Malestar entre miembros del Gobierno por la aceptación de la figura de un “relator” en el diálogo con los independentistas

La decisión del Gobierno de aceptar la exigencia del Govern de que una figura “neutral” participe en las reuniones entre partidos para debatir una solución política al conflicto de Cataluña, que los independentistas han planteado como una condición sine qua non para no echar abajo el proyecto de Presupuestos de Pedro Sanchez en su primer trámite parlamentario, se tradujo este martes en enfado, malestar y preocupación por parte de varios miembros del Ejecutivo socialista que, según fuentes consultadas por infoLibre, no comparten la manera en que la vicepresidenta Carmen Calvo está gestionando las negociaciones con la Generalitat.

A lo largo de toda la jornada se extendieron los mensajes contradictorios que hablaban de que el Gobierno había aceptado incluir en el diálogo con los independentistas la figura de un “mediador”, un término que poco después fue mutando a “facilitador”, “intermediario”, “coordinador” y “fedatario“ hasta convertirse en “relator”, una expresión de la propia Calvo que en términos jurídicos alude a una figura neutral, independiente y que garantiza la integridad de los procedimientos. Pero que el Gobierno, al filo de la diez de la noche, volvió a identificar como “facilitador”.

La decisión de ceder en este punto a las demandas del Govern el mismo día en el que Esquerra formalizó su voluntad de rechazar el proyecto de Presupuestos y el PDeCAT anunció su decisión de seguir el mismo camino si el Ejecutivo no atiende sus demandas, está en el origen de este malestar. “Aunque no se esté cediendo en nada, damos la apariencia de que sí”, se quejaron fuentes del Gobierno. Sobre todo, sostienen, porque el anuncio del relator no va a servir para nada.

El enfado en una parte del Ejecutivo, así como de algunos dirigentes históricos del PSOE, fue mayúsculo desde el momento en que se supo que el Gobierno de Pedro Sánchez había cedido a la amenaza de los independentistas catalanes de impedir la tramitación de los Presupuestos en el Congreso si no hay avances en el diálogo sobre Cataluña accediendo a algunas de las peticiones que desde finales de diciembre le ha trasladado el Govern de la Generalitat para abrir un espacio de diálogo.

Aunque el Gobierno sigue resitiéndose a la creación de un ámbito de dialogo con participación de partidos políticos españoles —entre ellos Podemos— sí cedió, como confirmó primero Calvo y después la Moncloa, al aceptar la participación de una figura “neutral”, aunque sólo sea para dar fe de los acuerdos en la mesa de diálogo entre partidos catalanes creada por acuerdo del Parlament. Algo a lo que, a pesar del malestar interno generado, fuentes de la Presidencia consultadas por infoLibre intentaron restar importancia con el argumento de que “un relator en un foro de partidos no es problema”.

Para facilitar la creación de esta figura, la Generalitat renunció a hablar de “mediadores”, como había hecho hasta ahora, y aceptó describir a a esta figura como alguien ajeno a las dos partes que se encargará de dar fe de lo que se hable en las reuniones y de los acuerdos a los que se llegue. “Una figura que podemos llamar notarial”, señaló la consellera de Presidencia catalana, Elsa Artadi. “Alguien que pueda tomar nota, convocar, que nos pueda coordinar”, explicó en los pasillos del Senado la vicepresidenta Carmen Calvo.

No obstante, Generalitat y Gobierno hablan de mesas de diálogo diferentes. Los primeros se refieren a un relator para una mesa de partidos españoles, incluido Podemos, al quien consideran un aliado estratégico porque defiende el derecho a la autodeterminación, y eso es precisamente lo que el Govern quiere plantear en ese foro. Los segundos, en cambio, insisten en referirse a la mesa catalana de partidos creada por decisión del Parlament.

Aunque el Gobierno mantuvo cierta ambigüedad durante todo el día, al filo de las nueve de la noche confirmó que sigue negándose a crear una mesa de diálogo compuesta por partidos de toda España e insistió en lo que ha venido siendo su tesis durante las últimas semanas: esa tarea le corresponde al espacio al que están convocados desde diciembre los partidos catalanes y al que acuden JxCat, Esquerra, el PSC y CatEnComú-Podem —PP, Cs y CUP se niegan a participar—. Una posición que contradice la expresada horas antes por Artadi, que en todo momento se refirió a una mesa formada por partidos españoles.

Agenda y calendario

En cualquier caso, y aunque la aceptación de un “relator”, como lo denominó Calvo, ayude a desbloquear la negociación, está lejos de garantizar el apoyo de los independentistas al Presupuesto. Artadi dejó claro tras la reunión semanal del Govern que antes de la votación, prevista para el próximo miércoles, habrá que haber pactado “por escrito” un calendario y una agenda de temas a tratar, entre los que tendrá que estar el derecho a la autodeterminación, así como la identidad del relator. “Una persona o personas” que la consellera definió como “neutrales, capacitadas, con reputación y experiencia”. Y que la vicepresidenta Calvo se limitó a a describir como “alguien que entienda bien de todo lo que estamos hablando”. Y “estamos hablando” precisó, “de la unidad del Estado, de una crisis territorial” y de “dar salida a una situación muy difícil como es la de Cataluña”.

El origen de esta mesa de partidos está en el acuerdo que el Gobierno y la Generalitat suscribieron en Barcelona el pasado 20 de diciembre para hacer realidad, “en el marco de la seguridad jurídica”, un “espacio de diálogo efectivo” que “permita avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña” y “vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.

Una parte de ese diálogo, el que tendrá como interlocutores al Gobierno y a la Generalitat, se llevará a cabo a través de la Comisión Bilateral prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En ella el Gobierno de España acepta por primera vez “hablar de la situación y de las opciones posibles que, dentro de la seguridad jurídica y el orden constitucional, nos permitan dar salida a esta crisis por parte de ambos Gobiernos”, algo a lo que se había negado en la reunión celebrada el pasado mes de agosto.

La otra parte, que es la que está costando desatascar, es la que el Govern quiere explorar en el marco de una mesa de partidos españoles en la que reclama expresamente la participación de Podemos. Es aquí, además, donde los partidos independentistas llevan tiempo reclamando la inclusión de la figura de un mediador que a menudo han descrito como una figura internacional con experiencia en conflictos territoriales.

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El Gobierno de España, en cambio, defiende que la única mesa de partidos posible es la creada por Quim Torra en aplicación de una resolución del Parlament a instancias del PSC y en la que tienen asiento todos los partidos catalanes, aunque PP, Cs y la CUP se nieguen a participar. En ella, aseguraron fuentes de Moncloa, es donde las formaciones políticas de Cataluña “han de encontrar puntos en común que saquen a la sociedad catalana del actual escenario de fractura”. Y es en ella en la que el Gobierno de Sánchez, con el fin de “coordinar y ayudar ”, acepta la presencia de “un relator que coordine las reuniones y ayude en su desarrollo. Será una persona neutral y elegida de común acuerdo”, precisan fuentes de Moncloa.

Esta mesa se reunió este lunes por segunda vez —la primera fue en diciembre y concluyó sin acuerdos— y en ella el Govern difundió los 21 puntos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

El documento, titulado Propuesta del Govern de Catalunya en la cumbre con el Gobierno de España: Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Catalunya, y cuyo contenido fue desestimado por Sánchez, defiende que la situación actual en Cataluña requiere "soluciones políticas”. Entre otras cosas, pedía al presidente español una mediación internacional para una negociación entre Generalitat y Gobierno en igualdad de condiciones, “investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña” y hacer efectivo el derecho de autodeterminación.