Un hombre clave en la trama de Villarejo señala al policía de confianza de Cospedal como autor del informe contra Podemos

Enrique García Castaño, hasta febrero de 2017 jefe de la UCAO, la unidad encargada de las escuchas policiales, disparó este martes un nuevo misil contra la cúpula de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

Imputado en el caso Villarejo, García Castaño declaró ante el juez Manuel García Castellón que la orden de lanzar los dos informes que buscaban derribar a Podemos y su líder –el PISA, siglas de Pablo Iglesias SA, y el denominado Granadinas– Granadinapartió de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Y que el primero de ellos fue elaborado por el comisario Andrés Gómez Gordo. Así lo han asegurado a infoLibre fuentes jurídicas, que destacaron la firmeza con que García Castaño señaló a Gómez Gordo. Tras conocer lo declarado por el excomisario, este periódico contactó con Gómez Gordo. Y este negó tajante la acusación. "No tengo nada que ver con eso", fueron sus palabras.

El policía identificado por el antiguo mando García Castaño como redactor del informe PISA es una figura relevante en la investigación sobre la Operación Kitchen, centrada en el supuesto espionaje ilegal a Luis Bárcenas, que se pagó con fondos reservados y cuyo objetivo, según los investigadores, era borrar pruebas contra el PP. Después de trabajar para el Gobierno de Esperanza Aguirre, Gómez Gordo fue fichado en 2011 como jefe de seguridad por el Ejecutivo que en Castilla-La Mancha presidía María Dolores de Cospedal, número dos del PP con Mariano Rajoy. Poco antes de las elecciones de mayo de 2015, que es cuando Cospedal perdió el Gobierno, regresó a la Policía, donde trabajó en la DAO antes de pasar a la unidad de delitos económicos y corrupción, la UDEF. En septiembre de ese año, Interior le condecoró con una medalla pensionada. Su sueldo quedó así incrementado un 10% de forma vitalicia. Ahora está imputado.

Un informe de respuesta a los 69 escaños

Con el adjetivo "secreto" como mascarón de proa, sin firma de ningún tipo y con la leyenda "uso exclusivo policial" como gancho y herramienta típica de los mecanismos productores de fake news, el "Informe P.I.S.A" vio la luz cuando Podemos acababa de obtener 69 escaños en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. A lo largo de 39 páginas, el documento acusaba a Podemos de financiarse con fondos de Irán y Venezuela, de blanquear dinero y de financiarse ilegalmente. El otro informe, el denominado Granadinas, atribuía a Pablo Iglesias el cobro de 272.000 dólares ingresados por Venezuela en un banco de ese paraíso fiscal.

Desde el comienzo, arreció la sospecha de que los informes eran obra de la llamada "brigada patriótica". O, lo que es lo mismo, de las cloacas del Estado. Declaraciones como la de García Castaño, hombre clave en la trama del antaño todopoderoso comisario José Manuel Villarejo, otorgan fortaleza a esa hipótesis. En marzo de este año, ya se hizo público que los investigadores de la Operación Tándem encontraron entre el material incautado a Villarejo información procedente de un teléfono móvil sustraído a una asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en 2015. Pantallazos de varios chats privados de Podemos supuestamente procedentes de este teléfono aparecieron posteriormente en noticias publicadas en OkDiario.

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Lo sorprendente de lo ocurrido después de que diversos medios hubiesen publicado el informe PISA es que en febrero de 2016 la UDEF puso el contenido del informe PISA en manos del Tribunal de Cuentas y no de ningún juez o tribunal del ámbito penal. El caso llegó a la Audiencia Nacional por la denuncia presentada por un partido del que nadie (o casi nadie) había oído hablar: Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España. Al Supremo había llegado antes tras una querella planteada por Manos Limpias, el seudosindicato de funcionarios de corte ultraderechista cuyos dirigentes se encuentran ahora en espera de juicio por varios delitos, entre ellos el de chantaje o extorsión.

Ninguna de las dos actuaciones prosperó. "La denuncia –escribió en su auto el juez de refuerzo de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal– es un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa, en las que se atribuye a los denunciados y otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní".

Pese a todo ello, el PP mantuvo vivas sus acusaciones. Por ejemplo, el 13 de diciembre de 2018, hace menos de un año, el senador Luis Aznar afirmó lo siguiente durante la comparecencia de Pablo Iglesias ante la comisión de investigación creada por los conservadores en el Senado: "Yo estoy diciendo y afirmando que hay indicios más que racionales para pensar que su formación política, en algún momento, se ha financiado de forma ilegal. Creo que hay indicios más que racionales".