¿Rectificación positiva?

Hace pocos días el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el decreto 193/2021, de 6 de julio, por el que se dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las agencias públicas empresariales sanitarias.

Es una rectificación política en toda regla, pero ¿será positivo para la Sanidad pública andaluza? Nos tememos que no será así y nos explicamos.

Lo que se denominaban "nuevas formas de gestión" siempre contó con nuestro rechazo absoluto. El motivo era que consistía, en la práctica, en la generación de recursos estructurales paralelos a los del Servicio Andaluz de Salud. Para posibilitar estas decisiones políticas se amparaban en la Ley 15/1997, que siempre contó con nuestra absoluta oposición porque estaba concebida para introducir criterios de mercado en la gestión sanitaria pública, es decir, para privatizarla. Esta ley estuvo vigente hasta que aparecieron normativas europeas de aplicación en nuestro país, que vienen a coincidir en esa línea de externalización o de participación de la iniciativa y de la gestión privada en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Concretamente, la ley 15/1997 quedó superada por la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. En dicha ley no es que se habiliten para la gestión del Sistema Nacional de Salud todas las nuevas formas de gestión admisibles en derecho. Es que se establece para TODO EL SECTOR PÚBLICO la concesión como forma preferente de cesión de prestación de servicios. Literalmente en su Artículo 284: “Ámbito del contrato de concesión de servicios. 1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares”.

Es decir, la Administración Pública hace dejación de sus funciones y permite que la privada introduzca criterios de mercado en la atención sanitaria, en aquellas enfermedades y entidades que sean “comercialmente interesantes”. Indignante.

Sin esta legislación no hubiera sido posible la creación de recursos, como las mencionadas agencias, sin relación con el resto de los del Sistema Andaluz de Salud, hasta el punto de que no comparten ni siquiera las bases de datos de los pacientes que atienden. Estas agencias públicas no disponen del sistema Diraya, lo que significa que cuando un paciente acude a estos recursos, los profesionales que los atienden no conocen la historia clínica del mismo. Además emplean fórmulas de gestión de empresa privada y los contratos a los trabajadores se basan en la consecución de objetivos, por lo que dichos trabajadores están en manos de “esas empresas” si no cumplen con los logros que ellas mismas deciden de forma unilateral.

A pesar de nuestras continuas peticiones nunca la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha permitido que conociéramos los datos de ese tipo de formas de gestión. No han existido auditorías, ni externas ni siquiera internas,ni han publicado sus resultados laborales y asistenciales, lo que hubiera permitido evaluar si estas nuevas formas de gestión conseguían mejores rendimientos que los centros públicos del Servicio Andaluz de Salud. Por algo habrá sido, si fueran positivos seguro que los hubieran posibilitado.

Por estos motivos y otros muchos, la noticia de esta rectificación política debería ser positiva para las organizaciones que defendemos el sistema sanitario público andaluz. Pero no podemos ni debemos ser ingenuos porque lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma es un nuevo intento de desmantelar dicho sistema y privatizarlo a fondo. El Partido Popular está siguiendo la misma hoja de ruta que hacen en la comunidad madrileña. No nos dejemos engañar plácidamente.

Una vez conseguido el objetivo que perseguían con estas nuevas formas de gestión, que no es más que la introducción y normalización de utilizar criterios de mercado en la gestión de la sanidad pública, la existencia de dos estructuras organizativas carece de utilidad. Ahora pretenden entrar en otro momento del proceso de privatización de todos los recursos sanitarios públicos. Primero acaban con la exclusividad de los profesionales entre ambos sectores (públicos y privados), posteriormente posibilitan que los cargos intermedios puedan también compatibilizar su labor entre estos sectores y lo siguiente será que los gerentes serán líderes y seguirán las estrategias del mercado sanitario, es decir, introducir categorías en la atención de las personas, dependiendo de las cotizaciones de cada cual. De esta manera las desigualdades sociales en salud serán máximas y, a estas alturas, ya sabemos que este hecho da lugar no solo a una injusta situación, sino que condiciona una mayor mortalidad.

Por todo ello, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) sigue insistiendo en sus reivindicaciones. Deben existir incompatibilidades entre el ejercicio profesional de los profesionales sanitarios en los sectores públicos y privados porque de lo contrario, como mínimo, se corre un alto riesgo de perversiones que siempre conducen al deterioro de la sanidad pública y al beneficio de la empresa privada. Para impedir que se pretendan estrategias privatizadoras hay que derogar la caducada Ley 15/1997 y no aceptar o no aplicar todas las normativas de la Unión Europea que permiten la concesión como forma preferente de cesión de servicios y que explicitamos previamente. Esperemos que los partidos políticos que posibilitaron estas medidas y que ahora dicen defender la sanidad pública hagan autocrítica y rectifiquen.

En cuanto a la integración en el Servicio Andaluz de Salud de todos/as los/as trabajadores/as de las empresas y fundaciones públicas, aun considerando que es un tema de responsabilidad sindical, defendemos que el proceso de adscripción del personal se realice con criterios de transparencia, concurrencia pública y teniendo en cuenta los principios de publicidad, mérito y capacidad.

La CAMB exigirá información detallada de todo este proceso de integración del personal, tanto en el tipo de las contrataciones que se apliquen como en la finalidad y tareas que habrán de realizar en su nueva situación laboral. El Servicio Andaluz de Salud es una macroorganización estructurada en niveles de atención y ése debe ser el único criterio que se imponga en la gestión sanitaria.

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Tratamos de informar a la ciudadanía para evitar que terminemos con un sistema sanitario público que no sea universal, es decir, que no atienda a todas las personas por igual ni sea gratuito en el momento del acceso, es decir, que cueste dinero acceder a una atención sanitaria de la máxima calidad. Por nuestra parte, seguiremos denunciando este proceso privatizador de la sanidad pública que pone en alto riesgo el derecho a la salud de cualquier ser humano.

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Antonio Vergara de Campos, Sebastián Martín Recio y José Antonio Brieva Romero son miembros de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) en defensa de una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, con una gestión digna y democrática.