FAPE y APM condenan el veto de Vox a laSexta y Ctxt

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado "tajantemente" y "sin paliativos" el veto impuesto por Vox a laSexta y Ctxt (Revista Contexto), y reclaman a la formación una "política de transparencia" al afirmar que los partidos políticos deben de ser los primeros interesados en defender el artículo 20 de la Constitución Española, que protege y ampara la libertad de expresión y opinión libre de las ideas.

El veto que denuncia ambas asociaciones se produjo este pasado 2 de diciembre cuando Vox prohibió a los periodistas de laSexta y Ctxt acceder a la zona del hotel de Sevilla donde dicha formación política seguía los resultados de los comicios andaluces, a pesar de estar los periodistas acreditados para cubrir el acto. En un comunicado, la FAPE considera que el veto supone "una intolerable discriminación y una grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión, que ampara a su vez los derechos de prensa y de información", pilares fundamentales de la democracia.

La FAPE recuerda a Vox que "sin libertad de información desaparecen el resto de libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión" por lo que insta a la formación a levantar el veto y apostar por "una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque esta no sea de su agrado", según concluye la asociación.

 

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Por su parte, desde la Asociación de la Prensa de Madrid indican que la dirección de Ctxt y numerosos asociados de la APM se han dirigido a esta organización para mostrar su preocupación por lo ocurrido en Sevilla y, por ello, además de sumarse a la condena realizada por la FAPE, la APM insta a Vox a levantar dicho veto y no repetir este tipo de acciones. Según la APM, estas acciones suponen "una grave limitación de los derechos a la libertad de expresión y de información", pilares fundamentales de la democracia y cuya defensa compete de forma especial a los partidos políticos, que deben someterse al escrutinio de la opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo de los medios de comunicación en un marco de libertad de expresión y de respeto al derecho a la información.