Los alquileres más “asequibles” del Gobierno de Ayuso duplican la renta máxima que pueden asumir los madrileños más jóvenes

“Estas viviendas facilitarán que los jóvenes menores de 35 años puedan emanciparse y formar una familia”. Con estas palabras, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, presentaba a mediados de octubre en la localidad madrileña de Tres Cantos una de las parcelas donde el Ejecutivo regional contempla la construcción de “viviendas asequibles” en el marco del conocido como Plan Vive, un proyecto con el que se pretenden levantar en la región alrededor de 25.000 inmuebles durante los próximos ocho años. De momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha sacado a licitación las primeras parcelas. Sin embargo, los precios máximos de alquiler que se han puesto sobre la mesa, un 30% por debajo del de mercado –al principio se había dicho que sería de la mitad–, se alejan mucho de la realidad salarial que existe entre los jóvenes de la región, un sector duramente castigado por el desempleo y la precariedad laboral y que ahora mira con preocupación la crisis económica generada por la pandemia. En concreto, los que pueden resultar más accesibles duplican las rentas máximas que pueden afrontar los asalariados de entre 16 y 29 años en la comunidad autónoma. Y superan también con creces las que tienen capacidad de asumir los que sobrepasan la treintena.

El proyecto, con el que Vivienda espera generar unos 57.000 empleos anuales, ha dado comienzo con el visto bueno para la construcción de los primeros 6.646 inmuebles de los 15.000 que esperan levantar durante la presente legislatura. Todos ellos serán cedidos durante cincuenta años a las promotoras que se hagan con la licitación para las edificaciones en suelo público. Un periodo de tiempo en el que las firmas se encargarán de su explotación y alquiler. Renta para la que, no obstante, el Ejecutivo madrileño ha fijado unos precios máximos que dependen de la zona en la que se ubiquen. Los más asequibles, por ejemplo, serán aquellos que se encuentren en localidades como Getafe, donde el gasto mensual de los inquilinos se moverá alrededor de unos 660 euros –560 de alquiler y 100 de gastos adicionales–, mientras que en el barrio madrileño de Valdebebas el gasto mensual puede llegar a los 1.000 euros para el caso de una casa de tres dormitorios en urbanización con piscina y otros servicios. “En este caso hablamos del inmueble más premium, que en una zona como esa podría alcanzar en el mercado los 1.400 o 1.500 euros”, señalan desde Vivienda.

No obstante, las fuentes consultadas en el departamento dirigido por David Pérez quieren dejar claro que eso son los “precios máximos” y que en el proceso de licitación las promotoras pueden ofrecer condiciones más ventajosas, en tanto que es una de las variables que se tienen en cuenta a la hora de puntuar las ofertas. Sin embargo, los economistas consultados creen que esas cifras puestas sobre la mesa están muy por encima de lo que pueden asumir los jóvenes madrileños en estos momentos. “Si tenemos en cuenta que el salario inicial de estos segmentos de edad se sitúa alrededor de los mil euros mensuales, tienen muy difícil independizarse con esos precios”, sostiene al otro lado del teléfono Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler. En la misma línea se pronuncia Julio Rodríguez, miembro de Economistas Frente a la Crisis y expresidente del Banco Hipotecario, quien apunta que esos desembolsos son “relativamente altos” para los “nuevos salarios”. Es decir, que impiden que los jóvenes madrileños puedan independizarse sin tener que sobreendeudarse.

“Los precios no se ajustan a la realidad de los sueldos”

Los expertos en finanzas y el propio Banco de España recomiendan no destinar al pago del alquiler más de un tercio de los ingresos mensuales. Si tomamos esta cifra como referencia, cualquier joven madrileño que quisiera meterse en las viviendas más asequibles del Plan Vive sin estar con el agua al cuello debería ingresar en su cuenta cada final de mes alrededor de 2.200 euros. Una cifra que dista mucho de la que cobra este segmento de la población en la comunidad autónoma. Según datos del Consejo de la Juventud de España, el salario de una persona de entre 16 y 29 años se situaba en el primer semestre de 2020 –últimas cifras disponibles– en los 13.308 euros netos anuales, lo que equivale a unos 1.109 euros mensuales. Cantidad que que en el caso de los que se mueven entre los 30 y los 34 años –último año posible para beneficiarte de este proyecto de alquileres– asciende a los 17.937 euros, 1.494 euros mensuales. Unos niveles de precariedad que convierten el acceso a la vivienda en un completo lujo. Y aún más en los últimos meses, cuando como consecuencia de la pandemia el paro juvenil se ha incrementado en la región alrededor de un 50%, según recordó la semana pasada en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado.

Teniendo en cuenta todos estos indicadores, el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España cifra en 332,70 euros al mes la renta máxima tolerable que podría afrontar cada asalariado de hasta 29 años, que se eleva hasta los 448 euros en el segundo segmento de población joven –de los 30 a los 34 años–. Ana García se encuentra dentro del primer grupo. Esta periodista de 27 años trabaja como editora de contenidos educativos, un empleo con un sueldo que no llega a los 1.300 euros limpios. Por el momento, sigue viviendo con sus padres. Sin embargo, reconoce al otro lado del teléfono que le “agobia” poder acercarse a la treintena sin haber volado del nido. “He estado mirando, claro, pero me doy cuenta, teniendo en cuenta cómo están los precios, que no me puedo independizar yo sola”, cuenta a este diario. Ni siquiera, explica, a los más baratos que forman parte del catálogo del Plan Vive: “Si tengo que pagar, por ejemplo, unos 660 euros todos los meses en Getafe, más otros gastos como la comida o la luz, no me quedaría mucho más para mí. Los precios no se ajustan a la realidad de los sueldos”, dice.

En el caso de García, sólo se dejaría en el abono de la renta –incluyendo los cien euros extra de gastos– alrededor de la mitad de su sueldo. Al igual que ella, tampoco en el Sindicato de Inquilinos de Madrid ven accesibles para los jóvenes esas cantidades en las que se basa, a priori, el nuevo proyecto urbanístico. “Lo del Plan Vive no tiene nada que ver con vivienda asequible ni políticas de vivienda”, dice Javier Gil, presidente del colectivo. En su opinión, más bien, lo que refleja es el uso “una vez más” de la administración para “generar nuevos ciclos de especulación” o para “ayudar y dinamizar al sector inmobiliario”. “En este caso, vemos que los precios de estas viviendas no son asequibles. La Comunidad de Madrid, lo que está haciendo, es utilizar suelo público y recursos públicos para ofrecer mucha rentabilidad al sector financiero y a los grandes fondos y promotoras”, apunta Gil. En concreto, las viviendas que se van a levantar en el marco de dicho proyecto ofrecerán una rentabilidad a los inversores privados de algo más del 6%, tal y como explicó el director general de Vivienda, José María García, hace una semana en declaraciones a El Economista.

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En opinión de Inurrieta, si por algo se ha caracterizado el Ejecutivo madrileño en las últimas décadas es por dar facilidades “a los segmentos de renta más altos” en todos los sentidos. “Ven el sector público como una oportunidad de negocio”, continúa. En una línea similar se pronuncia Rodríguez, quien recuerda que otra de las tradiciones de la derecha madrileña en materia de vivienda social es “poner un tope de ingresos elevado”. En el caso del Plan Vive, los límites de acceso para estas viviendas deben moverse entre 1,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem): es decir, que pueden planteárselo las unidades familiares cuyos ingresos oscilen entre los 10.800 euros y los 40.000 anuales. Una horquilla más reducida que la establecida por el Ayuntamiento de Madrid en su programa de ayudas al alquiler. En este caso, que también ha levantado mucha polémica, el consistorio de José Luis Martínez Almeida ha decidido que puedan optar a este respaldo económico para afrontar el pago de la renta aquellos inquilinos que lleven cinco años empadronados en Madrid y cuyos ingresos brutos anuales, en función del número de niños, sean de entre 3 y 7,5 veces el Iprem –entre 32.200 y 88.200 euros anuales–.

Con los precios máximos manejados por el Ejecutivo regional, ambos economistas consideran que los jóvenes seguirán abocados a vivir en casa de sus padres. O, de independizarse, hacerlo en compañía. “Bueno, una pareja, siempre que ambos tengan trabajo, sí que podrían afrontar con mayor facilidad estos precios establecidos”, resaltan. En concreto, el Consejo de la Juventud de España sitúa en los 718 euros la renta máxima tolerable en un hogar joven cuyos integrantes tengan edades por debajo de la treintena. En el caso del segundo segmento, el que va de los 30 a los 34, ese límite asumible escala hasta los 795 euros. Sin embargo, no todos los jóvenes quieren dar sus primeros pasos fuera de casa en compañía. “Aunque tengo pareja, yo quiero independizarme sola un tiempo, por saber qué se siente”, explica la periodista, quien, a la vista de los costes desorbitados de un alquiler para una persona en la región, ha aprovechado que todavía está en el nido para tratar de ahorrar el máximo dinero posible. Luego, dice, ya verá si apuesta por esa opción o por una hipoteca, para lo que es fundamental una estabilidad laboral que todavía sigue esperando.

Para Rodríguez, la única manera de poner freno a la actual situación del mercado del alquiler pasa por un control de los precios “con penalizaciones” para aquellos casos que superen los “niveles medios” de una zona, frenando así “subidas más elevadas”, y por una “mayor oferta” de “vivienda social de alquiler”. “Hace falta un plan estatal que permita un incremento de estos inmuebles. En España, apenas tenemos parque de este tipo”, apunta. Del mismo modo, Gil pone sobre la mesa algunas recetas  que, dice, Madrid ya podría estar desarrollando “como han hecho otras comunidades autónomas”: “Regular el precio de los alquileres, sancionar la vivienda vacía, buscar formas intermedias apoyadas por la administración para que los grandes propietarios y las entidades financieras con vivienda vacía la introduzca en el mercado convirtiéndolas en alquileres sociales y asequibles, utilizar los inmuebles de la Sareb para ampliar el parque de vivienda pública…”.