La mirada rota: qué hay detrás de las víctimas de las pelotas de goma

Carles Guillot lleva un parche en el ojo derecho. Tenía 29 años cuando el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional le causó una hemorragia en el globo ocular que tuvo que ser extirpado horas más tarde en el hospital. Era el 17 de julio de 2001. Cuando se enteró de que estaban desalojando la casa okupada Kan Nyoqui, en el barrio de La Salut (Barcelona), se solidarizó con sus compañeros y se dirigió hasta allí. A su llegada, el impacto de un proyectil disparado a escasos metros por un agente lo dejó inconsciente, provocándole múltiples fracturas en la cara y la nariz. “Inmediatamente noté un impacto terrible en la cabeza y me desplomé en el suelo”. Veinte años después sigue sin haber sido indemnizado y a pesar de identificar al presunto policía que supuestamente efectuó el disparo —el agente 77.804 declaró que él era el único que disponía de una escopeta con pelotas de goma y que hizo uso de ella— el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona dictó un auto en el que se acordó el sobreseimiento provisional por la inexistencia de autor conocido. Nunca se llegó a celebrar el juicio.

En la actualidad no existe ningún registro oficial de víctimas de balas de goma en España que dé cuenta de la totalidad de personas muertas o heridas a causa del impacto de estos proyectiles. Eso conlleva a que hayan sido los ciudadanos organizados los que de manera independiente han llevado a cabo estos registros. En 2009 Carles y varios compañeros empezaron a contactar con las víctimas que iban surgiendo en Cataluña para realizar un primer rastreo y eso los llevo a crear la plataforma Stop Bales de Goma. “Uno de los documentos que se estudiaron en la Comisión fue el informe que nosotros realizamos, era el más completo que habían visto nunca los parlamentarios”, matiza Guillot haciendo referencia a la Comisión de Estudio de 2013 sobre Modelos de Seguridad Pública y Uso de Material Antidisturbios, en la que quedó aprobada la prohibición de las pelotas de goma por parte de la policía autonómica catalana. El caso de Ester Quintana, una mujer que perdió el ojo izquierdo en el contexto de una huelga general en 2012, y la muerte de Juan Andrés Benítez a manos de varios agentes de Mossos d’Esquadra a finales de 2013 en Barcelona, fueron decisivos para la creación de la Comisión y la aprobación de sus conclusiones finales.

El miércoles 21 de julio, el Parlament volvía a abrir las puertas para repensar el modelo policial de orden público. Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, la CUP y En Comú Podem aprobaron crear una nueva comisión para que en el plazo de un año se discuta con expertos cómo abordar los pasos hacía una policía más transparente y respetuosa con los derechos humanos. A raíz de la actuación de los Mossos el pasado 16 de febrero, cuando una joven perdió el ojo por el impacto de una bala de foam, Amnistía Internacional (AI), junto al Centro de defensa de Derechos Humanos Irídia, hicieron llegar a los grupos políticos la necesidad de abrir un debate parlamentario para buscar herramientas de control que garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de malas praxis policiales. Eduard Martínez, responsable de relaciones institucionales de AI, señala que ya en la legislatura pasada ambas organizaciones recogieron esta propuesta en una moción y que llega ahora, tras un preacuerdo que ERC y la CUP hicieron en plenas negociaciones para formar gobierno.

“El documento que se ha aprobado es un calco de la propuesta que nosotros hicimos y recoge la mayor parte de nuestro contenido”, señala Martínez mencionando la Resolución 50/XIV del Parlament, donde queda aprobada la nueva Comisión de Estudio. “Nosotros no entramos en el debate de qué modelo de gestión del orden público es mejor porque todos tienen sus riesgos y ventajas, lo que queremos son mecanismos de control y rendir cuentas de las malas praxis policiales”. Desde Amnistía Internacional proponen que se establezcan las bases para la creación de un organismo público independiente de investigación —así lo recomienda el Consejo de Europa— , como ya ocurre en otros países como en el Reino Unido, donde existe una Oficina Independiente de la Conducta Policial en Inglaterra o el Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales en Irlanda del Norte.

Amnistía Internacional propone un organismo público independiente de investigación, como ya ocurre en otros países como en el Reino Unido

Marc Parés, diputado de los comuns, cree que la rendición de cuentas tiene que ser el elemento central que debe abordar la Cámara catalana y que podría ser un punto de encuentro entre los diferentes grupos parlamentarios. “La mayoría de los agentes no tienen ningún problema en que sus actuaciones estén supervisadas por un órgano externo. Al fin y al cabo es un mecanismo preventivo, si tú haces bien el trabajo no tienes ningún inconveniente”. En esta línea está la propuesta de Manuel Soler, fundador y coordinador legal del sindicato Agrupación Reformistas de Policías (ARP), que plantea un nuevo órgano procesal administrativo para el Cuerpo Nacional de Policía. Su objetivo es sustituir las actuales unidades de régimen disciplinario, encargadas de la instrucción de los expedientes sancionadores, por funcionarios no policiales licenciados en Derecho administrativo. “De esta manera, se conseguiría una independencia necesaria y le brindaríamos al cuerpo la posibilidad de una instrucción limpia y transparente para que fuera este organismo y no la Unidad de Asuntos Internos el encargado de trasladar estas investigaciones a nivel judicial cuando se trate de hechos punibles de delito”, detalla. “En la instrucción de muchos expedientes se designa a funcionarios que no tienen capacidad jurídica para evaluar estos asuntos”, añade.

Desde el sindicato se trasladó esta propuesta al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 14 de julio de 2020, y la respuesta fue que se estudiaría y se adecuaría en el caso de realizarse una posible reforma. “Se agradece que te contesten en estos términos, pero ahora hace falta voluntad política, sino acaba siendo papel mojado. No hay más avances porque actualmente a los grupos políticos tampoco les interesa reformar la Policía”.

Un debate amplio

Parés mantiene que el debate debe de ser muy amplio y pone encima de la mesa las armas policiales. “Nosotros creemos que las herramientas altamente lesivas, como son las lanzadoras de foam, no se deberían de utilizar por parte de la policía democrática”. Desde En Comú Podem se ha propuesto una moratoria —a la fecha de publicación de este reportaje aún no ha sido votada— para prohibir su uso hasta que se emitan las conclusiones finales de la Comisión. Núria Picas, diputada del Parlament por Esquerra Republicana, añade: "Hay que revisar a fondo el uso de estos proyectiles. Existen casos que no nos han gustado nada, está claro". "El debate del Parlament nos tiene que permitir escuchar la voz de expertos y ver hacia dónde ir: si eliminarlas o si restringir su uso". Una discusión que ya se vivió en 2013 con las pelotas de goma, pero que ahora tras la presentación de un último informe se ha vuelto a poner a la luz la dimensión de los efectos que provocan estos proyectiles.

El impacto de las pelotas de goma

Desde el inicio de la Transición, en 1976, hasta la actualidad, al menos 23 personas murieron por las lesiones que producen los impactos de las balas de goma. La última víctima mortal del Estado español, Iñigo Cabacas, ocurrió en Bilbao en abril de 2012 en el marco de un evento futbolístico. Estas cifras incluyen los 14 migrantes que buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), que fallecieron de manera indirecta después de recibir los disparos de la Guardia Civil para impedir que llegasen a territorio español. Este es el balance que recoge el último informe Stop Balas de Goma 2020 presentado por las organizaciones Irídia y Novact (Instituto Internacional para la Acción Noviolenta) el pasado mes de junio.

"El problema es que las investigaciones judiciales no son ni inmediatas, ni exhaustivas, ni independientes"

A pesar de que su uso está prohibido por los Mossos d’Esquadra (abril 2014), la Ertzaintza (abril de 2015) y la Policía Foral de Navarra (mayo de 2017), en los últimos veinte años 40 personas se vieron afectadas gravemente por el impacto de estos proyectiles. Sin embargo, lo que llama la atención es que en ninguno de los 40 casos documentados se ha condenado al autor material del disparo. Solo en una ocasión, el de Cabacas, se ha responsabilizado a un mando de la Ertzaintza con dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por un delito de homicidio imprudente. En el caso de El Tarajal, la Audiencia de Cádiz decretó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra 16 agentes de la Guardia Civil. En la actualidad el recurso de casación todavía no ha sido resuelto. “El problema es que las investigaciones judiciales no son ni inmediatas, ni exhaustivas, ni independientes. Los agentes continuamente están trabajando en los juzgados como policía judicial. Cuando se produce una denuncia contra algún funcionario del cuerpo la investigación queda influenciada por la relación que tienen estas dos instituciones”, especifica Martínez. Según el informe de Irídia sobre violencia institucional de 2020 existen 122 agentes investigados en Cataluña, 42 de ellos pertenecen al cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Clara Calderó, técnica investigadora de NOVACT y una de las redactoras de dicho informe, comenta que, tras la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de la policía autonómica de Cataluña, Euskadi y Navarra, en los tres casos se sustituyeron por una lanzadora de 40 mm de foam. Calderó detalla que este proyectil recibe su nombre por el tipo de espuma con el que está fabricado y que, a diferencia de las pelotas de goma, sigue un recorrido específico cuando es disparado. A priori deberían de ser menos peligrosas, pero matiza: “Se supone que el foam haciendo un buen uso, según los protocolos y las normativas internacionales, desde la distancia adecuada y disparando a las piernas, provocaría un grado de lesiones que se considera asumible, pero esto es un debate”. No obstante, no se ha demostrado que sea menos lesivo que la bala de goma. A la fecha de cierre del informe se han identificado al menos dos casos de mutilación del ojo por la utilización de este tipo de proyectil. Laura Medina es abogada especializada en Derecho penal y Derechos humanos, y la responsable del área de Derecho a la protesta de Irídia. En los últimos años ha vivido de cerca la opacidad que existe cuando hay que pedir pruebas a los Mossos d’Esquadra. “Es una práctica casi sistemática que no se identifiquen a los agentes. Cuando el juzgado les pide información para concretar los hechos, es habitual que respondan que no la tienen recogida o que directamente no la pueden dar. Muchos casos acaban archivados porque la vía penal necesita reconocer al autor y, es aquí donde empieza una misión imposible”.

Los supuestos de uso de este armamento se recogen en procedimientos normalizados de trabajo, circulares e instrucciones administrativas. Pero este conjunto de disposiciones es de difícil acceso a ojos del público. La Circular de 2013 sobre el Empleo de Material Antidisturbios de la Policía Nacional establecía que estas armas —las escopetas Franchi SPS 350 son las que emplea la Policía Nacional para disparar pelotas de goma— podrían ser utilizadas en ‘los términos recogidos en el protocolo de empleo progresivo de medios’ y contra individuos ‘cuya actitud entrañara un riesgo para policías u otros ciudadanos, o causaran daños materiales’. En cambio, en 2014 la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, constataba que no existe el ‘protocolo de empleo progresivo de medios’ al que se refiere la Circular de 2013. “Nuestra sospecha es que no había un protocolo como tal, sino recomendaciones de los fabricantes de cómo hacer uso”, apunta Martínez.

Una de las consecuencias de la visión monocular es la incapacidad de integrar las imágenes que recibimos a través de cada uno de los dos ojos en una sola en tres dimensiones

En cuanto al disparo, en la circular citada existe poca información detallada de cómo deben efectuarlo los agentes. Así lo especifica Calderó: “Sabemos por lo que manifestaron varios funcionarios de las Unidades de Intervención Policial en el marco de un procedimiento judicial, que la policía tiene instrucciones de disparar las pelotas de goma rebotando en el suelo. En contra de lo que marca la legislación internacional que lo prohíbe de manera explícita por el riesgo que supone la inexactitud y aleatoriedad de su trayectoria”. Además, “al tratarse de bolas fabricadas en caucho natural vulcanizado” sostiene que cuando son disparadas adquieren una forma más puntiaguda y una mayor capacidad de penetración si golpean partes del cuerpo delicadas como los ojos. Es significativo que en 18 casos, más de la mitad (69%), los individuos recibieron el impacto de una bala de goma en la zona de la cabeza, siendo el perímetro ocular el especialmente dañado, con 13 de 18 casos, según los datos facilitados en el informe. Esto contradice lo que marca la Guía sobre armas menos letales de la ONU que prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle.

Secuelas psicológicas

Las consecuencias de una visión monocular son muy extensas, más allá de las físicas. Entre ellas destaca la pérdida de visión estereoscópica, la capacidad de integrar las imágenes que recibimos a través de cada uno de los dos ojos en una sola imagen en tres dimensiones, con relieve y en profundidad. Eso conlleva importantes dificultades en la realización de tareas cotidianas, como expone Carles Guillot: “Ponerme agua en un vaso se convierte en un estorbo, así como subir o bajar las escaleras porque no veo a qué distancia exacta están los escalones ni los objetos”. Además de las secuelas psicológicas: “Yo me miro en el espejo y no veo a la misma persona. Esto te acaba afectando en las relaciones sexo afectivas al tener una sensación constante de si gustarás o no”.

Los proyectiles de foam

Medina recalca que en los últimos años han podido acceder a estas instrucciones gracias a los procedimientos judiciales de las víctimas, a preguntas parlamentarias de los diputados y por “filtraciones” de los sindicatos policiales cuando han escaneado estas disposiciones y las han subido a internet. Para la realización del informe, desde Irídia enviaron “una batería enorme de preguntas” en la que solicitaban al Ministerio del Interior las características de la escopeta de balas de goma, del proyectil, del reductor de energía, así como pruebas e informes realizados sobre los impactos. La abogada subraya que la respuesta de Interior fue de un solo párrafo: “se trata de documentos cuya divulgación puede acarrear un perjuicio grave tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública”. “La transparencia es una herramienta de rendición de cuentas, pero es preventiva, solo si conoces la norma sabes lo que pueden hacer y lo que no”, añade Martínez. En la actualidad se desconoce si el Ministerio del Interior está trabajando en la prohibición del uso de este proyectil por parte de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La última vez que se pronunció fue en 2019, cuando Marlaska trasladó al entonces consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, la intención de erradicar este armamento cuando finalizará el contrato público de su suministro. Para la realización de este reportaje se envió un cuestionario a Interior en el que se le preguntó expresamente si estaba estudiando la posibilidad de sustituir estos proyectiles. A la fecha del cierre de este reportaje aún no se ha obtenido respuesta.

En cuanto a la instrucción completa de las lanzadoras de foam que hacen uso los Mossos, Martínez señala que llevan “dos años sin conocerla” y que ahora por una “filtración periodística” de elDiario.es (mayo) han podido tener acceso a ella. El documento completo de 14 folios se ha subido un año y medio más tarde a la web de la Conselleria de Interior desde que lo reclamara el Parlament, y además fue en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Entre la información que Interior ocultó a los grupos parlamentarios destaca el punto 5.4 de “Daños no deseados”, en el que se indica que el disparo se tiene que efectuar del “abdomen hacia abajo” y que únicamente podrá dirigirse contra la “extremidad superior” de una persona que muestre “un objeto arrojadizo [que no precisa], contundente o arma blanca”. Un elemento que podría ser significante en la investigación judicial abierta de la joven que perdió un ojo durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel.

El marco normativo del uso de la fuerza

El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado a través de los órganos de naturaleza policial carece generalmente de una adecuada regulación y en la actualidad no es objeto de discusión. Así lo sostiene Luis Ramón Ruíz, profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y director de la sección de Cádiz del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. “En España no existe una normativa general sobre el uso de la fuerza sin la utilización de elementos considerados como armas. Las intervenciones físicas y con armamento por parte de la policía se supeditan a una serie de principios abstractos recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), vigente con pocas reformas desde 1986, y sin la regulación que sería necesaria”. Ruíz explica que, para cubrir esta ausencia de reglas escritas, los Tribunales de Justicia evalúan el uso de la fuerza mediante la eximente de cumplimiento de un deber. Pero lo hacen a partir de estos preceptos generales y sin tener en cuenta los manuales de formación que han recibido los agentes. “Si solo existe una doctrina imprecisa que gira alrededor de los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, el ciudadano que reclame o solicite una indemnización está a expensas de que un tribunal interprete de manera más amplia o estricta la aplicación de estos principios”. “La Policía Nacional incumple muchas disposiciones por la falta de su desarrollo normativo, esto no es una novedad”, añade Manuel Soler representante del sindicato Agrupación de Reformistas.

Una dinámica judicial que se cristaliza en casos como el de Carles Guillot, en que el Juzgado objetó que no se podía identificar al autor del daño ocasionado y que, en caso de poder hacerlo, habría que eximirlo de responsabilidad por valorar que el agente intervino adecuadamente. “Cuando solicito en la vía administrativa una indemnización patrimonial, me la deniegan alegando que yo formo parte del movimiento okupa y los desalojos generan disturbios. Por tanto, si yo he ido de manera voluntaria a un desalojo, queda aceptado que a mí me pase lo que me sucedió. Esta es la valoración final que hace el Estado”, ilustra Guillot.

El modelo de gestión del orden público

La gestión del orden público conlleva un fuerte impacto social y económico, además de un elevado coste y desgaste tanto para la ciudadanía como para la propia organización policial. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos consultados para este reportaje. Solo en Cataluña entre 2017 y 2019 se han producido 18.200 movilizaciones, casi 17 de media por día. Así lo recoge el Infome d’Avaluació i Propostes de Millora en la Gestió de l’Ordre Públic presentado por los Mossos d’Esquadra en junio de 2020. Esta oleada de demandas sociales que ha vivido los últimos años Cataluña, con la utilización del espacio público como escenario de las protestas, ha sido aprovechada como una oportunidad para mejorar la gestión del orden público y adaptarlo hacia un modelo donde la mediación tiene un peso cada vez más importante. Asimismo, la nueva comisión de estudio será clave para redefinir el modelo catalán.

Jesús Rodríguez, periodista y editor de Directa, ha cubierto en los últimos años gran parte de las movilizaciones en Cataluña. “Los Mossos han optado por un modelo basado en la distancia con los manifestantes y que tenga pocos agentes”. En ese sentido, los policías argumentan que necesitan utilizar un abanico de armamento para poder asegurar ese espacio y evitar el contacto físico con los asistentes, señala Rodríguez. Este es el punto más conflictivo, a lo que Marc Parés añade: “Nos preocupa la respuesta policial con el modelo que tenemos actualmente, ya que tiende a generar una espiral de violencia. En lugar de frenar los episodios de desorden público, lo que hacen es acentuarlos por el uso de la fuerza”. Jacinto Soler, secretario general de la Federación de las Unidades de Intervención Policial (UIP), del Sindicato Unificado de Policía (SUP), sostiene que en general se actúa correctamente y que los protocolos son adecuados en las manifestaciones. “Se debería avanzar en endurecer las penas por delitos contra el orden público y sobre todo agravar la reincidencia”, apunta.Francesc Guillén Lasierra es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y durante varios años ha sido el responsable de Investigación de la Escuela de Policía de Cataluña. Eso le ha permitido estudiar de cerca los modelos policiales que conviven en Europa y España. “El modelo es el ánima del cuerpo, son los valores y la filosofía que lo sustentan. Si tienes un modelo policial gubernativo tendrás un modelo de orden público normalmente contundente”. Para Lasierra, el cuerpo de los Mossos obedece a un modelo híbrido que incorpora diferentes elementos según la jerarquía y el área donde actúe. “Hay un modelo gubernativo, pero también te puedes encontrar con uno de proximidad en las zonas rurales o, el profesional en las categorías intermedias del cuerpo que son más independientes del poder político”. No obstante, señala que las últimas reformas para dar paso a la mediación lo han convertido en un modelo que se acerca más al comunitario, orientado al servicio público.

En Alemania se aplica una estrategia que equipara agentes y manifestantes con el objetivo de sacar únicamente de la concentración al grupo violento

Por otra parte, Lasierra cree que el problema de las últimas manifestaciones en Cataluña reside en que los antidisturbios trabajan muchos días sin descanso y con presión. “Empezaban a las cinco de la tarde y hasta la una de la madrugada aún tenías a gente en la calle”. A lo que agrega: “Cualquier agente que trabaje en la gestión del orden público debe tener mucho autocontrol. Cuando no has comido ni ido al baño durante horas, controlas mucho menos tus reacciones”. Solo en la semana del 14 al 20 de octubre de 2019, coincidiendo en el anuncio de la sentencia del procés, se registraron 877 movilizaciones en toda Cataluña.

Una mirada puesta en Europa

En otros países europeos como el Reino Unido, prima un modelo de proximidad que utiliza la fuerza en el menor grado posible y centra sus actuaciones bajo el lema Policing by consent (vigilancia policial por consentimiento). Esto viene a decir que la policía basa su legitimidad en tener la confianza del público, en lugar de imponer el orden por pura fuerza, esclarece Lasierra. “En el modelo inglés prima la contención, si hay un grupo muy violento lo rodean, y no dejan que entre o salga nadie hasta que la situación se calme”. Por el contrario, en Alemania se aplica una estrategia que implica la equiparación numérica de agentes y manifestantes con el objetivo de sacar únicamente de la concentración al grupo violento y permitir el derecho a la protesta del resto de ciudadanos. Aunque el experto en modelos policiales advierte: “Para poder hacer una intervención técnicamente correcta se necesitarían más agentes. Porque no es solo entrar y coger a los individuos violentos, es detenerlos, tomarles declaración y llevarlos a una comisaría. Y mientras haces todo esto, no estás delante de la manifestación”. Actualmente hay 500 antidisturbios en la Brigada Mòbil (BRIMO) y 1.000 en el Área Regional de Recursos Operatius (ARRO), según declaró el exconseller de Interior Miquel Buch en una entrevista para el diario ARA el pasado mes de marzo.

Aunque es difícil hacer una radiografía precisa de las estrategias de control policial que se están utilizando en España debido a la escasez de estudios en esta materia, Lasierra sugiere que predomina la incapacitación estratégica y que el uso de la fuerza vendrá determinado por el modelo de fondo. Una técnica de control de masas que tiene su origen en Estados Unidos y que ha sido desarrollada por varios autores, entre ellos, los académicos Patrick F. Guillham y John A. Noakes. En la incapacitación estratégica se distingue entre manifestantes convencionales y transgresores. En el caso de los segundos, la policía aplica selectivamente tácticas más duras y minimiza el riesgo para el propio cuerpo, al tratarse de un perfil de manifestante que usa formas de protesta impredecibles y a menudo ilegales al no negociar con la policía. En más de un 55% de los casos, las personas convocantes no comunicaron a las autoridades la voluntad de manifestarse en el periodo entre 2017 y 2019, según los datos facilitados por el informe de los Mossos.

“Cuando hay manifestaciones de sindicatos convencionales como UGT o Comisiones, el uso de la fuerza policial se tolera bastante, pero se si trata de grupos antimonárquicos o antisistema la cosa cambia”, expone Francesc. Desde una posición distinta Soler subraya que existe siempre un mismo patrón: “En varias manifestaciones hay un grupo violento que se escuda en la masa para atacar a la policía y así alterar el orden”. Sin embargo, el número de movilizaciones con incidentes entre 2017 y 2019 fue de un 10%, que disminuyó hasta un 5% en 2018. Asimismo, de las 877 concentraciones que se celebraron en la semana post-sentencia solo en el 19% de los casos (169 casos de 708), se registraron actos de vandalismo como quema de contenedores o corte de carreteras. Unas cifras que distan cuando se trata del número de detenidos, que en el mismo período (2017-2019) se registraron un total de 472 detenidos, la mayoría de ellos (74,5%) por delitos de desorden público. Además, se incrementaron en un 118% en 2019 con respecto al año anterior.

En los últimos diez años, el cuerpo de los Mossos ha ido incorporando reformas que lo han acercado hacia un modelo policial más próximo a países como Alemania, Reino Unido o Suecia. La llegada del Àrea de Mediació en 2011 fue clave para avanzar hacia una mayor proximidad con la ciudadanía y rebajar la escalada de violencia durante las manifestaciones. La mediación permite encuadrar un clima de confianza y diálogo entre los manifestantes, cómo sostiene Lasierra: “En muchos casos no te pones de acuerdo, pero sí puedes dejar claro hasta qué punto llegará la actuación de la policía. Y eso siempre acaba teniendo alguna influencia positiva”. La estrategia se desarrolló principalmente en Suecia a raíz de los disturbios de los grupos antiglobalización en la Cumbre de Gotemburgo de 2001.

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Aunque es difícil conocer el funcionamiento interno de esta área, el cuerpo de los Mossos decidió no participar en este reportaje por la “sensibilidad” del tema, desde el gabinete de prensa explican que todas las unidades diarias del cuerpo —unidades de proximidad, de seguridad ciudadana y de orden público— incorporan esta “formación en mediación” y que se trata de “una herramienta policial más”. También indican que este diálogo se puede trabajar días antes de que se celebre una manifestación, y que su objetivo principal es “evitar el uso de la fuerza, priorizando la mediación”. No obstante, no se ha podido entrar en más detalle debido a que se trata de un asunto en el que “la discreción y el silencio” son la base clave de su éxito, sostienen desde el gabinete. Laura Medina, explica por la experiencia que ha tenido, que normalmente aparecen dos agentes vestidos de paisano o con el uniforme que buscan a una tercera persona que haga de interlocutora antes de que actúen los antidisturbios. “A veces no están y lo que hacemos nosotros es llamarles por teléfono para hacer la mediación cuando hay protestas de alta tensión”, aclara Medina.

Por otra parte, Eduard Martínez valora positivamente las comunicaciones entre Amnistía Internacional y los últimos gobiernos catalanes. “Ha sido una relación constructiva”, aunque matiza “en los últimos años nos hemos reunido con todos los directores generales de la Policía y con los consejeros de Interior, pero claro estos encuentros no siempre se han trasladado en cambios”. Sin embargo, destaca como fruto de este trabajo el nuevo número operativo policial (NOP), que identifica a los agentes de la Brigada Mòbil (BRIMO) y que se ha reducido de 9 a 6 dígitos, además de tener una visibilidad de 360º (aparece grabado con letras claras en los laterales del casco, y en las partes delantera y trasera de los chalecos que utilizan los antidisturbios). De esta forma, podrá ser memorizado con mayor facilidad. “Ahora faltaría completar la homogenización de esta identificación en todas las unidades de gestión del orden público”, matiza Martínez haciendo referencia a los agentes del ARRO. Además, destaca como otro punto clave la introducción en 2014 de las cámaras de videovigilancia en las salas de detención y de interrogatorio. “Es algo que beneficia tanto a la posible víctima como a los propios agentes de las denuncias falsas. Al principio mostraron muchas reticencias, pero en la actualidad sacan pecho y lo propagan en conferencias que tienen con otros cuerpos policiales”, concluye Martínez.

Desde otro ángulo, Núria Picas cree que se debe avanzar hacia un modelo policial basado en la "confianza mutua" entre "los cuerpos de seguridad, los servidores públicos y la ciudadanía". Además, que garantice que los casos de malas praxis policiales no pongan en duda todo el cuerpo. "Hay que potenciar la mediación y los trabajos de inteligencia, sobre todo en los casos que tengan una dimensión social muy grave". Sobre si hubiera que dotar al cuerpo de la BRIMO de más agentes responde que habría que ampliar la plantilla de los Mossos y afrontar la jubilación anticipada del cuerpo, pero no especifica si este aumento de agentes debería destinarse a las unidades de antidisturbios. "No le puedo responder esta pregunta ahora mismo", afirma. Carles Guillot va más allá y sentencia: “Desde Stop Bales de Goma y Ojo con tu Ojo creemos que es imprescindible que haya debates sociales sobre el modelo policial más allá de Cataluña, y que nunca más se sustituyan las balas de goma por las de foamfoam”. En la actualidad son cada vez más países los que deciden prohibir este armamento (pelotas de goma). Solo en Europa destacan Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía y Suecia, así como la gran mayoría de Estados de Alemania. "Si un policía sale con una pistola y dispara, y después puede ir a juicio, mi pregunta es: "¿A la próxima que salga preferirá coger la escopeta o la porra?", finaliza Guillot.