Oficiales de policía franceses denuncian que están "obligados a aceptar instrucciones ilegales" contra los 'chalecos amarillos'

Seis Oficiales de la Policía Judicial (OPJ), es decir, la totalidad del servicio de su comisaría parisina, interrumpieron, en febrero y durante más de un mes, su actividad para protestar contras las instrucciones "liberticidas" impuestas por su jerarquía, especialmente durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Alternándose, se han ido dando de baja laboral. Algunos continúan estándolo.

Hasta ahora, las instrucciones se dieron oralmente. Sin embargo, un correo electrónico con fecha del sábado 9 de marzo de 2019 del Estado Mayor del Distrito del Este de París, el más importante de la capital, estipula, siguiendo las indicaciones de la Prefectura de Policía de París, que tras "las eventuales detenciones de chalecos amarillos que [les] serán atribuidas por el Estado Mayor, [...] [las personas] deberán ser puestas sistemáticamente en custodia policial".

Sylvain (nombre ficticio), de 38 años, OPJ en el este de París, explica: "Durante los fines de semana, somos solicitados como comisaría de descongestión para ocuparnos de los arrestos de chalecos amarillos".

Su servicio, la Brigada de Tratamiento Judicial en Tiempo Real (BTJTR), está dedicado a casos de flagrante delito. "En la jerga, la recepción concierne a cualquier detenido", precisa. "Después, en función de los hechos, los despachamos si es necesario a los servicios especializados y conservamos los casos de flagrante delito. Cuando una persona es arrestada y llevada a nuestra comisaría, debemos decidir si la ponemos bajo custodia policial o no". 

En teoría, la custodia está prevista cuando hay razones para pensar que una persona "cometió o intentó cometer un crimen o un delito". Debe estar justificada por uno de los seis motivos previstos por la ley.

Sin embargo, desde el inicio de las manifestaciones de los chalecos amarillos, critica el oficial, "las consignas son las siguientes: poner sistemáticamente a los chalecos amarillos bajo custodia policial. Se trata, a menudo, de arrestos preventivos. Es decir, en términos de derecho no se respeta nada. En el email que recibimos, está escrito negro sobre blanco que el Estado Mayor ordena que la custodia policial sea sistemática. Es completamente ilegal".

Contactada por Mediapart, la Prefectura de París ha rechazado responder a nuestras preguntas sobre estas instrucciones.

Sylvain relata el caso de un manifestante venido de la provincia y detenido a la salida del tren, con una simple máscara en papel de color blanco, o de otro con una simple pancarta. "¡Fueron arrestados por llevar armas prohibidas! Se trataba de una máscara de bricolaje en papel o de una pancarta. Es muy inquietante para las libertades públicas. La otra razón de los arrestos generalizados es 'participar a sabiendas en un grupo, incluso si está formado de manera temporal, con el propósito de prepararse, caracterizado por uno o más hechos materiales, para una violencia voluntaria contra personas o para la destrucción o degradación de bienes".

Introducida en 2010 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy para detener de manera preventiva a los "revienta-manifestaciones", esta infracción puede acarrear una pena de un año de prisión y 15.000 euros de multa. "Cuando detenemos a la persona no ha cometido ninguna infracción, todo es potencial, preventivo. Para mí, es abusivo", critica Sylvain. "Nos hemos convertido en una máquina de encerrar en una celda".

Informó a sus superiores de que no detendría sistemáticamente a las personas que no tenían que serlo. "La respuesta que me fue dada, oralmente, por supuesto fue: 'Os he dado las instrucciones. Incluso si no hay infracción, los ponen bajo custodia'. Estas instrucciones proceden de la Prefectura de París y de más arriba, del Ministerio del Interior".

La revelación de estos "abusos" se produce tras la difusión de la nota del 12 de enero de Remy Heitz, fiscal de la República de París. Bajo el título Guardia chalecos amarillos, directivas dirigidas a los fiscales apuntaban a reprimir el movimiento. Se solicitó mantener bajo custodia policial a las personas cuyos casos habían sido sobreseídos, y esto hasta el sábado por la noche, o incluso el domingo por la mañana, para impedir que los detenidos se manifestaran. "Un ataque muy serio a una libertad fundamental", comentó Laurence Roques, presidente del Sindicato des Abogados de Francia.

Las instrucciones de la Prefectura de Policía de París que solicitan la detención sistemática siguen la misma lógica y la complementan: detenemos, ponemos bajo custodia policial a todos los casos y mantenemos en detención provisional a las personas detenidas, incluso cuando definitivamente no tenemos nada que reprocharlas.

Al elegir convertirse en policía, Sylvain esperaba "hacer justicia, el sueño de un niño", ironiza, sin saber ahora si continuará en esta dirección. "No quiero ser utilizado como una herramienta por el gobierno para servir a una política que va en contra de las libertades fundamentales, especialmente la de manifestación".

No es el único que ha rechazado aplicar estas directivas. Al no ser escuchado por sus superiores, Thomas (nombre ficticio), de 34 años, se tuvo que dar de baja por agotamiento profesional, incapaz de seguir teniendo que "violar la ley, cuando está ahí para que se cumpla".

Según él, en "temas sensibles" como los chalecos amarillos, "el poder judicial se ha convertido en la caja de herramientas de la política. Si nos negamos a obedecer, como OPJ, somos el fusible que salta por negligencia grave. Como resultado, estamos obligados a aceptar instrucciones ilegales hasta el burn out o la depresión".

La mayor tensión

Thomas recuerda los primeros fines de semana protagonizados por las manifestaciones de los chalecos amarillos. "Fueron los más tensos. Las personas que nos traían a comisaría eran padres de familia que, como el 90% de los chalecos amarillos, vinieron a París simplemente para manifestarse. No conocían sus derechos y no podían ni darse cuenta de que su puesta bajo custodia policial era abusiva. Tras su detención, la mayoría no ha recibido ninguna sanción".

El 8 de diciembre, por ejemplo, más de la mitad de las 820 personas puestas bajo custodia policial ha sido objeto de un sobreseimiento. Y de las 264 presentadas ante un juez, 160 han recibido una simple amonestación de recordatorio de la ley, lo que no se inscribe en su historial de antecedentes. "Ese día —precisa Thomas—, tuvimos que amontonar a la gente. Si bien nuestra comisaría cuenta con 16 plazas en las celdas, metimos a más de 30 personas. Y de estas 30, 25 fueron objeto de un sobreseimiento".

« Este es un obstáculo para los derechos fundamentales: los arrestos preventivos van acompañados de custodias policiales abusivas. Podríamos decir que los chalecos amarillos son la gota de agua que hace desbordar el vaso… », continúa Thomas*. Desde hace un año y medio, los efectivos se han ido reduciendo. De los 17 OPJ iniciales del servicio, solo quedan seis.

"Hay una desafección por lo que hacemos. Debemos responder constantemente a una política de cifras, de exhibición, que sirva a los intereses de los comisarios. Eventualmente pueden terminar en el cuerpo prefectoral. Tienen primas que pueden aumentar al final del mes en función de los resultados".

Todos los policías tienen una parte de indemnización en su salario. Para los comisarios, se trata del IRP, la indemnización de responsabilidad y rendimiento, que tiene una parte variable, que puede incrementarse entre un 20% y un 40%, dependiendo en particular de la carga de trabajo, de la puesta en marcha de proyectos o de los objetivos anuales a alcanzar.

La política de las cifras no tiene nada de novedoso. Sólo sus objetivos varían. "Por ejemplo, tenemos 'operaciones de cigarrillos', en ciertos barrios de París, para detener a los vendedores ambulantes. ¿Con qué interés? No nos ocupamos de los organizadores del tráfico. Basta con decir que no sirve para nada, solamente para inflar las estadísticas. El comisario puede estar orgulloso de haber registrado 1.000 puestas bajo custodia policial en el mes".

Para Thomas estas operaciones no contribuyen a reforzar el mantenimiento del orden público, sino a debilitarlo. Describe el día en que "un loco, armado con un cuchillo, hirió a un transeúnte. Necesitábamos enviar refuerzos al instante para controlarlo. Sin embargo, el personal estaba movilizado para detener a vendedores ambulantes. El Estado Mayor del distrito nos dijo que no se moverían, ya que se trataba de una prioridad".

Este uso de las fuerzas del orden plantea no solo la cuestión de la seguridad pública, sino también la de la legalidad de los procedimientos. Como no hay suficientes OPJ, "hoy en día, se ha convertido en algo habitual que los asistentes de la policía judicial [APJ] escriban las actas por nosotros, aunque no tengan el derecho de hacerlo, especialmente cuando se trata de puestas bajo custodia. Solo tengo que firmar el procedimiento pero, por falta de tiempo, solo verifico el formulario y no el fondo del documento. Me convierto en un testaferro, con los riesgos que esto representa. Es como si se tratara de una falsificación".

Thomas especifica que, en caso de extensión de la custodia policial, si el APJ "discutió con la persona arrestada, y si [él] fue malintencionado, puede prolongar bajo un falso pretexto la custodia. Por mi parte, firmaré, en este caso, un procedimiento abusivo".

"Lo más duro —relata el policía— es la pérdida de sentido de nuestro trabajo. Somos capitaneados por incompetentes que no conocen el oficio y gestionan a la personas como si se tratasen de palomas. En nuestro servicio, un compañero está de baja por depresión, no se encontraba a sí mismo en las órdenes que recibía, otros se deshacen en lágrimas, cada mañana, al venir al trabajo".

El médico laboral de la Prefectura de Policía de París se ha opuesto a que dos oficiales de este servicio (de un total de seis) retomen su actividad, juzgando que su estado es demasiado frágil.

Los sindicatos Alliance y Unité-SGP-FO han reaccionado en denunciando el burn out de los OPJ. Exigen el reclutamiento de oficiales adicionales y la disminución de la capacidad de la custodia policial. "Folletos, es todo lo que saben hacer —estima Thomas—. No entienden que son las órdenes, la política en materia de mantenimiento del orden, lo que debe cambiar para que los OPJ puedan recuperar su misión original. Pero el sindicalismo policial es un sindicalismo de esquiroles. Mantienen un consenso perpetuo con la jerarquía, a cambio del avance de sus carreras. En mi opinión, se trata de corrupción".

Sylvain y Thomas, que han preferido hablar guardando el anonimato, saben que sus testimonios se traducirán en una investigación interna para encontrar a aquellos que han "osado desafiar a la jerarquía!. Recuerdan el destino de Alexandre Langlois, secretario general de Vigi, sindicato de policía minoritario, llevado ante el Consejo Disciplinario el 20 de febrero, por denunciar la "deriva autoritaria" del Gobierno durante las manifestaciones de los chalecos amarillos.

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"Pero después de hablar con todos nuestros colegas —explica Sylvain—, decidimos hacerlo para que la verdad sea escuchada. El deber de reserva permite cubrir órdenes y actos ilegales de la policía". Ha habido precedentes. Para protestar contra el exceso de la carga laboral, fruto en particular de la política de las cifras, los servicios de los oficiales de la policía judicial han cesado, hace un año, su actividad en otras dos comisarías parisinas. "Pero esto no ha cambiado nada", lamenta Sylvain. ___________Traducción de Irene Casado

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