Sánchez decide ignorar que Borrell usó “información privilegiada” y mantiene al titular de Exteriores en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ignorar que su ministro de Exteriores, Josep Borrell, hizo uso de “información privilegiada” cuando vendió 10.000 acciones de Abengoa por valor de 9.030 euros apenas unas horas antes de que la empresa, de la que en aquel entonces era consejero, fuese declarada en suspensión de pagos y perdiese buena parte de su valor en bolsa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2015, dos años y medio antes de la llegada de Borrell al ministerio, y en el momento de su nombramiento eran bien conocidos por el presidente del Gobierno. No sólo eso: Sánchez era consciente desde hace meses de que el ministro iba a ser castigado inevitablemente por la venta de acciones desde el momento en el que renunció a recurrir la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV). El Gobierno hace tiempo que dio por descontado tanto el problema de credibilidad del ministro como sus explicaciones, que tanto Sánchez como sus compañeros de gabinete han dado siempre por buenas.

La decisión de la CNMV, publicada este martes por el Boletín Oficial del Estado, califica la actuación de Borrell de “infracción muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, asegura que vendió las acciones “disponiendo de información privilegiada” y le multa con 30.000 euros.multa Lo hace después de declarar firme en vía administrativa la sanción, impuesta el pasado 27 de septiembre.

Pese a ello, el ministro siempre ha negado haber hecho uso de “información privilegiada”. Su principal argumento —que la CNMV no ha tenido en cuenta— es que si hubiera querido beneficiarse no hubiese vendido apenas una pequeña parte de sus acciones de Abengoa —el 8%, según su versión— y en consecuencia tampoco hubiese perdido el 92% de la cartera de valores que poseía en la empresa, especializada en energía y medioambiente, y de cuyo consejo de administración fue miembro entre los años 2010 y 2016.

“Si yo hubiera tenido información privilegiada”, señaló en el Senado el 23 de octubre en respuesta a una pregunta del PP, “no hubiera sufrido las cuantiosas pérdidas que sufrí como accionista de Abengoa. No tiene ninguna lógica”. Las acciones, según la versión del ministro, pertenecían a la cartera de un familiar que gestionaba él.

En aquella sesión de la Cámara alta, Borrell ya dio por hecho que sería multado porque no le parecía correcto recurrir la sanción del CNMV ante el Ministerio de Economía porque comparte con su titular, Nadia Calviño, asiento en el Consejo de Ministros. “No me parece, siendo parte de un Gobierno, políticamente correcto recurrir ante otro ministro porque puede ser presentado como un conflicto de intereses”. Según el titular de Exteriores, asume su “responsabilidad política” al renunciar a la posibilidad de recurrir y aceptar tener que pagar una multa.

Presentar ese recurso ante el Ministerio de Economía era imprescindible para poder plantear después la cuestión en los tribunales, por lo que su renuncia implicó dar definitivamente por zanjado el asunto asumiendo la decisión de la CNMV.

Pero aunque el ministro admite que aquella operación “no fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar”, insiste en negar la acusación de haber hecho uso de información privilegiada.

Fuentes próximas al ministro citadas por Europa Press confirmaron que Borrell se limitará a pagar la sanción y dar por cerrado el asunto abonando una suma muy superior a la operación de 2015 que está en el origen del expediente.

Borrell llegó al consejo de Abengoa después de haber sido eurodiputado entre 2004 y 2009. Su presencia en el órgano de gobierno de la multinacional, con una fuerte actividad en el mercado de las energías renovables, coincidió con la crisis de la empresa, afectada por una deuda millonaria.

El juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional abrió una causa por las indemnizaciones millonarias que cobraron los dos máximos responsables de la empresa en plena suspensión de pagos pero finalmente acordó, en marzo de 2017, no citar como investigados ni a Borrell ni al resto de miembros del antiguo consejo de administración de Abengoa.

Borrell es una pieza esencial del Gobierno de Sánchez, no sólo por su experiencia internacional sino, sobre todo, por su perfil antagónico con el independentismo catalán, que sirve de contrapunto a la normalización de relaciones con la Generalitat impulsada por el presidente.

El cierre de filas en torno al ministro no sufrió fisuras. El Gobierno asume, como explicó Borrell en el Senado, que se trata de “un problema de menor cuantía” que “sólo puede constituir una falta administrativa” y que, de acuerdo con la legislación española, “no afecta a la idoneidad para ejercer una función ministerial”.

Respaldo del Gobierno

Fuentes de la Moncloa dejaron claro el respaldo absoluto del presidente Sánchez a Borrell y subrayaron que ya dio suficientes explicaciones para aclarar lo ocurrido. Y así lo subrayaron todos sus compañeros en el Ejecutivo.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, restó trascendencia a la multa impuesta a Borrell con el argumento de que ya se conocía que se iba a producir. El propio ministro, recordó. dio explicaciones de algo que todo el mundo ya sabía. “Él esperaba” la sanción después de haber renunciado al recurso para evitar al Gobierno un conflicto de intereses.

Es el mismo argumento que usó la vicepresidenta, Carmen Calvo: “Lo que ya dijimos hace varias semanas y que ya él también advirtió, incluso por adelantado. Dijo que habría una multa y que lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea, que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría”, zanjó.

Meritxell Batet, responsable de Política Territorial, se mostró de acuerdo y defendió “la valoración de la tarea de Gobierno del ministro Borrell”, que “es impecable y, por supuesto, tiene plenas capacidades para continuar desarrollándola”.

No opinan lo mismo los demás partidos, incluido el principal socio parlamentario del Gobierno, Unidos Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, exigió su dimisión con el argumento de que España “no se puede permitir [tener] un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada”. Y apeló a la “inteligencia” y la “altura política” de Borrell para que diese ejemplo y renunciase a su cargo.

El titular de Exteriores nunca ha sido del agrado de Unidos Podemos, que siempre ha criticado su participación en actos organizados por la organización antinacionalista Sociedad Civil Catalana en compañía de cargos de Ciudadanos y del PP, como Xavier García Albiol, además de “figuras de la extrema derecha”, en palabras del partido de Iglesias. Precisamente este martes Sociedad Civil Catalana anunció la participación de Borrell en un acto suyo en Bruselas el próximo 5 de diciembre, víspera del 40º aniversario de la Constitución.

En plena campaña andaluza, la candidata de Adelante Andalucía, la marca local de Podemos, Teresa Rodríguez, calificó los hechos de “una absoluta barbaridad" y la actuación de Borrell de “impresentable”. Abengoa, cuya sede social está en Sevilla, es “una de nuestras empresas punteras del sector y la saquearon sus dirigentes por mala gestión de las subvenciones a mansalva que recibieron“, acusó. Por eso es “durísimo”, añadió, que ahora intenten “hacer pasar” lo ocurrido “como una anécdota”.

La presidenta Susana Díaz, compañera de partido de Borrell, dribló la noticia proclamando que la ley tiene que ser “igual para todo el mundo y si así lo ha decretado la CNMV [que el ministro de Exteriores incumplió la legislación], pues habrá hecho lo correcto”.

El líder del PP, Pablo Casado, consideró a Borrell “deslegitimado” para continuar en el Gobierno y urgió a Sánchez a que aplique a sus ministros el “mismo baremo de exigencia” que tenía cuando estaba en la oposición. E Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos, consideró la sanción acordada por la CNMV “un tema muy feo y grave” y apuntó a que Borrell mintió “a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción”. Cs ya ha solicitado su comparecencia urgente en el Congreso.

Borrell insiste en que no dimitirá: "No tendría lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera"

Ver más

Los adversarios de Borrell en Cataluña se sumaron al coro de voces que exigen su renuncia. “Es inaudito que este señor siga siendo ministro del Gobierno. En cualquier país habría dimitido”, declaró en nombre del Govern catalán su portavoz, Elsa Artadi.

Jordi Salvador, el diputado de ERC al que Borrell acusó de escupirle en el Congreso, aprovechó para exigir su dimisión: “Esto sí que es un escupitajo de verdad, a toda la sociedad española y un insulto al socialismo y a sus votantes de buena fe”, señaló. “En un país o reino normal ya habría dimitido o sería cesado de inmediato”, escribió en Twitter.

La variedad de partidos que han pedido la dimisión de Borrell y su negativa a dejar el cargo anticipa que, en los próximos días, el ministro de Exteriores se sumará previsiblemente a la titular de Justicia, Dolores Delgado, en la lista de miembros del Gobierno reprobados por el Congreso.