La justicia británica decide si Assange es extraditado a EEUU y afronta una posible condena de hasta 175 años

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrenta este lunes al motivo por el que se recluyó en la embajada de Ecuador en Londres hace ya ocho años: la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. El que quizá se haya ganado el título de filtrador más famoso del mundo se sentará en el banquillo de los acusados en el Tribunal de Belmarsh, en Londres, cerca de la prisión donde lleva encerrado desde el pasado 11 de abril, cuando fue detenido por las autoridades británicas después de que Ecuador le retirara el asilo diplomático. No obstante, Assange no se juega el todo o nada en este juicio. En caso de que el tribunal apruebe su extradición, el periodista podrá recurrir ante el Tribunal Superior y, posteriormente, ante el Supremo británico. Sin embargo, finalmente, la última palabra la tendrá el Ejecutivo británico, tal y como explica su abogado Aitor Martínez. Si finalmente fuera extraditado a Estados Unidos, allí tendría que defenderse de una acusación de 18 delitos. Y en ese caso se enfrentaría, según The Washington Post, a una condena que podría llegar hasta los 175 años, según explica su equipo jurídico en un documento consultado por infoLibre.

La cronología del caso Assange es complicada. Para entender la persecución a quien se ha convertido en uno de los mayores enemigos públicos de Estados Unidos hay que detenerse en varias fechas. Porque el camino que le ha llevado hasta el juicio al que ahora tiene que enfrentarse ha sido largo. No sólo ha sido requerido por Estados Unidos, sino también por Suecia, donde fue acusado por una supuesta violación. Así acabó en la embajada ecuatoriana en Londres.

Eso fue en el año 2012, pero todo comenzó dos años antes. A finales de 2010, la Fiscalía de Suecia emitió una orden europea de arresto y entrega para interrogar a Assange sobre las acusaciones de violación, abusos sexuales y coacción que pesaban sobre él. El periodista entonces fue detenido pero obtuvo la libertad condicional después de pagar una fianza que le permitió permanecer fuera de prisión a la espera de la resolución del proceso de extradición a Suecia. Assange perdió el caso. Fue entonces cuando, por miedo a ser trasladado de Suecia a Estados Unidos —según alegó él mismo—, decidió refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres. Tal y como aseguró Michael Ratner, uno de sus abogados, acabar en EEUU podría suponer una "pena de muerte o cadena perpetua" para el fundador de WikiLeaks. Y es que allí la justicia le perseguía por la enorme cantidad de filtraciones que había realizado desde el medio. En ese momento, el Gobierno de Rafael Correa le dio asilo político. Más tarde, incluso, el país le concedió la nacionalidad.

Allí permaneció sin complicaciones hasta el año pasado. El día 11 de abril las autoridades británicas le detuvieron. Correa ya no era jefe del Ejecutivo ecuatoriano y Lenín Moreno, su sucesor, le había retirado el asilo por "violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la embajada. Cuando salió de la legación y pisó suelo británico fue detenido. Y entonces Estados Unidos reclamó su extradición. En ese momento, la justicia norteamericana pretendía juzgar al fundador de WikiLeaks por un supuesto delito de intromisión informática penado con hasta cinco años. Más tarde, decidieron añadir otros 17 delitos.

Mientras tanto, Suecia reabrió la investigación por la supuesta violación, pero la terminó archivando sin presentar cargos contra Assange, que en ningún momento compareció en el país. 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras su detención en abril de 2019. | EFE

Hasta 175 años de prisión

Una vez cerradas las acusaciones suecas, por tanto, a Assange le queda enfrentarse a eso que, según su propia defensa —en la que se encuentra el exjuez español Baltasar Garzón—, le podría acarrear peores consecuencias: la extradición a EEUU. El país solicitó que el periodista volviera a territorio norteamericano el pasado mes de abril, cuando fue detenido. En ese momento, el fundador de WikiLeaks tan sólo se enfrentaba a cinco años de cárcel por, dijo EEUU, "conspirar" para acceder a sistemas del Gobierno con información clasificada. Sin embargo, la justicia estadounidense decidió ampliar la acusación y añadir otros 17 cargos. En total, por tanto, llegado el caso tendría que defenderse de 18 delitos, diecisiete en virtud de la Ley de Espionaje, una "ley anacrónica de 1917", según explica Martínez, por obtener y publicar información clasificada, y uno en virtud de la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA), tal y como informa Martínez. Los primeros podrían suponerle 170 años de prisión y el último, por su parte, otros cinco. 

Según la Fiscalía, Assange pudo cometer el espionaje al colaborar con agentes de inteligencia para obtener y distribuir información secreta. Algo que hizo, según ha reiterado su defensa y sus apoyos internacionales, como obligación de su labor periodística. De ahí que las causas judiciales que rodean al australiano como fundador de WikiLeaks hayan sido convertidas por sus simpatizantes como una persecución a la libertad de prensa. EEUU, en cambio, ha preferido siempre evitar hablar de Assange como profesional de la información. "Julian Assange no es un periodista. Nuestro departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia", dijo el fiscal general estadounidense, John Demers, en un comunicado emitido el pasado mes de mayo.

Por el momento, la defensa de Assange se ha mostrado convencida de que las pruebas evitarán la extradición. "Con todo el contexto que existe, en principio esperamos que no sea extraditado", asegura Martínez. En caso de no hacerlo, según informó su equipo legal, el periodista será puesto bajo "medidas administrativas especiales", lo que supone que estará "en confinamiento solitario, en una pequeña celda". "No se le permitirá ningún contacto con la familia. Sólo podrá hablar con sus abogados. Tales condiciones son una sentencia de muerte en vida", denuncian.

La defensa, además, recuerda que, en caso de ser extraditado, cabría la posibilidad de que el juicio no fuera completamente justo. Y es que el equipo jurídico entregó ante la Audiencia Nacional un informe en el que detalla el espionaje al que habría sido sometido por una empresa española mientras estuvo asilado en laembajada de Ecuador en Londres, prácticas que van desde la colocación de micrófonos y cámaras, copiar teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que el periodista tuvo contacto. Todo el resultado de este espionaje podría haber sido entregado a la CIA. La justicia británica autorizó al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a investigar si esto fue así. 

Pero no sólo por eso. Según Martínez, cabe la posibilidad de que, en caso de ser extraditado, tampoco tenga un juicio justo, pues la pena, critica, es completamente "desproporcionada". Los 175 años de cárcel a los que podría ser condenado, lamenta, es prácticamente "una cadena perpetua". Y eso, dice, sólo "por publicar información veraz" sin desvelar sus fuentes, algo protegido por la Primera Enmienda de los Estados Unidos, aquella que recoge, recuerda el abogado, la libertad de expresión, de información y de prensa. Esta enmienda, dice Martínez, "ha protegido siempre a todos los periodistas, por eso Assange está protegido y por eso los medios estadounidenses están protestando, porque no se puede perseguir a una agencia de noticias por publicar información veraz, por más que se argumente que afectó a la seguridad nacional". 

Un manifestante sostiene una pancarta con la foto de Assange durante una protesta en Australia por una mayor protección de la libertad de prensa. | EP

391.000 documentos secretos del Pentágono revelados en 2010

Los problemas de Assange con la justicia, tanto la sueca como la estadounidense, comenzaron en 2010. Fue entonces cuando toda esa información clasificada por la que Estados Unidos quiere juzgar a Assange salió a la luz. Se trató, concretamente, de un total de 391.000 documentos secretos del Pentágono relativos a la Guerra de Irak, lo que consituyó una filtración sin precedentes por entonces de la que se hicieron eco medios a escala mundial. En esos documentos se recogían varias denuncias de torturas y abusos que EEUU nunca investigó y muertes de civiles de las que no se informó. Ese mismo año, la organización de Assange también publicó otros 91.000 documentos secretos relativos a la Guerra de Afganistán, documentos sobre la prisión de Guantánamo y 250.000 cables diplomáticos de EEUU. 

Todo con la ayuda de Chelsea Manning, la exsoldado estadounidense que filtró toda esa información a WikiLeaks, lo que le valió una condena de 35 años de prisión. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente envió a la organización de Assange. Tres años después de hacerlo, la justicia estadounidense la condenó por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. 

Sin embargo, el expresidente de EEUU Barack Obama conmutó su pena en 2017, antes de dejar la Casa Blanca. No obstante, tras la detención de Assange y con motivo de la celebración del juicio de extradición, su nombre ha vuelto a la primera plana. Y es que, tal y como detalla Martínez, la primera acusación de "conspiración" que el país achaca al fundador de WikiLeaks tiene que ver, precisamente, con los tratos que tuvo con Manning para obtener la información. Y es que "Assange se implicó en una conspiración [...] para ayudar a Manning a hackear la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta, usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", aseguró la Fiscalía de EEUU el pasado mes de abril.

Por eso llamaron a la exsoldado a declarar. "Antes de entrar a la sala dice que la están forzando para decir que Assange la instruyó [para el hackeo de información]. Pero señala que es falso y, entonces, se niega a declarar", explica Martínez, que añade que, precisamente por ese motivo, Manning ha vuelto a prisión, donde tendrá que estar hasta que se muestre dispuesta a declarar. "Puede estar ahí toda la vida", lamenta Martínez.

Imagen de archivo tomada el 01 de octubre de 2018 que muestra a la exsoldado Chelsea Manning.

La batalla por la libertad de prensa y de expresión de los defensores de Assange

Alrededor de la batalla judicial de Assange ha habido una lucha por la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Según su defensa y sus adeptos, las filtraciones no suponen un delito porque la manera en la que se obtuvo la información formaba parte de su trabajo como periodista. En este sentido, Amnistía Internacional emitió este viernes un comunicado en el que instaba a las autoridades de EEUU a retirar todos los cargos contra el fundador de WikiLeaks para que pueda ser puesto en libertad de inmediato. En caso de no hacerlo, añadió la organización, Reino Unido debería garantizar que Assange no sea extraditado al país, "donde puede correr un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos". "La impacable persecución del Gobierno estadounidense contra Julian Assange por la publicación de documentos a los que tuvo acceso sobre posibles crímenes de guerra, entre otros, cometidos por el ejército de EEUU no es sino un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión", aseguró Massimo Moratti, director adjunto para Europa de la ONG. 

El problema de que Assange finalmente sea juzgado en EEUU por los delitos de espionaje es el efecto que tendrá una posible condena sobre el resto de informadores que, como Hervé Falciani o Rui Pinto, desvelaron secretos gubernamentales sobre posibles prácticas delictivas. "El efecto amedrentador que puede tener sobre los profesionales de los medios de comunicación y quienes denuncian actuaciones gubernamentales indebidas y publican información procedente de fuentes creíbles podría tener profundos efectos sobre el derecho de la ciudadanía a saber qué hacen sus gobiernos", añadió Moratti.

Por Julian Assange, en defensa del periodismo

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En España, ha sido Xnet la organización más implicada en la protección de este tipo de figuras. De hecho, el pasado mes de diciembre consiguió que ERC, Compromís, BNG y Más País registraran una proposición de ley que traspone la directiva de la UE de protección de los alertadores. Era la segunda vez que la iniciativa, redactada por la propia plataforma, llegaba al Congreso de los Diputados. La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores —conocidos como whistleblowers en inglés—, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés general.

Además del caso Assange, Hervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football Leaks, difundidos por la red de medios europeos EIC (a la que pertenece infoLibre); Antoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales y Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA.

Un hombre pasea por delante de un graffiti de apoyo a Assange en Londres, Reino Unido. | EP