El Gobierno de Ayuso paga casi 500 millones al gigante de la sanidad Quirón saltándose los procedimientos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pagado en algo más de año y medio al gigante de la sanidad privada, Quirónsalud, casi 500 millones (453.963.911 euros) saltándose los procedimientos administrativos. En una cadena cuyo primer eslabón se localiza el 22 de abril de 2020, el Ejecutivo madrileño ha aprobado desde entonces  13 multimillonarias "convalidaciones" de gasto por "pagos a cuenta" para el hospital Fundación Jiménez Díaz (FJD), integrado en la red pública sanitaria madrileña mediante un contrato cuyas cifras reales constituyen cada año un verdadero enigma al incluir múltiples variables. Las cuentas regionales de 2019 –las únicas aprobadas hasta ahora bajo la presidencia de Ayuso– preveían para este hospital una asignación inicial de 371,94 millones. ¿Cuál ha sido el gasto real vinculado a la actividad del hospital en 2019? No se sabe. La última liquidación cerrada es la de 2015. ¿A cuánto asciende el coste definitivo del Jiménez Díaz en aquel año? Tampoco se sabe.

Como aparece en un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, la convalidación de gastos se define así: "Se imputan al presupuesto gastos del ejercicio que se han realizado con algún incumplimiento en el procedimiento legalmente establecido". En resumen, se trata de una figura destinada a regularizar pagos hechos al margen de la tramitación legal, se supone que en situaciones excepcionales o de emergencia sobrevenida que no permiten dilaciones vinculadas a trámites administrativos. En este caso, no se daba ninguna de tales circunstancias: ambas partes deberían haber cerrado antes de que terminase 2019 el acuerdo que fijase el precio a pagar a lo largo del siguiente año al Jiménez Díaz por la asistencia hospitalaria y las tarifas por otros servicios. No ocurrió así.

¿Por qué un hospital de enorme envergadura como el Jiménez Díaz, con una población asignada de casi 450.000 habitantes en 2020 según fuentes sanitarias y sujeto a un "concierto singular" con el Gobierno madrileño desde 2006 lleva casi dos años sin que se apruebe la actualización de las tarifas por sus servicios? ¿Por qué, pese a que había tiempo suficiente para negociar ha acudido la Comunidad a una fórmula de pago propia de escenarios inesperados? "El factor fundamental –señala la respuesta de los portavoces de Sanidad– fue que no se consiguiera cerrar del todo la negociación". O sea, que hay discrepancia entre ambas partes respecto a cuánto dinero debe recibir la empresa cada ejercicio. Entre septiembre de 2018 y el de este año la Dirección General de Gestión Económica de la Consejería madrileña de Sanidad ha cambiado cuatro veces de titular. 

La cláusula adicional –prosigue la versión oficial– "no debe imponerse a la otra parte". Al igual que en el caso de la empresa de seguridad que llevaba dos años con el contrato expirado y a la que Sanidad y Presidencia han abonado casi 30 millones mediante convalidaciones de gasto, el Gobierno madrileño enarbola también aquí la pandemia como argumento a favor: "La situación por la pandemia de COVID-19 hizo necesaria la adopción de medidas urgentes que han conllevado un retraso". Según la Consejería de Sanidad, "los pagos totales realizados en 2020 a la FJD [Fundación Jiménez Díaz] ascienden a 251.447.024 euros". No obstante, la suma de todas las convalidaciones de "pagos a cuenta" correspondientes a ese ejercicio es superior: asciende a 272.378.346,96 euros. La pregunta sobre el porqué de la discrepancia entre ambas cifras no obtuvo respuesta. Las convalidaciones aprobadas a partir de abril de 2020, afirman desde el Gobierno madrileño, han contado con el visto bueno de los interventores.

Una oferta que roza una subida de 900.000 euros por mes

Para los siete últimos meses de 2019 (de junio a diciembre) la actualización pactada bajo el nombre de "Cláusula Undécima" se elevó a 193,25 millones (27,6 por mes). Ahora, y como "Cláusula Duodécima" –o sea, la nueva actualización– el Gobierno ofrece a Quirón en el Jiménez Díaz 228,21 millones por los ocho meses que van de mayo a diciembre de 2021 (28,5 mensuales). Comparando lo uno con lo otro y de acuerdo con el prorrateo mensual, el precio crece en 900.000 euros por cada 30 días.

Pero el acuerdo sigue sin haberse rubricado, y así lo han corroborado a infoLibre fuentes oficiales del departamento que dirige el consejero Enrique Ruiz Escudero. El "borrador" de la "Cláusula Duodécima" lleva aprobado sobre la mesa cinco meses en espera de que lo firme el hospital: exactamente, desde el 28 de abril. La demora apunta a que tampoco esta vez concuerdan las posiciones. 

De carácter netamente privado, el Jiménez Díaz es el buque insignia de los cuatro hospitales que, tras el proceso privatizador ideado por Esperanza Aguirre a mitad de la primera década del siglo, gestiona y explota en Madrid Quirónsalud, fruto de la fusión en 2014 entre Quirón y la concesionaria original de los hospitales: la antigua Capio, cuyos accionistas se ocultaban tras sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán.  En 2017 la alemana Fresenius se hizo con la mayoría accionarial. Los otros tres hospitales en manos del grupo –Valdemoro, Móstoles y Collado-Villalba– son de titularidad pública. En la práctica, conforman junto con el Jiménez Díaz un subsistema dentro del sistema sanitario público. En 2019, el presupuesto inicial que les asignaron las cuentas madrileñas se situó en 609.405.223 euros. Hasta dónde se desbordó aquella previsión no se conoce.

De la "Administración jibarizada" a la posibilidad de acudir a la justicia

El elevadísimo importe de las convalidaciones de gasto para el Jiménez Díaz ha sorprendido a dos expertos en fiscalización consultados por infoLibre y que pidieron no ser identificados. Sí se pronunció abiertamente uno de los políticos que más de cerca han seguido la trayectoria de los convenios con Quirón, el exdiputado autonómico socialista José Manuel Freire. Las convalidaciones, dispara Freire, se producen en el seno de "una Administración jibarizada y descapitalizada dirigida por políticos irresponsables e incompetentes que no velan por el interés público ni cumplen su parte de los contratos que ellos mismos firman".

Desde Más Madrid, el diputado autonómico Eduardo Gutiérrez lanza otro dardo: "Las convalidaciones de gasto, normalizando a posteriori gastos que se realizan sin control previo algunoa posteriori y de las que esta abusando el ejecutivo de Ayuso son la evidencia del descontrol del uso que está haciendo el Gobierno del PP de los dineros de todos los madrileños". La formación que en la Asamblea de Madrid lidera Mónica García ya ha registrado iniciativas para aclarar el porqué de convalidaciones "que suenan a conductas conscientes o planificadas de negligencia en la gestión pública". Pero Gutiérrez no se detiene ahí: "Desde Más Madrid intuimos, y estudiaremos, si son jurídicamente perseguibles. Ya hemos registrado iniciativas para aclarar estas prácticas". El parlamentario remata su discurso con dureza: "Los antecedentes –dice– como Lezo, Aneri, Gürtel, Púnica de los diferentes gobiernos del PP en estos 26 años son credenciales que empujan a sospechar de estas prácticas".

La Consejería de Sanidad justifica los pagos a cuenta regularizados mediante 13 convalidaciones. No haberlos efectuado –es su versión– habría supuesto "un importante perjuicio para la Fundación Jiménez Díaz–UTE [nombre oficial del hospital], al prestar los servicios sin la correspondiente compensación económica, que plantea la insostenibilidad de su situación financiera, por lo que se propone la convalidación de los gastos correspondientes al pago a cuenta mes a mes".

El equipo del consejero Enrique Ruiz Escudero asegura que, aunque en 2019 el importe inicial previsto en las cuentas madrileñas se cuantificaba en 371,94 millones, "se reconocieron obligaciones (y se efectuaron pagos) por importe de 405.394.749,15 euros". En una primera respuesta, el departamento de Sanidad había aportado una versión distinta: "Por ello [porque hay una facturación adicional por actividad contenida en la cartera de servicios complementaria], hasta que no esté finalizada la liquidación por todos esos conceptos para el ejercicio 2019 no es posible saber anticipadamente y con exactitud lo que efectivamente se le ha abonado y qué diferencia existe con las previsiones al respecto". Ante las nuevas preguntas de este periódico llegó la respuesta sobre el reconocimiento de obligaciones por 405,39 millones. Esa cifra ya se conocía porque aparece en los cuadros de los Presupuestos madrileños de 2019. Pero lo que sigue sin trascender es si esas obligaciones contraídas por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con el Jiménez Díaz se corresponden con los servicios prestados en 2019 o provienen de ejercicios anteriores. 

No hay forma por tanto de conocer con datos oficiales cuánto tiene pendiente de cobro el Jiménez Díaz. Ni tampoco lo otros tres hospitales gestionados por Quirón. La última anualidad de la que, según Sanidad, no quedan restos pendientes en lo que al Jiménez Díaz se refiere es el de 2015. Pero la pregunta de a cuánto ascendió aquella liquidación tampoco ha logrado respuesta del Ejecutivo regional pese a la reiteración de infoLibre.

La auditoría que exigió el Parlamento madrileño, aún en espera

Como difundió el diario El País el pasado miércoles, el informe anual de Fresenius sobre 2020 cifra en 1.250 millones la deuda oculta de la Comunidad de Madrid con los cuatro hospitales madrileños de Quirón. Y como acaba de desvelar este viernes infoLibre, el Sermas obtuvo en 2020 un inexplicado superávit de nada menos que 821 millones tras registrar el año previo un déficit de 886 millones.

¿Estaríamos ante la incertidumbre que generan esos datos si se hubiese realizado la auditoría propuesta por el PSOE y a cuya elaboración instó en abril de 2016 la Asamblea de Madrid al Gobierno regional gracias a que Ciudadanos sumó sus votos a los de la oposición? No es posible alcanzar conclusiones definitivas. Y no lo es porque la auditoría no se ha efectuado sobre los hospitales a que se refería aquella moción: todos los de Quirón menos el Jiménez Díaz, de carácter privado, y el de Torrejón, gestionado por Ribera de Salud.

El jueves, los portavoces de Sanidad anunciaron a este medio que "la auditoría del 2016 de los concesionados se están realizando actualmente, se encuentra en fase de alegaciones a propuesta de liquidación y se prevé terminar la revisión de alegaciones en dos semanas". Las mismas fuentes agregaron que ya se ha enviado "muestra del año 2017 a la Inspección para la auditoría de ese año".

Este periódico preguntó sin éxito a la Consejería de Sanidad cuántos funcionarios están dedicados al seguimiento del "concierto singular" por el que se rige la relación entre la Comunidad y el Jiménez Díaz. Hubo respuesta, pero vaga. Y fue esta: "Es un equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de distintas áreas como Inspección, Farmacia, Servicios de Información, etcétera".  Su número "puede variar en función de las necesidades así como de la fase de auditoría y liquidación en la que se encuentre".