El jurado absuelve a los seis acusados del caso de los espías del PP de Madrid

Los seis acusados en el denominado caso de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid acaban de ser absueltos. Por cinco votos a cuatro el tribunal considerado "no culpables" a los dos procesados de mayor rango –el exdirector general de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, y su número dos, Miguel Castaño– y por unanimidad a sus cuatro subordinados: los guardias civiles José Oreja , José Caro y Antonio Coronado y el técnico José Manuel Pinto. Los argumentos del jurado no han trascendido aún.

El caso, que llegó a juicio tras una instrucción plagada de tropiezos, estalló en 2009 cuando una investigación del diario El País destapó que dirigentes del PP como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el entonces vicealcalde de la capital Manuel Cobo habían sido objeto de seguimientos el año anterior. Ambos, así como los restantes cargos que se sumaron a la lista de "espiados" tenían un nexo común: su oposición interna a Aguirre en un momento en que Rajoy se jugaba el liderazgo en el convulso congreso de 2008. Cobo llegó a declararse víctima de una "gestapillo".

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La Fiscalía no acusaba a ninguno de los procesados. Solo ejercían la acusación –y por el delito de malversación– la Comunidad de Madrid y el PSOE, este último representado en la vista por un abogado distinto al que durante una década había conocido los entresijos del proceso y logrado la reapertura de la instrucción en tres ocasiones consecutivas. 

Después de que hubieran declarado como testigos la expresidenta Esperanza Aguirre, su antiguo delfín y luego sucesor Ignacio González y el exconsejero de Interior Francisco Granados, el juicio vivió un auténtico terremoto: uno de los testigos, el excomisario Jaime Barrado, declaró que quien era su jefe al frente de la unidad contra la delincuencia económica, José Luis Olivera, y el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, le habían impedido investigar "más arriba". Es decir, al PP. 

En cuanto Barrado terminó de declarar, el abogado Javier Vasallo, defensor del guardia civil José Caro, anunció la interposición de una denuncia o querella una vez se conociera el veredicto. En declaraciones a infoLibre, Moix negó punto por punto la versión de Barrado y se atribuyó el mérito de haber iniciado la investigación por iniciativa propia. En realidad, las diligencias fueron abiertas tras una denuncia: pero de Ignacio González, persona de máxima confianza de Aguirre y que fue objeto de seguimientos en Colombia durante un viaje a la ciudad de Cartagena de Indias.