos.

La Fundación recibió cerca de 151.000 euros durante el mandato de José María Aznar para digitalizar esos documentos del dictador Francisco Franco, que son, según la respuesta del Gobierno, "clave para la historia de España, ya que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos de quien fuera Jefe de Estado durante 40 años", y que además incluyen "correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero, informes confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas".

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy consideró que no exigiría la devolución de estos documentos porque debía "someterse al correspondiente inventario y valoración". Esta fue la excusa que recibió Izquierda Unida después de que preguntase sobre las medidas gubernamentales para solicitar la entrega de los documentos: "Ya han sido analizados con anterioridad, lo que debería haber facilitado la exigencia de devolución", denunció el partido liderado por Alberto Garzón.

En la carta del Ministerio de Educación, que el Gobierno remitió en su momento a IU, "se observan importantes contradicciones frente a las excusas que da el Ejecutivo de Rajoy para no exigir ya a la Fundación Nacional Francisco Franco que devuelva toda esta documentación clasificada", valoró el partido. Mientras se indica que antes de tomar ninguna medida "se debe proceder al correspondiente inventariado y valoración" de la documentación, en la misiva "queda constancia de que el Gobierno no sólo dispone desde hace años de los índices del archivo de esta fundación, sino que desde 2011 el Centro Documental de la Memoria Histórica tienen copia en microfilm" de todos los documentos.

Negativa a dar datos sobre la financiación

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El Gobierno ha negado a Compromís los datos de las desgravaciones de la fundación franquista, después de que Carles Mulet preguntase este mes de noviembre sobre la financiación de la Fundación Franco: "¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para ilegalizar fundaciones o asociaciones que humillen la memoria de las víctimas, y exalten un régimen genocida? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que se deje de deducir a Hacienda las aportaciones a asociaciones o fundaciones de este tipo? ¿Qué cantidades se han desgravado año tras año desde 2007 por cuotas, donaciones o aportaciones varias a esta fundación?"

"Si se donan 150 euros, Hacienda les financiará 112,5 euros, y su coste real será de solo 37,5 euros", reza el anuncio que la fundación que homenajea al dictador ha publicado en su página web para animar a la donación. El senador ha expuesto este ejemplo para señalar cómo se financia "indirectamente con dinero público mediante desgravaciones a una fundación franquista que debería seguramente estar ilegalizada". La organización fascista insiste así en publicitar deducciones fiscales de las que podrían disfrutar sus afiliados para captar socios.

Por su parte, la respuesta del Ejecutivo únicamente señala cómo la información solicitada en la tercera y última pregunta del senador relativa a las cantidades desgravadas es de "carácter reservado por la Administración Tributaria" y que no puede "ser comunicada a terceros" por la prohibición de "ceder la información de carácter tributario". De forma que, como señala Compromís, las otras preguntas no han sido incluidas.