No, ministra, así no

Corresponde al Ministerio de Defensa, por delegación del Gobierno, dirigir la administración militar, siendo la gestión de los recursos humanos un elemento principal que alcanza gran importancia en la política general de Defensa, dada su peculiar interacción de personas, medios materiales y espacios de actuación, que se establece en ámbitos muy distintos a los de otras administraciones públicas. Esto hace necesario el desarrollo de una normativa muy específica que atienda a los derechos y deberes de sus miembros y su salvaguarda en los distintos ambientes de trabajo, de responsabilidades asignadas y de actuación profesional. Una ley orgánica específica regula los derechos de estos hombres y mujeres sometidos a una difícil (pero no imposible) convivencia de espacio profesional y espacio personal. Sin embargo, el Ministerio de Defensa falla estrepitosamente en la gestión de los recursos humanos, en el trato a sus personas y en la protección de sus derechos.

Hasta ahora, todos los responsables políticos que han pasado por el ministerio han fracasado en el intento de consolidar una política de personal efectiva atendiendo a la singularidad de las Fuerzas Armadas; todos y todas han tropezado en el mismo error de satisfacer a una mayoría con reconocimientos volátiles que no aportan ni mejora profesional ni retributiva, mientras que una minoría -altos cargos- consiguen, con el tiempo, su salida personal en las puertas giratorias.

La profesión de militar no es una “religión de hombres honrados”, ni resulta una suerte de monacato de las armas, ni se constituye en un cajón de sastre contra el desempleo. Consiste principalmente en un trabajo que, por vocación, por necesidad o por diversas circunstancias personales, un ciudadano decide alcanzar para su realización personal y, por supuesto, como sustento vital. Los idealismos románticos no sirven cuando un trabajador tiene que alimentar a una familia, tiene que realizarse como persona y ha de obtener su lugar en la sociedad como el ciudadano que es.

Justificar este trabajo solo por la vocación en su acepción casi religiosa, como tramposamente se hacía en época predemocrática, es intentar acotar el espacio de derechos de la persona para simplemente justificar el trato servil y la libre disposición de aquella por parte del empleador, desconociendo los derechos que amparan al trabajador. Esta concepción superada de la profesión militar obstaculiza tanto la defensa de los derechos laborales como el ejercicio de los derechos de ciudadanía de los militares en una sociedad democrática avanzada, como se pretende en España.

En este sentido, la actual Ministra de Defensa ha sucumbido al ejemplo dado por quienes le precedieron. Los hombres y mujeres militares sienten el abandono del ministerio quedando al albur de otras administraciones y, principalmente, de la arbitrariedad de los cuarteles generales. La ministra, como los anteriores responsables del departamento, no ha entendido la especial protección y el inexcusable reconocimiento de derechos que los militares profesionales llevamos décadas demandando. Hay una grave anomalía democrática cuando los militares no se encuentran en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dotó a los hombres y mujeres militares de ciertas herramientas para su participación activa en la defensa de sus derechos profesionales, económicos y sociales. Se abría así un nuevo escenario con elementos de participación y representación, nunca antes conocidos en el seno de los ejércitos. Sin embargo, el pleno desarrollo del asociacionismo militar se ha visto continuamente frenado por los cuarteles generales en medio de la desidia ministerial.

La titular de la cartera de Defensa comenzó su mandato dando muestras de atender las demandas de los militares desde el propio ámbito de participación de estos a través de sus asociaciones profesionales y del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Pero solo fue un espejismo. Al trasnochado y tradicional paternalismo del mando, se suma ahora el maternalismo que muestra la ministra tratando de dar y de otorgar premios y buenas palabras, en lugar de reconocer derechos y admitir, mediante la participación efectiva, la negociación con los trabajadores a través de sus representantes.

El verdadero avance en las Fuerzas Armadas no viene de conseguir el último modelo de avión en el mercado, sino en lograr que su personal se encuentre perfectamente integrado en ellas como miembros de la sociedad y con pleno reconocimiento de sus derechos. El asociacionismo profesional de los militares y el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas son los elementos vertebradores del derecho de participación a través de sus representantes como el resto de los trabajadores.

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La ministra conoce la situación de un asociacionismo estigmatizado, de unos derechos que no terminan de hacerse plenos, de una necesaria, y más que justa, actualización de los salarios, y de la cada vez más perentoria ley integral de la carrera militar. Todas estas reivindicaciones las tiene sobre su mesa de mano directa de los colectivos que les representan. Hacer oídos sordos, ningunear a sus representantes, supone una afrenta a la dignidad de unos trabajadores públicos que, sufriendo un recorte de derechos, ven sistemáticamente vaciados los derechos que les concede la ley.

El constante e intenso empeño en alabar a los miembros de las Fuerzas Armadas es inversamente proporcional a la atención efectiva que se les da. A la petición de impulso de derechos, de retribuciones justas, de carrera digna, se responde con palmaditas en la espalda y chapas en el pecho. La desconsideración de las reivindicaciones de los hombres y mujeres militares, el desconocimiento de sus canales de participación y representación, ayudan a mantener el rol de sirvientes -más que de servidores públicos- de los miembros de las Fuerzas Armadas.

No ministra; no hay que dejar de lado a las personas, no hay que menospreciar la contribución del asociacionismo profesional militar, no hay que dejar de considerar y atender en lo que puedan ser justas y razonables sus reivindicaciones; así, no.