Seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis años de prisión a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y nueve de inhabilitación a Manuel Chaves, su antecesor en el cargo. El primero es condenado por prevaricación y malversación. El segundo, sólo por prevaricación. Así lo recoge la sentencia que acaba de ser entregada a los 21 acusados del caso ERE. También hay condenas para seis exconsejeros. Todos los acusados han conocido el fallo en torno a las 12.30. La Audiencia considera probado el fraude, en una sentencia que puede desencadenar importantes consecuencias políticas.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Era el día D para dos exjefes del Gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), a su vez exministros y expresidentes del PSOE. En torno a las 12.30 horas, una funcionaria entregó a cada uno de los 21 acusados, que habían entrado unos minutos antes con los móviles apagados, un pen drive con la sentencia íntegra, compuesta por 1.821 páginas, y una copia del fallo en papel de 66 páginas, donde se podían resolver rápidamente las incógnitas principales: ¿Absolución o condena? Si hay condena, ¿por qué delitos y con qué penas?

Los miembros del tribunal, los magistrados Juan Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Lorente y Encarnación Roca, que no estuvieron presentes, habían conseguido su objetivo: que no se filtrase nada, a diferencia de lo ocurrido con el procés. Los acusados y sus abogados fueron los primeros en saberlo. Y pronto comprobaron que era una sentencia dura. Demoledora, incluso. El fallo da por probado el fraude y constituye un aval a la instrucción de la jueza Mercedes Alaya y al trabajo de la Fiscalía. 

La sentencia pone un primer punto –aunque punto y seguido– a un caso que ha sacudido la política andaluza desde 2011, cuando Francisco Javier Guerrero contó a la Policía Nacional que había administrado un fondo al que llamó "fondo de reptiles", expresión de la que más tarde se retractó. Mercedes Alaya inició una instrucción que no se quedó en el director general y su entorno, sino que acabó poniendo en cuestión toda una década de gestión socialista con dos presidentes al frente, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), ambos imputados a la postre y ahora condenados.

El escándalo resultó estar plagado de episodios sórdidos: la suegra del director general metida supuestamente como intrusa en un ERE, al igual que militantes socialistas, sindicalistas y allegados a los repartidores de los ayudas; conseguidores que presuntamente comisionaban por su intermediación supuestamente por encima del valor del mercado; el chófer del director general que se iba de fiesta con su jefe con las ayudas que este le aprobaba... El caso ha marcado la política andaluza, y en parte la española, durante una década. Ha sido una sangría para la credibilidad del PSOE en su denuncia de los casos de corrupción de otros partidos, especialmente el PP. No obstante, no perdió el poder ni en las elecciones de 2012, con el caso en carne viva, ni en las de 2015, con todos los detalles de la investigación sobre la mesa. Acabó perdiendo el poder en las elecciones de 2018 cuando la presidencia la ostentaba Susana Díaz, que no formó parte del Gobierno durante los años de reparto del fondo supuestamente irregular.