La comisión contra la desinformación desarrolla recomendaciones europeas copiadas literalmente y no contempla intervenir en medios

“Moncloa amenaza a la prensa con un ‘Comité de la Verdad”. “La Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet”. “El Gobierno crea un ‘Ministerio de la verdad’ para vigilar a los medios”. Son sólo tres titulares de prensa publicados este viernes por medios que consideran una amenaza a la libertad de expresión la decisión del Gobierno de poner en marcha un procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Lo cierto es que la iniciativa del Gobierno sigue la estela de las adoptadas por otros países —y sobre todo de las recomendaciones de la Unión Europea— para prevenir los efectos negativos de las campañas de desinformación en materias sensibles como los procesos electorales, la crisis sanitarias como la que vivimos en la actualidad, el cambio climático o la seguridad.

Y no es algo nuevo. Ni tampoco secreto.  El Gobierno lo lleva haciendo desde marzo de 2019, como en su día anunció Moncloa y este viernes confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, atendiendo una petición de Bruselas. Lo único que acaba de cambiar es el procedimiento para crear un mecanismo que permita trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad civil las campañas de desinformación que los técnicos decidan que es necesario divulgar para así contrarrestar sus efectos.

Ejemplos no faltan. Las elecciones en Estados Unidos de hace cuatro años o el referéndum del Brexit ya se estudian en las facultades como casos demostrados de utilización exitosa de la desinformación para manipular a los ciudadanos y cambiar el signo de una votación. La pandemia del covid-19 ha sido pródiga en ejemplos de noticias falsas, como también eventos relacionados con la seguridad como los atentados terroristas de Barcelona de hace tres años.

Fuentes de Seguridad Nacional subrayan que no se ocupan de las llamadas fake news sino de campañas de desinformación. Distinguen las primeras, que caracterizan como meros contenidos falsos puntuales, de las segundas, que buscan modificar comportamientos sociales sin mentir expresamente pero sí llevando al límite la verdad. Un ejemplo: la campaña robotizada que mediante llamadas telefónicas pidió a miles de votantes norteamericanos que no acudiesen a votar en las recientes elecciones en Estados Unidos. Las campañas de desinformación, sostienen las mismas fuentes, “buscan sesgar y polarizar a la opinión pública en determinados temas”. Y aunque desde marzo de 2019 no se ha detectado ninguna que buscase influir en las elecciones, sí hay constancia de muchas iniciativas con origen en terceros países. La última de la que se está ocupando Seguridad Nacional tiene como objetivo desacreditar la vacuna del covid-19 meses antes incluso de que sea una realidad.

La Unión Europea lleva debatiendo el problema muchos años pero no tomó cartas en el asunto hasta 2018. Ese año aprobó una comunicación que explícitamente emplazaba a los Estados a tomar medidas. Respetando “estrictamente la libertad de expresión” e incluyendo “controles preventivos que eviten su uso indebido” para, por ejemplo, censurar “contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos”.

Medidas “para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación” y destinadas a fomentar “la educación y de la alfabetización mediática”, así como a apoyar “un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática”. Pero también para desarrollar “actividades de difusión adecuadas” capaces de “contrarrestar las falsas narrativas”.

Movilizar a la administración

Ese mismo año, pero en diciembre, el Consejo de la UE aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación. Es en este documento en el que se basa, a veces literalmente, el procedimiento aprobado el jueves por España. Este plan estableció que “la lucha contra la desinformación requiere determinación política y una acción unificada que movilice a todas las ramas de las Administraciones públicas (incluidos quienes se encargan de la lucha contra las amenazas híbridas, la seguridad informática, la inteligencia y la comunicación estratégica, la protección de datos, el sistema electoral, las autoridades policiales y judiciales y las autoridades que rigen los medios de comunicación)”.

El Consejo Europeo de diciembre de 2018 encargó a los Estados miembros la creación de “un sistema de alerta rápida para avisar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica”.

Posteriormente, la Comisión Europea nacida de las elecciones de 2019 anunció su intención de poner en marcha un Plan de Acción para la Democracia Europea con el fin de ayudar a mejorar la resistencia de las democracias y hacer frente a las amenazas de interferencia externa. Un plan que debía adoptarse en el cuarto trimestre de 2020 en torno a tres temas: la integridad de las elecciones y cómo asegurar que los sistemas electorales sean libres y justos, el fortalecimiento de la libertad de expresión y el debate democrático, teniendo en cuenta la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y el abordaje dela desinformación de manera coherente, teniendo en cuenta la necesidad de examinar conjuntamente todos los medios utilizados para interferir en nuestro sistema democrático. Tres puntos que también están, literalmente, en el procedimiento creado por el Gobierno de Sánchez.

Más allá de las indicaciones de la Unión, los países han desarrollado muy diferentes estrategias contra la desinformación. Según el Poynter Institute, una prestigiosa escuela de periodismo e investigación sin ánimo de lucro de St. Petersburg (Florida, EEUU) que las está recopilando, son ya muchos los países que han tomado medidas. Desde la aprobación de nuevas leyes (es el caso de la Francia del liberal Emmanuel Macron) a la puesta en marcha de grupos de expertos de académicos y periodistas, además de campañas de alfabetización mediática y de concienciación sobre el problema (Bélgica y Países Bajos).

Otros, como Estados Unidos, han combinado iniciativas locales de alfabetización mediática (California) con intentos de regulación por ley de las redes sociales y de sus fuentes de ingresos que todavía no se han concretado. Italia, en cambio, optó por poner en marcha un portal sobre desinformación al que los ciudadanos pueden plantear denuncias que son investigadas por una unidad policial especializada en ciberdelitos.

La estrategia española encaja en el tipo de iniciativas que han adoptado países como Canadá, que en enero de 2019 creó un grupo de trabajo del Gobierno para monitorear y responder a la desinformación. Suecia también sigue este modelo: en 2018 creó una autoridad encargada de garantizar la difusión de información pública de hechos de forma “rápida y eficaz”, así como identificar, analizar y confrontar operaciones para influir en la opinión pública con desinformación.

Reino Unido decidió realizar un informe parlamentario y crear un grupo de trabajo dependiente del departamento de seguridad nacional para “combatir la desinformación” que tenga origen en terceros países. Pero también ha anunciado planes para que las escuelas enseñen a los niños a detectar información errónea.

Alemania, en cambio, después de un intenso debate, optó por no regular la lucha contra la desinformación, aunque sí ha previsto loen en marcha medidas formativas para aprender a distinguir la desinformación.

Mentiras deliberadas

¿Pero qué se entiende por desinformación (lo que popularmente se conoce como fake news o noticias falsas) y por qué muchos medios y algunas organizaciones de periodistas se consideran amenazados por esta iniciativa del Gobierno?

La orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 1030/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Estado, hace suya la definición de desinformación de la Unión Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.

La iniciativa del Gobierno, una trasposición de recomendaciones de la Unión Europea para luchar contra la desinformación que se remonta años atrás, no es más que una actualización del procedimiento de actuación contra la desinformación vigente desde marzo de 2019. ¿Y en qué consiste? En “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación”.

¿Cómo lo hacen? El procedimiento identifica en primer lugar los órganos, organismos y autoridades del sistema que se ocupan de este asunto en el Gobierno. Básicamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la Secretaría de Comunicación y ministerios como Defensa, Interior, Exteriores y Transformación Digital.

También establece “niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación” y define “una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos”. Los niveles de actuación van desde la creación de mecanismos de monitorizacion técnica a la “gestión política” en el marco del sistema de seguridad nacional.

De acuerdo con el procedimiento, cuando se detecta una campaña de desinformación es analizada antes de tomar la decisión de que la Secretaría de Estado de Comunicación ponga en marcha una campaña de comunicación pública. En última instancia, el DSN evalúa la necesidad de una respuesta “política”, especialmente si, como es habitual, el origen de la desinformación corresponde “a un tercer estado”. El Gobierno podrá además elevar las alertas a la Unión Europea.

De lo que, de momento al menos, se ha olvidado el Gobierno es de otras recomendaciones de la UE para luchar contra la desinformación. En la comunicación de 2018 la UE proponía, entre otras cosas, la adopción de medidas para que las plataformas en línea actuasen “con rapidez y eficacia para proteger a los usuarios contra la desinformación” castigando a los pseudomedios de desinformación penalizando sus ingresos publicitarios, garantizar la transparencia del contenido patrocinado para que se sepa quién lo paga y promoviendo indicadores de fiabilidad de las “fuentes de contenido basados en criterios objetivos y avalados por las asociaciones de medios de información, de acuerdo con los principios y procesos periodísticos, la transparencia con respecto a la propiedad de los medios y la verificación de la identidad”.

Eso es algo que le han reprochado en las últimas horas organizaciones de periodistas como la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España. “No existe una estrategia viable de lucha contra la desinformación sin los periodistas”, señalaron este viernes en un comunicado. Por eso, aseguran, es tan necesario “avanzar en la defensa de la profesión periodística, dotándola de instrumentos de autorregulación y de una protección específica”. Así como “implantar en el sistema educativo estrategias para que las nuevas generaciones adquieran el hábito de consumir información de los medios de comunicación, lo que fomentará su pensamiento crítico y les datará de herramientas para poder detectar y combatir la desinformación”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), por su parte, instó al Gobierno a que "aclare cuanto antes" el procedimiento ante “las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo" y especuló con la supuesta intención del Ejecutivo de decidir la línea editorial de los medios.

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Nadie se acuerda ahora de la recomendación aprobada por el Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación en 2013 por encargo de la Comisión Europea que algunas organizaciones profesionales creen que hubiese puesto a Europa en el camino de la solución. Aquella recomendación pedía a todos los países de la UE la creación de consejos independientes de medios de comunicación, “con una afiliación política culturalmente equilibrada y socialmente diversa. Las nominaciones a ellos deben ser transparentes, con una función de control y equilibrio. Estos cuerpos tendrían competencias para investigar quejas, tales como un defensor del lector; pero también comprobarían que las organizaciones de medios publiquen su código de conducta y revelen los detalles sobre la propiedad, las declaraciones de conflictos de interés, etc”.

Los consejos de medios de comunicación, añadía la conclusión de este Grupo de Alto Nivel de la UE, “deben tener poderes de aplicación real, como la imposición de multas, el deber de publicar o transmitir disculpas o la supresión del estatus de periodista. Los consejos de medios de comunicación nacionales deberán seguir un conjunto de estándares europeos amplios y ser controlados por la Comisión Europea para asegurar que cumplen con los valores europeos”.

No es la primera vez que la desinformación se convierte en un arma arrojadiza en el polarizado mapa político español. El pasado mes de abril, en plena primera ola de la pandemia, la derecha mediática, el PP y Vox acusaron a Pedro Sánchez de intentar censurar las redes sociales después de que plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube y hasta el buscador Google tomasen medidas para frenar la proliferación de mentiras fabricadas para influir sobre la opinión pública y dificultar la lucha contra el virus. Y llegaron a acusar a la Moncloa de intentar limitar la libertad de expresión y el derecho a loa información, apoyándose en una pregunta del CIS y en las instrucciones de la Guardia Civil para perseguir “bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.