Discriminación, acoso, camisas de fuerza y exorcismos: el calvario de las personas LGTBI en España

"Yo pensaba que era un monstruo". Noemí, profesora de educación secundaria en Galicia y lesbiana, ha rememorado sus primeros pasos hacia la aceptación de su identidad sexual en una rueda de prensa convocada este jueves por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) para denunciar que las personas del colectivo no tienen una legislación estatal que proteja y garantice sus derechos. Rubén, un joven valenciano, ha contado cómo pastores evangelistas le practicaron un exorcismo para "sacar los demonios de su cuerpo" por ser homosexual cuando aún era menor de edad.

El próximo 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia. La fecha conmemora la reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud de 1990, que decidió retirar la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. En 2021, 31 años después, decenas de Estados penalizan la diversidad mientras las situaciones de acoso, vejaciones, insultos y agresiones siguen estando a la orden del día en los países a la vanguardia de estos derechos.

La FELGTB ha convocado este jueves una ponencia en la que tres personas del colectivo residentes en España han contado sus experiencias para llamar la atención sobre un problema que aún no se ha atajado a gran escala, ni en España ni en el resto del mundo. De hecho, en el año 2017 la diversidad sexual y de género estaba criminalizada por leyes en más de 60 países del mundo, según un mapa elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. En seis de estos países, el castigo es la pena de muerte, y en otros casos las condenas van desde los tres años de prisión hasta la cadena perpetua. La federación señala que España tiene aún mucho camino por recorrer, ya que ni siquiera existe una ley nacional que prohíba las “terapias” para “curar” la homosexualidad. De hecho, en el año 2020 algunos políticos de ultraderecha pidieron que se permitan este tipo de prácticas, llegando a afirmar que "sería un error prohibir que los homosexuales acudan a una terapia que les ayude a encontrar su identidad", en palabras de Macarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados.

Camisa de fuerza y exorcismo

Rubén es un joven de València que nació en el seno de una familia ultracatólica. Creció junto a una Biblia y acudía asiduamente a la Iglesia por obligación familiar. Señala que tenía una fuerte estigmatización sobre la homosexualidad, y en el momento en el que descubrió su orientación se “autocondenaba” día tras día por su "pecado". Durante un tiempo lo ocultó por el miedo a lo que podía hacer o pensar su familia si supiera la verdad. Eventualmente, captaron una conversación con otro joven en su ordenador y comenzó la violencia. Pese a negarlo –se había prometido a sí mismo nunca contárselo a nadie– su madre le hizo pasar una tarde entera orando. También llevó a varios pastores evangélicos a su casa, que le obligaron a confesar todos sus pecados y le practicaron un exorcismo para “sacar los demonios” de su cuerpo.

Sus padres le enviaron a una escuela en Brasil, donde tenía que pasar tres meses, y le hablaban de la enfermedad que suponía ser homosexual y lo comparaban con la pederastia y la zoofilia. Sumido en un pozo de humillación y estrés sin fondo, quiso volver a España después de un mes, pero su familia no se lo permitió y le quitó el dinero de su cuenta bancaria. Pasó los dos meses restantes en las calles brasileñas y sólo volvía a la escuela para dormir. En su caso, tenía un lugar donde pasar la noche, pero no en todos los casos es así. La Universidad Rey Juan Carlos elaboró un estudio en 2019, el cual concluye que el rechazo familiar, como el sufrido por Rubén, es la causa principal del sinhogarismo en el colectivo LGTBI.

Al volver a España, intentó poner fin a su sufrimiento. “Traté de suicidarme y me desperté en el Hospital La Fe de Valencia”. Decidió intentar rehacer su vida marchándose de casa. Tras unos meses sin conseguir empleo, tuvo que volver y comenzó a trabajar de la mano de sus padres. Soportó la situación durante seis años, hasta que en 2018 volvió a intentar acabar con su vida y fue ingresado en un psiquiátrico. En él, llegó a estar atado a una camilla, a pasar cuatro días en una camisa de fuerza y a sufrir vejaciones y burlas por parte del psiquiatra que le atendía. De hecho, Rubén cuenta que le tuvo que “dar la razón” para que lo desataran. Cuando consiguió el alta, hizo un giro total en su vida y se emancipó de su familia hasta perder por completo el contacto con ellos. Quiere que su experiencia ayude a otras personas a no sufrir lo mismo que él y prevenga a la sociedad sobre la dificultad que supone para las personas LGTBI formar parte de una familia que rechaza de forma frontal la diversidad sexual. Desde la FELGTB señalan que la ley presentada por el ministerio encabezado por Irene Montero “ofrece garantías jurídicas” y aplaude que se incluya la protección a nivel estatal, “incluyendo la autodeterminación de género libre de tutelajes”. Creen que es el camino correcto para la “despatologización” de la transexualidad y sentencian: “Esta ley protege”.

"Yo pensaba que era un monstruo"

Noemí es profesora de educación secundaria en A Coruña. Con 15 años se dio cuenta de que estaba enamorada de su mejor amiga. En el momento en el que se lo contó, la noticia corrió como la pólvora y comenzaron las humillaciones, muy extendidas en España tal y como recoge un estudio del Observatorio Redes Contra el Odio.

“Miradas de asco, comentarios homófobos… Primero en mi instituto, pero a medida que pasó el tiempo las burlas se extendieron a otros centros de enseñanza cercanos al mío”, cuenta. “Yo pensaba que era un monstruo; me preguntaba por qué tenía que ser así de rara”. Trató de continuar su vida, comenzó sus estudios universitarios en Lugo y su quinto año de carrera lo pasó en València. “Quería estar lo más lejos posible de Galicia, me producía ansiedad estar allí. Tuve que salir de Lugo para ser yo misma”. Fue la primera vez que encontró otras personas del colectivo con las que compartir sus vivencias y “reconstruir todo el daño sufrido los años anteriores”. Pese a ser ingeniera, decidió preparar una oposición para dedicarse a la docencia, para tratar de evitar que cualquier adolescente tenga que pasar por su sufrimiento. Consiguió una plaza en Galicia y, desde 2018, trabaja en la enseñanza. Ha creado un grupo de apoyo LGTBI en el instituto para “debatir, denunciar casos de discriminación y ofrecer ayuda a los estudiantes”. A raíz de ello logró crear la REDE LGTBIQ+, una red de profesores gallegos dedicada a fomentar la educación afectivo-sexual en la adolescencia y prevenir las situaciones de discriminación a nivel escolar.

"Tuve que travestirme de mujer para ingresar en la universidad"

Juan José es un joven trans colombiano, llegado a España en 2020 como solicitante de protección internacional por las amenazas que recibía en su país de origen. A los 12 años comenzó a identificarse como hombre y comenzó un brutal proceso de discriminación que duraría más de diez años. Su vocación era ser médico e hizo las pruebas para ingresar en una universidad privada. La aprobación de ingreso finalizaba con una entrevista con el decano. Después de pasar las anteriores, fue rechazado porque su nombre “no coincidía” con su figura. “Tuve que travestirme de mujer para ingresar a la universidad”. Después de finalizar sus estudios no logró entrar al mercado laboral porque la gente “no entendía” su situación. En ese momento, decidió hacer la transición física. Tuvo que justificarse ante 10 profesionales de la salud para obtener el “aval” que le permitiera ser él mismo, y también tuvo que demandar al Estado para que le dieran todo el tratamiento. Afirma que en Colombia hay muchas iniciativas LGTBI pero se quedan sobre el papel. Los datos así lo confirman: en el año 2020 hubo 75 homicidios de personas LGTBI en el país, una media de 6 asesinatos mensuales, según un informe de la ONG Colombia Diversa.

Después de un tiempo, “un grupo armado” que incluía “policías” comenzó a cargar contra él con insultos y denigraciones. Después, le amenazaron con agredirle sexualmente para “corregirle”. Y por último, llegaron las amenazas de muerte. “Decidí salir de mi país para salvaguardar la seguridad de mi familia y la mía propia”. Indica que su único deseo es que sus derechos “no se vulneren aquí como se vulneraban en Colombia”.

Antes de finalizar su intervención, ha pedido a los periodistas españoles que “no abandonen” al pueblo colombiano y “denuncien las brutales violaciones de derechos humanos” que están ocurriendo en Colombia en las últimas dos semanas, a raíz de las protestas sociales contra el Gobierno de Iván Duque.

Formación para los profesionales y educación para los jóvenes

La FELGTB considera que el problema en España pasa por todos los estamentos de la sociedad. Señalan que la violencia que recibe la comunidad LGTBI también ocurre en las consultas médicas debido a la falta de formación de los profesionales y la ausencia de protocolos. La dificultad más visible es para las personas trans: un 50% de las personas que integran este colectivo retrasan o anulan las citas médicas por el temor a ser discriminados, según se desprende de un estudio realizado por la federación en colaboración con la ONG Médicos del Mundo. También arroja datos preocupantes sobre la confianza en el sistema sanitario: tres de cada cuatro creen que los médicos tienen un conocimiento “bajo o muy bajo” sobre su realidad identitaria.

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Otro de los puntos que la federación considera clave son los derechos de las personas trans, actualmente en medio de un debate político y social por el anteproyecto de ley sobre esta cuestión presentado por el Ministerio de Igualdad. El texto, que avanza paralelamente a otra proposición de ley similar registrada en el Congreso, introduce cambios muy relevantes en materia de reconocimiento y derechos de las personas transexuales, como la autodeterminación de género. Este proyecto de ley está causando polémica a la izquierda y a la derecha del tablero político. Hasta el momento, el Ejecutivo español aún no ha logrado llegar a un acuerdo para tramitar la norma y tampoco hay consenso entre las distintas organizaciones sociales que representan a estos colectivos.

También alertan del incremento exponencial de los delitos de odio y lamentan que “el 55% de las personas que los han sufrido no lo denuncia”. Según sus datos, recogidos en el Informe Delitos de Odio 2019, un 15% de las denuncias llegaron a la Policía y sólo el 3% de las mismas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.

La federación cree que parte de este problema viene desde la educación afectivo-sexual en los colegios e institutos, que está supeditada “a la voluntad de las comunidades, los centros y los docentes”, al no existir una directiva nacional sobre este asunto. A su entender, los menores seguirán siendo discriminados hasta que este tipo de formación no se generalice y se comience a inculcar el respeto a la diversidad sexual y de identidad a los más pequeños.