El Ministerio de Trabajo rechaza el 10% de los ERTE por fuerza mayor, más del doble que las comunidades autónomas

El parón al que la pandemia ha abocado a miles de empresas se ha traducido en un tsunami de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la mayoría de fuerza mayor: suspensiones de contrato y reducciones de jornada –y sueldo– para intentar sobrevivir a la pérdida de actividad causa por el covid-19. Un instrumento cuya presencia en las estadísticas era hasta ahora casi anecdótica se ha convertido en recurso indispensable. Para hacerse una idea del volumen que han alcanzado basta con recordar que, en todo 2019, se presentaron un total de 2.169 ERE de todo tipo –además de suspensión y reducción de jornada, incluyen los de extinción, los despidos colectivos–, que afectaron a 88.927 trabajadores. De ellos, sólo 1.504 fueron incluidos en ERE de fuerza mayor, cuyo número de expedientes no publica el Ministerio de Trabajo. Pero, en sólo dos meses este año, el número de ERTE por fuerza mayor se ha disparado hasta los 530.000, según los datos facilitados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado 5 de mayo. Los trabajadores incluidos superan los 3,1 millones. Hasta ahora, en el año en que más ERE se habían presentado fue 2012, en lo peor de la anterior crisis, cuando se registraron 27.570 expedientes de todos los tipos y 483.313 trabajadores resultaron afectados.

Con el aumento de los ERTE de fuerza mayor también ha recuperado protagonismo la autorización administrativa, que desapareció de las regulaciones de empleo convencionales con la reforma laboral de 2012. Desde entonces, para ejecutar un despido colectivo, suspender contratos o recortar jornadas a sus plantillas por causas económicas, organizativas o de producción, las empresas no deben pedir permiso a la autoridad laboral correspondiente, sino que basta con comunicar que abren el proceso de negociación con los representantes de sus trabajadores.

Por el contrario, los de fuerza mayor deben pasar por el filtro del Ministerio de Trabajo, si la empresa tiene centros de trabajo en diferentes comunidades autónomas, o por el de las consejerías de Empleo autonómicas si la empresa no traspasa sus límites territoriales. Las administraciones tienen un plazo de cinco días para contestar las solicitudes. Si lo supera, se entiende que el silencio administrativo equivale a su aprobación. No obstante, algunas comunidades autónomas lo han ampliado a 10 días, incapaces de hacer frente a la sobrecarga de trabajo administrativo que se les ha venido encima en tan poco tiempo.

Todas las consejerías consultadas, así como el propio ministerio, aseguran que se están rechazando muy pocas solicitudes de ERTE por fuerza mayor. Aun así, Trabajo ha denegado el 10%, según las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento. El ministerio más que duplica la tasa de rechazo autonómica. La más alta es la de Baleares, que alcanza el 4,36% de los 21.038 expedientes tramitados, explican fuentes de la Conselleria de Treball. Le sigue la Comunidad de Madrid, con un 4,2% de desestimaciones, 3.039 de los 72.135 ERTE presentados a fecha del pasado día 11. La Xunta de Galicia ha descartado al 3,5% de los solicitados, 1.139 de los 35.000 que ha tenido que examinar. Cataluña baja hasta el 3% de rechazos, 2.693 de los 96.217 recibidos. Los gobiernos más generosos son el País Vasco, con sólo un 2% de desestimaciones –550 de un total de 26.817 solicitudes–, y Andalucía, que apenas ha dicho no al 1,1%: 1.067 de 97.000 presentados.

La caída de ventas no justifica la fuerza mayor

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Trabajo el porqué de esa disparidad de porcentajes, pero el departamento se ha limitado a explicar cuál es el principal motivo de rechazo: las empresas alegan sólo una caída de las ventas o de la producción para justificar la fuerza mayor. Y, aunque la causa de esos descensos sea el coronavirus, estos desajustes de ingresos no bastan para argumentar que existe fuerza mayor y acceder, por tanto, a las exenciones de cuotas –de hasta el 100% si la empresa tiene menos de 50 trabajadores– que establece el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto del covid-19.

Por el contrario, sólo pueden solicitar un ERTE por fuerza mayor las compañías que hayan cerrado por orden de la autoridad, o que hayan parado por completo porque sus plantillas no pueden ir a trabajar debido a las restricciones impuestas al transporte, o porque tengan a sus empleados de baja o en cuarentena por el coronavirus.

Sin embargo, muchos empresarios han optado por recurrir a la fuerza mayor sin cumplir estos requisitos, coinciden también las comunidades autónomas consultadas al respecto. O no acreditan con documentación suficiente –albaranes, correos de proveedores, por ejemplo– que su caso es en efecto de fuerza mayor, asegura la Junta de Andalucía. La Comunidad de Madrid también explica que la mitad de las solicitudes denegadas en su territorio corresponden a determinadas empresas de sectores como el comercio al por mayor y al por menor o despachos jurídicos y de contabilidad, que no estaban sujetas a suspensión en el real decreto-ley por no ser esenciales. Lo mismo ha ocurrido con empresas de la construcción especializada, servicios a edificios y jardinería u oficinas.

En el País Vasco la hostelería y la industria suman cada uno el 25% de los trabajadores afectados por los ERTE. En Cataluña, el 83% de los expedientes por fuerza mayor corresponden a empresas del sector servicios. En total, 607.574 trabajadores están afectados.

De Burger King a los autobuses municipales

El ERTE solicitado por la cadena de comida rápida Burger King fue uno de los primeros rechazados por el Ministerio de Trabajo. Tuvo que reducirlo de 14.000 a 12.300 empleados y reabrir más de un centenar de sus locales, puesto que debía seguir atendiendo el servicio de comida a domicilio. También fue descartado el ERTE de fuerza mayor presentado por la multinacional Arcelor Mittal, que tiene factorías en Asturias, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Madrid. El ministerio entendió que la medida era “desproporcionada” para la situación de la empresa. Así que días después presentó un ERTE por causas económicas y productivas para 8.000 de sus trabajadores y con un año de duración, además de anunciar la parada de un alto horno, entre 50 y 100 despidos y la anulación de las inversiones previstas. Aún está negociando con los sindicatos las condiciones de este segundo ERTE.

En Aragón, el Gobierno autonómico dijo no al ERTE solicitado por la concesionaria del autobús urbano de Zaragoza, Avanza, que alegaba una reducción del 20% del servicio. Y en la Comunidad Valenciana fue desestimado el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital porque, respondió la Generalitat, las empresas públicas no pueden acogerse a un ERTE por fuerza mayor.

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En un principio también fueron rechazados los expedientes presentados por las empresas proveedoras de hostelería en todas las comunidades autónomas, que perdieron el 95% de su actividad por el cierre obligado de bares y restaurantes. El motivo, que están encuadradas como industria alimentaria, un sector considerado esencial.

En Cataluña lo intentaron, sin éxito, la clínica Dexeus y el proveedor del automóvil Lear. La solicitud de la primera fue denegado porque el sector de la salud es uno de los catalogados como esenciales. En el segundo caso, la Generalitat argumentó que la caída de la cartera de pedidos esgrimida por el fabricante sólo justifica un ERTE por causas económicas o productivas.

Otros han sido más sorprendentes. Como el que solicitaron los pastores de la Iglesia evangélica.