Turull dice que se buscó "de manera insistente" el "diálogo" para encontrar una "salida política"

Pistoletazo de salida en el Tribunal Supremo a la segunda semana del juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Con las declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller de Interior Joaquim Forn ya despachadas, este martes el turno fue para el exconseller de Presidencia y uno de los hombres fuertes del Govern de Carles Puigdemont, Jordi Turull, que está respondiendo a las cuestiones planteadas tanto por dos de las acusaciones –Fiscalía del Supremo y Abogacía del Estado– como por su propia defensa, representada por el letrado Jordi Pina. Y lo hizo insistiendo en que el Ejecutivo catalán intentó en todo momento y “de manera insistente” el “diálogo” y el “acuerdo” para la celebración de un referéndum pactado. Porque, aseveró, durante todo el proceso “no se buscó la determinación ciudadana” porque ésta ya existía y había que darle “una salida política”. Y acusó al Ministerio Público de haber faltado al respeto a los ciudadanos de Cataluña: “No son ovejas ni gente militarizada”.

Sobre la cabeza del que fuera candidato fallido a suceder a Puigdemont al frente de la Generalitat penden penas muy diversas. El Ministerio Público pide dieciséis años de cárcel para el exconseller de Interior, que se encuentra en prisión provisional desde hace casi un año, por un delito de rebelión y otro de malversación. Los servicios jurídicos del Estado, por su parte, rebajan la pena a los once años y seis meses de cárcel por sedición y utilización de fondos públicos para la organización y celebración del referéndum del 1-O. Y Vox, que ejerce como acusación popular en el proceso, reclama al tribunal setenta y cuatro años de prisión por rebelión, malversación y organización criminal. Como han hecho hasta el momento todos los acusados que se han sentado frente al micrófono en el Salón de Plenos del Supremo, Turull se negó a responder a las preguntas de los abogados que representan a la formación de extrema derecha con el objetivo de evitar que el partido liderado por Santiago Abascal utilice el juicio del procés como una suerte de altavoz electoral.

Con traje azul y cargado de documentos, el exconseller de Presidencia se ha sentado en la mesa de declaraciones pasados unos minutos de la hora fijada para el arranque de la sesión. La escena inicial fue calcada a la del exconseller de Interior Joaquim Forn. En primer lugar, el que fuera peso pesado del Ejecutivo catalán durante aquél otoño caliente de 2017 expresó su queja por no poder responder a las preguntas en catalán al no contar con el procedimiento de traducción simultánea –el tribunal, aunque permite a los acusados contestar en la lengua que consideren oportuna, sólo acepta la consecutiva–. Así, Turull explicó que pidió responder en catalán y con simultánea “no tanto por un tema emocional”, sino por contar con “todas las garantías”, ya que considera que “la espontaneidad” es “importante” tanto para los acusados como para el propio tribunal. “Con la traducción consecutiva esto no es posible. Para la señal de televisión está todo inventado, (…) pero tiene usted razón cuando dice que la gente en esta sala tiene derecho a entender todo”, señaló.

El exconseller de Presidencia comenzó enfrentándose a las preguntas del Ministerio Fiscal, representado por Jaime Moreno, que arrancó cuestionándole por los motivos de las remodelaciones que se produjeron en el Ejecutivo catalán durante las semanas previas al referéndum. “Yo responderé por mis actos”, apuntó Turull. Tras ese primer intercambio de golpes, el Ministerio Público continuó preguntándole, al igual que hizo la semana pasada durante el interrogatorio del exconseller Forn, si es socio de Òmnium Cultural. Y en su respuesta, el dirigente independentista fue tajante: “Y de Intermón Oxfam. Sí, soy socio desde hace 20 años que pago mi cuota. No me consta que ser socio de Òmnium sea ningún delito. Me sorprende que se me haga esta pregunta ahora”. El del exconseller de Presidencia fue el interrogatorio más intenso de todos los que se han vivido hasta el momento. De hecho, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se vio obligado a interrumpir preguntas y respuestas en varias ocasiones para intentar reconducir la sesión.

Los ciudadanos de Cataluña “no son ovejas”

Durante toda la mañana, Turull se enfrentó a las dos principales acusaciones. Abogacía del Estado y Ministerio Público recordaron al exmiembro del Govern las diferentes advertencias del Tribunal Constitucional sobre el deber de impedir cualquier movimiento orientado a la celebración del referéndum de independencia. Preguntado por qué no paralizó entonces la consulta, el acusado apostilló que un político “tiene que ponderarlo todo”. Y eso, dijo, es lo que hizo el Ejecutivo catalán. “Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando”, explicó Turull, que insistió en que la estrategia del Govern fue en todo momento la de dialogar para conseguir una consulta pactada. “Hemos hecho mil propuestas al Estado para negociar. (…) Y lo volveremos a hacer porque resistiremos”, señaló Turull en respuesta a la abogada del Estado, Rosa María Seoane.

El excandidato a la Presidencia de la Generalitat también aprovechó el interrogatorio para cargar contra el Gobierno central por decir que cumple con la Ley Fundamental mientras “de forma reiterada, incumple todas las sentencias del Tribunal Constitucional”. En este sentido, el exconseller de Presidencia fue enumerando todos los incumplimientos del Ejecutivo respecto a fallos de este órgano judicial, entre los que destacó el caso del 0,7% del IRPF que se destina a fines sociales. “Ponerte el traje de constitucionalista penalmente es un chollo porque te permite incumplir la Constitución y no pasa nada. (…) Pero si eres independentista por un auto, por uno, por hacer una cosa que no merece reproche penal, llevo un año en la cárcel”, apostilló Turull. El exconseller también insistió en varias ocasiones en la despenalización de la convocatoria de referéndums y señaló que el Govern estaba convencido “de que con voluntad política” lo que había firmado “tenía un encaje en la legalidad”.

Uno de los puntos en los que más se detuvo el Ministerio Público fue en el famoso documento Enfocats, intervenido por la Guardia Civil en el domicilio de Josep Mara Jové, mano derecha del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras. Este escrito es, en opinión de las acusaciones, “una exhaustiva guía del proceso a desarrollar”. Por ello, la Fiscalía puso sobre la mesa de Turull el documento, que recoge que la independencia llegará “cuando haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional” y que señala que es necesario comenzar el proceso “de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”. Como el resto de acusados preguntados al respecto, el exconseller de Presidencia dijo desconocer el documento, aunque deslizó: “No se ha buscado la determinación ciudadana. Esa ya existía y había que darle una salida política”.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público también recuerda que “en la logística del referéndum” fue “esencial” la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un organismo dependiente del departamento que dirigía Turull. En concreto, se atribuye al CTTI la creación de “páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos" que fueron usados para llevar a cabo la consulta. Algunas de estas páginas, tal y como recordaron las acusaciones durante el interrogatorio, se fueron duplicando a medida que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las iba cerrando. En este sentido, el dirigente independentista explicó que tales copias se hicieron por motivos de “ciberseguridad”. “Por la experiencia del 9-N –la consulta celebrada en 2014 en Cataluña–, en la que se sufrieron ciberataques, se nos dijo que sería interesante que pudiera haber otros dominios más seguros por si esos [ataques] se repetían”.

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“Ni se han pagado ni se tienen que pagar”

Buena parte de las preguntas se centraron también en la financiación de los preparativos para el referéndum y la publicidad de la consulta, en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Se le preguntó, por ejemplo, por la famosa campaña Civisme, que según aseguró terminó quedando “desierta” por falta de presupuesto. Se le cuestionó también por el famoso anuncio de las vías del tren con el mensaje “Naciste con la capacidad de decidir, ¿vas a renunciar?”, emitido por la radiotelevisión pública catalana. En relación a esta cuestión, Turull negó que el spot perteneciera a la campaña Civisme y aseveró que fue gratuito al tratarse de publicidad institucional. Fue en ese momento cuando el fiscal decidió poner en la pantalla del Salón de Plenos del Alto Tribunal algunas facturas relacionadas con dicha actividad. En este sentido, el acusado apostilló que tales facturas “ni se han pagado ni se tienen que pagar” al entender que “no procede” porque esa campaña era gratuita. “Nadie entendió nada en el departamento [cuando llegaron las facturas]”, completó el exconseller.

También negó categóricamente que se financiara con dinero público el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a las personas integrantes de la mesa, un encargo que, según el Ministerio Público, realizó la empresa Unipost S.A. por un importe de 979.661,96 euros. “Mi departamento no hizo ningún encargo. No hay ningún presupuesto, ningún encargo, ninguna adjudicación. No hay nada de nada”, señaló Turull, que también aprovechó su intervención en el Alto Tribunal para dejar claro, por un lado, que los Mossos d’Esquadra no se guiaron por directrices de carácter político y, por otro, para rechazar con contundencia la violencia, sobre todo cuando se le preguntó por la movilización el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía. “La gente de Cataluña, sea o no independentista, es pacífica. Por mucho que se presente a la sociedad catalana como violenta, este relato no se sostiene por ningún sitio. Es más, es indignante”, remachó.