El excomisario García Castaño señala a un policía exasesor de Cospedal como el autor del 'Informe PISA' contra Podemos

El excomisario Enrique García Castaño, alias El Gordo y un estrecho colaborador de José Villarejo, ha afirmado este martes ante al juez Manuel García Castellón que el informe PISA sobre la financiación de Podemos lo elaboró el comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal.

García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional por varias piezas del caso Villarejo. Según fuentes presentes en su comparecencia, a este informe, que aparentaba haber sido elaborado por la UDEF, pero no llevaba firma ni sello, por lo que fue rechazado en los tribunales, se unió un segundo documento elaborado también por Gómez Gordo que relataba un supuesto pago del Gobierno venezolano a Pablo Iglesias a través de un banco en el paraíso fiscal de Granadinas.

El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) trata sobre la supuesta financiación de Podemos con dinero de Venezuela e Irán y fue elaborado en 2016, poco después de que a una asistente de Iglesias, Dina Bousselham, le sustrajeran el móvil con datos que afectaban al partido, unos hechos que se investigan en una pieza del caso Villarejo.

García Castaño ha indicado que los dos son informes que se elaboraron en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, cuyo exjefe Eugenio Pino ha declarado también este martes ante el juez. Dentro de esa dirección, ha señalado como la persona que elaboró los informes a Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal cuando ella era presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y fue destinado hace unos meses a Alicante en calidad de jefe de Seguridad Ciudadana.

Gómez Gordo está siendo investigado en la pieza Kitchen de este caso, sobre la operación supuestamente diseñada en 2013 por el Ministerio del Interior del PP Jorge Fernández Díaz para espiar a Luis BárcenasLuis Bárcenas, extesorero de este partido, y sustraerle información. El juez le impuso, dentro de esta pieza, la medida cautelar de prohibición de salir de España.

Eugenio Pino y García Castaño han ratificado además sus declaraciones anteriores en las que vincularon al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con la operación Kitchen, un espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas costeado con fondos reservados.

El primero en declarar ha sido Pino y tras dos horas de comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que le imponga una fianza de 50.000 euros por un delito de malversación, solicitud que el magistrado debe resolver. Ya tiene el pasaporte retirado y prohibición de salir de España desde el pasado mes de enero, cuando declaró como imputado durante más de cuatro horas por este operativo

Según las fuentes consultadas por Europa Press, tanto en su declaración inicial como en la de este martes ha mantenido que Kitchen como tal no existió, sino una operación policial legítima desplegada con objetivo de buscar fondos ocultos y testaferros de Bárcenas, en aquel momento investigado en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP y que acabaría entrando en prisión provisional en junio de 2013.

Ha defendido así el empleo de fondos reservados para este asunto, alegando que se utilizan precisamente para pagar este tipo de operativos que requieren de confidentes y ha vuelto a referirse al papel de Francisco Martínez, para reiterar que despachaba con Enrique García Castaño cuando éste formaba parte ya del operativo, si bien ha dicho desconocer el contenido de las reuniones, de acuerdo a las mismas fuentes.

El ex UCAO, por su parte, ha prestado una breve declaración al respecto en la que se ha ratificado en su relato sobre cómo se clonaron dos teléfonos móviles de Bárcenas y el contenido, del que ha aportado parte al juzgado, se volcó en un ordenador del que se hizo entrega a Francisco Martínez, que no está investigado en la causa, para que lo viera.

Ambos han venido sosteniendo que Kitchen nació como Operación Bárcenas y se comandaba desde la DAO de Eugenio Pino, que también se encargaba de sufragarla con su caja de fondos reservados, con conocimiento de Martínez, pues es competencia del secretario de Estado firmar las asignaciones.

En concreto, su relato es que Pino tenía a la Unidad de Asuntos Internos en la que entonces estaba el comisario Marcelino Martín Blas –también investigado en la causa– haciendo los seguimientos a Bárcenas, pero perdió la confianza y decidió encomendarle esa tarea a Enrique García Castaño. Sin embargo, desde la secretaría de Estado de Seguridad se le impuso que además, involucrase al comisario ahora jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Señalan a Gómez Gordo

Fue entonces cuando se intentó captar como confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también investigado en esta causa. Conforme declaró en su momento García Castaño, se acercó a él, pero no consiguió convencerle, y fue el entonces asesor de seguridad de la presidenta de Castilla-La Mancha Maria Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, quien aprovechando que ambos habían coincidido anteriormente trabajando en la comunidad de Madrid, le captó para la causa a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO.

Siempre según el relato de los hechos que defienden Pino y García Castaño, Pino pidió entonces el reingreso en la Policía de Gómez Gordo para que llevase la relación con el nuevo confidente y así acabó involucrado en Kitchen y ahora, que ya es comisario, investigado en la Audiencia Nacional.

Sobre este asunto, García Castaño declaró en su última comparecencia por Kitchen que tal vez Gómez Gordo se había hecho con la documentación de Bárcenas que el operativo estaba buscando. Fue el pasado mes de marzo, después de reconocer ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que entró personalmente en un inmueble de la mujer del extesorero en busca de unos discos duros que podrían almacenar esos datos.

Villarejo y el cocinero

Mientras, Villarejo iba emitiendo "notas informativas" sobre los avances del operativo dirigidas a Eugenio Pino. Fue él, de acuerdo a la declaración de García Castaño, quien bautizó el despliegue, porque le parecía que Sergio Ríos tenía "pinta" de cocinero y cuando daba parte, se refería siempre al operativo como Operación Kitchen.

Parte de esas notas, así como los recibís de los pagos a Sergio Ríos estaban entre la documentación intervenida cuando fue detenido en noviembre de 2017 y figuraban también en los archivos del Ministerio del Interior, que ha aportado la documentación hallada en dos tandas al juzgado y ha instado la desclasificación de su contenido y la venia para que los policías implicados hablen de ello en el Consejo de Ministros.

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En esta jornada el ex jefe de la UCAO estaba citado por esta y otras cuatro piezas separadas más del caso Villarejo, pero su declaración no se ha prolongado más de una hora debido a su estado de salud. Sí ha habido tiempo de preguntarle de nuevo por su patrimonio y los 600.000 euros de ingresos en efectivo registrados en sus cuentas durante una década.

Ha vuelto a defender que los fondos reservados funcionaban así: Cuando él tenía que pagar de su bolsillo algo relacionado con algún operativo, luego se le devolvía en mano, la mayor parte de las veces desde la propia DAO.

De acuerdo a las fuentes consultadas, se le ha preguntado además por detalles de participación en operaciones concretas en las que podría haberse dado esa situación y no ha respondido por no tener dispensa del Consejo de Ministros para hablar de información reservada más allá de Kitchen.