La especulación y el arrastre del gas fuerzan el debate sobre la fijación de precios de la energía dentro del Gobierno

La factura energética desbocada de los hogares se ha convertido en un asunto de primer orden en el Gobierno de coalición en pleno agosto, hasta el punto de generar cada día más fricciones en el seno del Ejecutivo. Y muchos quebraderos de cabeza a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las hostilidades las abrió el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en la Cadena Ser: "Se podría limitar el precio del megavatio/hora con un Real Decreto Ley mañana". 

"Quien dice que esto se puede solucionar de un día para otro en el BOE, no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata", respondió Ribera en Al Rojo Vivo (La Sexta), además de asegurar que para solucionar la problemática haría falta "una especie de 'brexit' del mercado europeo de la electricidad". Ya el viernes por la tarde, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de UP, Nacho Álvarez, rebajó la tensión interna con un hilo en Twitter en el que apremiaba a la vicepresidenta a acelerar las medidas ya adoptadas (Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y recorte de parte de los beneficios caídos del cielo), insistía en la empresa pública hidroeléctrica y "una retribución fija al megavatio hora nuclear, similar al modelo francés". 

Más allá de las fricciones internas, Teresa Ribera ha hecho esta semana dos cosas inéditas: cargar contra el sistema de fijación de precios, o más concretamente contra el mercado de emisiones de la Unión Europea, y transigir con la creación de una empresa pública que se haría con la gestión de los embalses una vez caduquen las concesiones. La vicepresidenta ha apuntado también estos días a dos cuestiones: los derechos de emisión de CO2 y el aumento de los precios del gas. En una misma frase: "Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas o a la Unión Europea de que cambie el modelo regulatorio del mercado, pero es poco realista". Una frase que, sin embargo, explica lo que está pasando.

¿Por qué el recibo de la luz no para de batir récords?

Lo venía avisando Teresa Ribera desde el inicio del verano. En España (y en la OCDE) funciona un sistema marginalista, que fija precios vía subasta casando la oferta (productoras) y la demanda (comercializadoras) -ahora más alta por la ola de calor- y que fija el último precio para las primeras en el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El precio se conoce con un día de antelación. 

¿Este sistema explica los precios más caros de la historia por megavatio/hora?

No, de hecho la explicación más evidente está en la frase de Ribera sobre el presidente ruso y la UE: hay una fuerte demanda en Asia -el continente que mejor ha progresado en la crisis del coronavirus- de gas natural (unos 45 euros el megavatio/hora), amén de los problemas geopolíticos entre Rusia y Bruselas. Y los derechos de emisión del CO2 están igualmente por las nubes (55 euros mgv/h). 

¿Qué son los derechos de emisión?

Son una herramienta introducida paulatinamente vía directivas europeas a través de 2005 que persigue desincentivar la emisión de dióxido de carbono. Permite a las empresas emitir gases contaminantes si los han adquirido previamente. "Cubre", recuerda Transición Ecológica, "en los 27 Estados miembros  las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras".

¿Y cómo se adquieren esos derechos?

Ahí está la madre del cordero: se compran y se venden en un mercado de emisiones que comercia con expectativas a futuro. Así definía recientemente este mercado Rosa Sanz, consejera independiente de Iberpapel en El Mundo:

"Las empresas manejan sus derechos de emisión como cualquier otro activo y, por tanto, pueden perfectamente especular con ellos. El problema es que aparentemente, un 75% de las compraventas tienen un fin especulativo coincidiendo con la aparición muy activa de bancos, brókeres y departamentos de tesorería de empresas que hacen su agosto en periodos como el actual. Son ellos los que han ayudado a impulsar que el coste del CO2 alcance niveles récord en Europa, originando una auténtica burbuja especulativa. Los derechos de emisión se han convertido en negocio para algunos, mientras que para otros son una obligación".

¿Qué dice Ribera sobre estos derechos para emitir dióxido?

Que hay compañías que no emiten ni pagan derechos de CO2 que, aprovechando el "coste de oportunidad" -precios altos- acercan a las que hacen los ciclos combinados de gas. El agua -centrales hidroeléctricas- están marcando estos días los precios finales de la energía, y la sospecha de Ribera es que aprovechan los precios altos del gas y de los derechos de contaminar con dióxido para hinchar la factura. Asñi lo ha indicado en una misiva enviada el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, a finales de julio. 

¿Hay alguna queja más de la ministra en las cartas que ha enviado a la Comisión Europea?

Sí. Ribera se indigna porque el espectacular salto que ha pegado España en la generación de energía mediante energías renovables no se traduce en beneficios para la población. La vicepresidenta suele recordar que la energía de combustibles fósiles ha pasado de ser el 25% de la energía generada a entre el 10% y el 12%. Las renovables alcanzaron el 43,6% de la generación eléctrica en 2020 en España, el porcentaje más alto de siempre. 

Pero ¿Ribera no se ha quejado también acaso del sistema de fijación de precios?

Concretamente del mercado marginalista, que "no permite aprovechar los menores costes de generación de electricidad con energías más baratas", según dijo hace un mes en el Congreso. Aquí la respuesta de Timmermans es contundente: "Es la forma más efectiva en coste para asegurar un suministro asequible y seguro". El ex presidente de Red Eléctrica de España y economista, Jorge Fabra Utray, un experto progresista que señala por teléfono que no ve con malos ojos la propuesta de Echenique -de limitar el precio vía decreto-ley- pero que habría que pensarla "detenidamente", defiende también el modelo marginalista de precios. La empresa pública que se baraja ahora, un modelo que existe en la mayor parte de países de la OCDE, viene a ser una respuesta a esa negativa bruselense de no tocar el sistema de precios.

Unidas Podemos se ha referido a Francia. ¿Es posible importar su modelo?

El modelo francés no tiene nada que ver y sería muy difícil importarlo. Cerca del 80% de la energía generada procede de centrales nucleares en Francia, frente a un 20% en España. Sin embargo, hay otras cuestiones más políticas que sí podrían acercarse. 

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Como recuerda el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Palazuelos, "en Francia actúan fundamentalmente dos empresas cuasi monopolísticas: una es pública y otra de control estatal". España liberalizó sus compañías de energía, operación coronada en 1997 con la privatización de Endesa, perdiendo el Estado el control. "España podría intentar buscar la vía francesa con la hidráulica y la nuclear. Al fin y al cabo, se trata de muy pocas empresas, que podrían estar conectadas con las distribuidoras. Actualmente, el modelo español es un oligopolio cerrado y ventajista". 

¿Cómo se fija el precio para los hogares en Francia?

Hay dos opciones: o una tarifa fija general marcada por la empresa pública EDF a la que se acogen más del 70% de los hogares (con datos a comienzos de 2020) o en el mercado libre, como en España. Con una excepción: si una compañía pública ofrece un precio asequible, las privadas no van a ganar cuota de mercado si lo superan. Fabra Utray recuerda que el modelo del país vecino es "completamente distinto", alcanzando incluso a la potente industria militar. Sea lo que fuere, los franceses pagan bastante menos por la factura de la luz.