Qué ocurre con las inversiones públicas en la investigación médica: un informe denuncia que el Estado "no garantiza el retorno social" de la financiación

¿Qué ocurre con toda la inversión que realiza el Estado en I+D en salud? Esa es la pregunta que se realizaron en la Fundación Salud por Derecho, que este martes responde con la publicación del informe Interés público en la innovación biomédica [que se puede consultar en PDF en este enlace]. La conclusión no es muy positiva: según aseguran desde la organización, el "retorno social" de los resultados de las investigaciones realizadas en materia de salud a través de fondos públicos no está garantizado. Y no son inversiones pequeñas. De hecho, las que provienen de lo público son las mayores: la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado. 

Pero es este el que acaba ganando. Y es que lo invertido por las administraciones públicas acaba beneficiando a la empresa privada. En ese momento, el Estado "pierde el control". Lo explican a infoLibre los autores del estudio, Irene Bernal, responsable de acceso a medicamentos de Salud por Derecho, y Óscar Sánchez, experto en transferencia de tecnología. "Lo que nos propusimos fue ver a dónde va ese 62% de financiación del Estado. Y vimos que se transfiere al sector privado", explica Bernal. "De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública", denuncia el informe. 

Para llegar a esa conclusión, la Fundación ha analizado datos de financiación de la I+D biomédica en el periodo comprendido entre 2008 y 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), de los ministerios con las competencias en Ciencia e Innovación, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), de la Comisión Europea (CE), de Farmaindustria y de la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO). "La I+D biomédica es la investigación científica que se dedica a comprender mejor por qué se producen las enfermedades para descubrir nuevos tratamientos y nuevas formas de diagnóstico", aclara Sánchez. 

Pero, ¿cuál es el proceso exacto por el que la inversión pública pasa a ser un beneficio privado? Las administraciones públicas —el Estado, las comunidades autónomas o las autoridades locales— "financian proyectos de investigación en universidades y en centros" especializados que tratan de comprender mejor las enfermedades para darles un mejor diagnóstico y tratamiento, explica Sánchez. "A partir de ahí, los investigadores obtienen un resultado", continúa. Puede ser, por ejemplo, un compuesto químico a partir del cual elaborar un medicamento concreto.

"Lo habitual es que la universidad o el centro patente ese descubrimiento que luego vende o transfiere a una empresa", detalla. Es ella la que continúa investigando y desarrollando ese descubrimiento. "Al final, hace un medicamento que luego puede ser adquirido por los servicios de salud", concluye. Es decir, lo que empezó como una inversión pública acaba siendo adquirido por las administraciones a un precio fijado por la empresa privada. En su mayoría, la industria farmacéutica. 

"Esta es la clave del informe que hemos elaborado", añade Bernal. "Hay inversión en innovación al principio del proceso pero luego, cuando se vende a la industria farmacéutica, es ella la que tiene la propiedad del fármaco o del simple conocimiento", continúa. Y eso se vende al Estado por un precio, asegura, cada vez mayor. 

Se pierde el rastro por la falta de criterios de interés público

"La gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuentan con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, no contemplan criterios de interés público", critica el informe. Por eso, precisamente, se invisibiliza esa inversión pública. Y es que no hay ninguna exigencia de transparencia que facilite el acceso a la información sobre los proyectos que recibieron fondos públicos. "Si las investigaciones fueron públicas, los datos sobre el resultado final de las investigaciones también deberían serlo", reclama Bernal.

Pero esto no ocurre así. En su lugar, se pone en evidencia el "fallo en el sistema" por el que "el Estado pierde toda la capacidad de decisión y control", añade. "Es necesario mejorar la transparencia y el acceso a los datos que, de hecho, es una de las limitaciones, que hemos tenido en este estudio", explica. Por ello, continúa la autora del documento, no se ha podido profundizar en qué fármacos han nacido de una investigación financiada a través de fondos públicos provenientes de las administraciones. "Necesitamos criterios que salvaguarden esa inversión pública", añade.

La inversión pública cae por los recortes

Por otro lado, el informe también detalla la inversión presupuestaria en investigación. La mayoría, recoge el documento de Salud por Derecho, proviene del Estado, que lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado. No obstante, la financiación sufrió "recortes" en los últimos años, sobre todo a nivel estatal, lo que provocó "una reducción del número de proyectos, el abandono de líneas de investigación y una precarización de las condiciones laborales del personal investigador". 

De este modo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en el informe, el gasto en I+D en ciencias médicas por parte de la Administración pública cayó un 20% de 2010 a 2016. En términos absolutos, el presupuesto pasó de los 955 millones de euros a 761. Un descenso que, por otro lado, tuvo una menor incidencia en las universidades, donde la caída fue del 4% —pasando de 589 a 565 millones de euros—. 

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Con la caída en la inversión, el protagonismo pasó a ser de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Así, según recoge el informe —basándose en datos del INE—, "la Administración autonómica y local supuso en 2016 el 61% del gasto total del I+D en ciencias médicas. Junto a esta financiación, la europea —procedente de programas como Horizonte 2020— tuvo un gran peso, pues pasó de los 45 millones en 2010 a 66 en el año 2016. No obstante, añade el documento, aunque "las aportaciones de las comunidades" y la procedente "de programas europeos" fueron "clave" para manetener mucha de la innovación biomédica que se desarrolla en España, estas "nuevas aportaciones no deben sustituir la responsabilidad de la Administración estatal".

 

Evolución de la financiación para I+D en ciencias médicas en el sector no empresarial por parte de las Administraciones Públicas (2010-2016). | Salud por Derecho a través de datos del INE