La oposición de Casado no ha sido total antes de su ruptura con Vox: el PP ha apoyado el 44% de los decretos leyes del Gobierno

"Quizá, lo que les gusta es gobernar a golpe de decreto; les gusta gobernar sin contrapeso legislativo; les gusta gobernar sin control judicial; les gusta gobernar como quieren, porque gobiernan muy mal y porque la eficacia se ha visto demostrada en el número de contagios y de fallecidos en esta pandemia". Quien así habla es el líder el Partido PopularPartido Popular, Pablo Casado. Es jueves 29 de octubre el jefe de la oposición da réplica en el Congreso de los Diputados al discurso con el que el ministro de Sanidad defendió la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

El jefe de los conservadores ponía sobre la mesa el debate sobre el abuso de este tipo de iniciativas reservadas según el artículo 86 de la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. No pasa inadvertido, no obstante, que España lleva desde el pasado marzo en una situación excepcional derivada del covid-19. Y que el PP ha ido de la mano del Gobierno en casi la mitad de las ocasiones en las que se han convalidado reales decretos leyes en el Ejecutivo.

Según los datos recopilados por infoLibre, en lo que va de la XIV Legislatura –arrancó el 3 de diciembre– el Congreso ha debatido la convalidación de 32 reales decretos, el 43,75% del total. En 14 ocasiones, el PP ha ido de la mano del Gobierno votando sí. En ocho ocasiones se ha opuesto y en diez se ha abstenido.

Una vez que salen del Consejo de Ministros, los decretos leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en la Cámara Baja en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Los principales acuerdos

La primera vez que el PP se suma a un decreto del Gobierno esta legislatura fue el cuatro de febrero, cuando votó a favor de un paquete de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Ese mismo día también se puso del lado del Ejecutivo en lo relacionado con la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social.

El 25 de marzo, la Cámara Baja convalidó cinco decretos leyes. España ya estaba en estado de alarma. De estas cinco iniciativas, el PP apoyó tres y se abstuvo en dos. Los tres que respaldó están todos relacionados con medidas para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del convid-19. Se abstuvo en un paquete de medidas urgentes en materia de economía y alimentación y en el que derogaba el depido objetivo por falta de asistencia al trabajo.

Un mes después, el 29 de abril apoyaba la ampliación del plazo para la presentación e ingresos de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias y se abstenía en el decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia de género.

El PP también ha ido de la mano del Gobierno en lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, en el decreto de "medidas sociales en defensa del empleo", en la creación del fondo covid-19 para las comunidades autónoma o en el del Ingreso Mínimo Vital.

El hecho de que el PP se opusiera a ocho decretos leyes no ha supuesto, como norma general, ningún riesgo para el Gobierno pudiera sacar estas iniciativas adelante. Sólo en una ocasión en lo que va de legislatura se ha visto derrotado. Fue el 10 de septiembre cuando se votaba el real decreto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, que el Congreso rechazó con contundencia: 156 votos a favor frente a 193 en contra. Tiempo después, el Ministerio de Hacienda rectificaba y anunciaba, a la vez que suspendía las reglas fiscales para todas las administraciones en 2020 y 2021, que permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería "para colaborar así en la reconstrucción económica y social".

Sintonía en la defensa de la monarquía

En lo que tiene que ver con proposiciones de leye, iniciativas que parten de los grupos parlamentarios, el registro del Congreso no refleja que a día de hoy se ha aprobado ninguna. No obstante, PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo esta semana a la hora de rechazar la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Este es uno de los campos en los que socialistas y conservadores siguen entendiéndose.

¿Es posible ampliar el campo de entendimiento?

Desde la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, cuando Pablo Casado verbalizó un discurso muy contundente contra la extrema derecha, el Partido Socialista ha insistido en que el PP tiene demostrar si ese giro es simplemente estratégico o si tiene visos de estabilidad, de permanencia. En definitiva, si en realidad es el "punto de inflexión" que vendieron los conservadores.

Ha transcurrido sólo una semana desde la moción y en el Gobierno defienden que las cosas, de momento, van por mal camino. Y ponen dos ejemplos muy claros. Uno: que Casado se abstuvo en la prórroga del estado de alarma por seis meses, cuando la medida, en esencia, pretende dar cobertura legal a las comunidades autónomas para imponer restricciones que permitan contener al virus. Y dos: que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha habido avances pese al "gesto" de Pedro Sánchez de congelar la reforma de la ley del CGPJ planteada por PSOE y Unidas Podemos a la espera de que Casado vuelva a la mesa de negociación.

¿Partido de estado o partido que imita a la extrema derecha?

En el PP lamentan que el PSOE pretendiera una adhesión de su Grupo Parlamentario a la prórroga del estado de alarma sin negociar nada, sin sentarse a hablar con ellos. Tienen la sensación de que una vez que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) garantizó su apoyo a cambio de que Sánchez comparezca en el Congreso cada dos meses no les interesó negociar nada más porque les permitía un doble objetivo: una amplia mayoría de la medida y seguir empujando al PP a la foto de Colón.

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No obstante, en Génova aseguran seguir dispuestos a llegar a acuerdos con el Ejecutivo en grandes asuntos de Estado como la renovación de los órganos constitucionales, empezando por el CGPJ. Estas fuentes mantienen que podrá haber avances en cuanto desde el Gobierno cumplan la primera condición que ponen, la de que PSOE y Unidas Podemos retiren la proposición de ley de reforma. A Casado no le basta, señalan, con que se pare el reloj de la tramitación parlamentaria. Además de la retirada, el PP quiere garantías de que el partido morado no participa en el proceso y que se "despolitice" el órgano de gobierno de los jueces.

En lo que tiene que ver con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en el Gobierno hay un reparto muy claro de papeles a la hora de acercarse el PP. El entorno más próximo al presidente presiona al PP asegurando que se les acaba el tiempo, que si no dan el paso la reforma se reactivará. Y desde el Ministerio de Justicia han optado por una posición más flexible. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió este viernes que mantiene conversaciones con el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, para sacar adelante la renovación del CGPJ. "No sé si se podría denominar negociación. ¿Se está hablando? Sí, no hemos dejado de hablar. El portavoz del PP y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos", reveló en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Además, mostró una "razonable esperanza" en que la negociación llegue a buen puerto.