La prueba de determinación de edad que España hace a los migrantes no acompañados viola los derechos humanos

Los expertos que forman el Comité de los derechos del niño (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas considera que el procedimiento de determinación de la edad que se realiza en España a los jóvenes extranjeros no acompañados viola los derechos humanos.

Con esta, explica el CDN, ya son 14 las decisiones adoptadas contra España desde 2019 en materia de determinación de la edad de los menores migrantes.

En concreto, los expertos han encontrado varias violaciones de la Convención de los derechos del niño, en particular, el derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, el comité recuerda el caso de M.B., un joven guineano de 17 años que en junio de 2017 llegó a Almería, después de que la patera en la que viajaba fuera interceptada por la Cruz Roja. Según relata, M.B. informó al personal de la organización y a la policía española de que era menor de edad. Sin embargo, la policía lo registró como adulto de 21 años sin procederse a determinar su edad.

Sin reconocimiento como menor

"Las autoridades españolas denegaron su solicitud de asilo y se le retuvo en un centro de internamiento para extranjeros adultos en Madrid", ha denunciado el CDN. Según relata el comité, fue la Fundación Raíces la que consiguió obtener una copia de su certificado de nacimiento de Guinea, que acreditaba su minoría de edad, y lo presentó ante varias instancias.

"Aunque se le puso en libertad tras 52 días en el centro de internamiento, no se le reconoció como menor de edad, no se le asignó un tutor que velara por sus intereses ni se le ofreció la protección a la que los niños tienen derecho de conformidad con el derecho nacional e internacional", apunta el organismo de la ONU.

También ha puesto como ejemplo el caso de A.L, arrestado por la policía cuando intentaba acceder a la costa de Almería ilegalmente a bordo de una patera en abril de 2017. Aunque carecía de documentos y no estaba acompañado, informó a la policía que tenía 17 años.

Sin respuesta del juzgado 

Se le trasladó al hospital donde se la practicó una radiografía de la mano izquierda para determinar su edad. Los resultados del examen determinaron que la edad ósea de A.L. era de más de 19 años, por lo que la Fiscalía emitió un decreto determinando era adulto y se le trasladó a un centro de internamiento de extranjeros.

También con la ayuda de Fundación Raíces, indica el CDN, A.L. presentó su certificado de nacimiento al Juzgado de Almería para probar su minoría de edad. Sin embargo, nunca recibió respuesta del juzgado, razón por la que llevó su caso ante el Comité.

Según señalan los expertos, en los 14 casos recibidos para su estudio, España "no realizó un procedimiento adecuado de determinación de la edad". En este sentido, indica que, la radiografía comúnmente practicada tiene un margen de error de cuatro años.

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El Comité ha destacado la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad, dado que el resultado de dicha determinación condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños.

"El debido proceso en la determinación de la edad de una persona, incluido el acompañamiento por representante y la posibilidad de apelar el resultado de dicha determinación, son esenciales", ha declarado el presiente del CDN, Luis Pedernera. Según ha señalado, "mientras el procedimiento esté pendiente, la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal".

Es por eso que ha hecho un llamamiento a España para que asegure que el mejor interés del niño sea tomado como una consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad.