Cien trabajadores de uno de los estadios del Mundial de fútbol de Catar llevan siete meses sin cobrar

Un centenar de obreros que trabajan en la construcción del Estadio Al Bayt de Catar, uno de los emblemas del Mundial de fútbol de 2022, llevan hasta siete meses sin cobrar, según una investigación de Amnistía Internacional de la que se hace eco Europa Press. La organización ha denunciado los reiterados abusos laborales cometidos en el marco de los preparativos del macroevento deportivo.

En concreto, se trata de unos cien empleados extranjeros de Qatar Meta Coats (QMC), una firma subcontratada para trabajos en la fachada del estadio, situado en la ciudad de Al Jor y con capacidad para 60.000 espectadores. Amnistía ha podido comprobar que no cobran el dinero que le corresponden y que la empresa no les ha renovado los permisos de residencia, necesarios para no ser deportados a sus países de origen --principalmente Ghana, Kenia, Nepal y Filipinas--.

A raíz de que la ONG se pusiese en contacto con las autoridades qataríes, la FIFA y los organizadores del Mundial, algunos de los empleados han comenzado a recibir parte del dinero adeudado, pero no todo, según Amnistía, que ha asegurado que la comisión que coordina el evento ya tenía constancia de impagos desde julio de 2019.

Para el responsable de la sección de Justicia Económica y Social de la ONG, Steve Cockburn, este caso no es sino "la última evidencia clara de lo fácil que resulta explotar a los trabajadores en Catar, aunque estén construyendo una de las joyas de la corona del Mundial".

"Durante años, hemos instado a Catar a reformar el sistema, pero los cambios claramente no han llegado lo rápido que deberían. No debería ser necesaria una investigación de Amnistía para que los trabajadores cobren lo que se les adeuda", ha añadido Cockburn en un comunicado.

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De hecho, varios de los afectados intentaron resolver sus disputas por la vía legal sin éxito. Algunos empleados han asegurado que las empresa les prometió que les pagaría solo si accedían a rescindir sus contratos y salir del país, mientras que otros no pudieron acceder a las obras como represalia por presentar una queja o no acceder a las presiones de QMC.

A finales de febrero, todos los trabajadores que aún seguían en el estadio fueron remitidos a la fábrica, donde se elaboran diversos materiales. Allí continuaron trabajando, también sin sueldo, hasta el 22 de marzo, cuando las instalaciones cerraron por las medidas adoptadas para contener la pandemia de covid-19.

Para empleados como Kiran (nombre ficticio), los impagos suponen la imposibilidad de pagar la deuda --de hasta 1.600 euros-- que adquirieron para poder trabajar para QMC en Catar. "Soy la única persona que se hace cargo de mis padres y mis hermanos y pensé que yendo a Catar las cosas mejorarían para todos nosotros (...), pero no salieron como esperaba", ha lamentado en declaraciones a Amnistía.