Perfil de la temporalidad: trabajadora del sector servicios, 9 de cada 10 contratos firmados en España en la última década

La temporalidad en España, una lacra que está en el centro de la negociación de la reforma laboral que ha causado estos días el mayor conflicto interno del Gobierno en lo que va de legislatura, es crónica desde hace al menos 37 años: si la economía crece, el crecimiento lo sostienen los contratos temporales; si se destruye empleo, los primeros en ir a la cola del paro son los eventuales. Uno de los picos de la temporalidad llegó en 2006, en plena cresta de la ola del boom económico nacional, un modelo que pincharía poco después al calor de la crisis financiera internacional dejando millones de parados: hace 15 años, un 34% de la población activa tenía un contrato laboral definido en el tiempo, según un estudio de la Fundación BBVA en 2019.

Ahora la tasa se sitúa en el 26,02% según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el 28 de octubre, más de uno de cada cuatro trabajadores. En términos absolutos, 4.4 millones sobre 16,9 millones de asalariados. Y el perfil del temporal es evidente: mujer trabajadora del sector servicios con un contrato por obra y servicios, la modalidad más precaria de toda la tipología contractual.

Un porcentaje similar al actual, rondando el cuarto del total, se registró a partir de 2009. El suelo, en torno al 23%, se tocó en 2012 y 2013, en lo peor de la anterior gran recesión. “Es totalmente lógico, los contratos temporales en España son un factor de ajuste para los empresarios”, lamenta la penúltima secretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas. “Los trabajadores en esa situación son los primeros que se van al paro”.

A partir de 2015, España salió de la recesión y el crecimiento volvió. Bajó el desempleo, pero esa creación de empleo fue apuntalada por el alza de la temporalidad. Antes de la pandemia, se volvió a una tasa del 27%. Trabajos que se crean y se destruyen a velocidad de vértigo porque al empresario le sale a cuenta, como denuncia recurrentemente la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. En este sentido, el 31 de agosto de 2018, fin de la temporada estival, se batió un récord: 304.642 empleos destruidos en un solo día, que no hay que confundir con despedidos o desempleados; gran parte de ellos volvería a renovar su contrato a principios de mes. Un país de camareros temporales.

En ese periodo n(2015-2020) que va desde la recuperación económica hasta el shock pandémico volvió la temporalidad lacerante de forma masiva: según un estudio publicado por Comisiones Obreras en agosto y titulado La temporalidad en España, “entre 2012 y 2020, el 91% de los contratos que se firmaron fueron de carácter temporal”. “Ni siquiera la crisis provocada por la Covid-19 ha conseguido reducir la tasa de temporalidad”, ensalza el informe del sindicato. Nueve de cada 10 contratos han sido temporales en la última década.

La tendencia que llega hasta el momento actual es que España es la líder europea en temporalidad, según marcan las estadísticas de Eurostat con algo de retraso sobre el INE. Según la EPA más reciente, de los 4,4 millones de temporales ocupados el 53% (2,3 millones) son mujeres, el sexo más castigado por la temporalidad. En cambio, de los 12,5 millones de asalariados, el 53% (6,6 millones) son hombres. El 76,9% de los contratos temporales corresponden al sector servicios, más de tres de cada cuatro (3,3 millones en total). El 62% de los empleos temporales en servicios los llevan a cabo mujeres.

1,48 millones de contratos de obra y servicio al año

La mayor parte de los 4,4 millones de contratos temporales corresponden al sector privado y 1,1 del público. Y en el sector público se halla el mayor porcentaje de temporales: de 3,48 millones de trabajadores públicos en total, el 31,61% tienen un contrato de duración determinada. Por esta razón la patronal CEOE suele insistir en que, antes de abordar la temporalidad en las empresas, convendría reducir el problema en las administraciones públicas. En su efímero paso por el Ministerio de Función Pública, Miquel Iceta firmó con los sindicatos el pasado mes de julio que los interinos no prorrogaran su situación más allá de tres años, así como indemnizaciones para aquellos interinos que no obtengan plaza, un punto de partida para encarar el problema.

¿Cuál es el contrato temporal más común? El de la obra y servicio, siempre de acuerdo con la EPA. Hasta 1,48 millones de contratos en el último trimestre fueron de obra y servicio, el 33,8%. Yolanda Díaz quiere precisamente poner coto a este tipo de contratos, y a finales de diciembre de 2020 recibió un inesperado regalo del Tribunal Supremo: el alto tribunal modificó su doctrina y falló que es “ilógico sostener que grueso de la actividad” con el “carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender”. Es decir, que la obra y servicio para realizar un trabajo permanente es, directamente, fraude.

“Una trabajadora de la limpieza de un edificio o de una cafetería de una administración pública, o un obrero de la construcción para mí no es temporal. Pues bien, todos ellos podrían pasarse la vida trabajando a través de contratos de obra y servicio”, explica el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez. “El contrato de obra y servicio es el más proclive al fraude”, apunta Yolanda Valdeolivas.

El origen: 1984

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¿Cuándo empezó la lacra en España? Hay consenso en que fue la reforma laboral de 1984, cuando nace el Contrato Temporal de Fomento del Empleo con Joaquín Almunia al frente del ministerio. Era un momento de paro galopante, inflación desbocada y escaso crecimiento económico. “Duró ocho años y nacía con la vocación de ser, valga la redundancia, temporal”, recuerda Valeriano Gómez. “Pero cuando el Gobierno se concienció de que había que dar fin a este contrato que podía utilizarse en todo momento para contratar sin justificar la causa, resulta que esa figura englobaba ya a un tercio de la población asalariada”. Había nacido un monstruo contractual en un país cuyo sector de hostelería tenía un potencial enorme. Al igual que el ladrillo.

“La mitad de los contratos en los sectores de hostelería y construcción se convirtieron en temporales”. Gómez afirma que antes no lo eran. “El contrato típico de un albañil era el fijo de obra, con un trabajador rotando de un lugar a otro”. En 1992 una nueva reforma laboral anuló el contrato de fomento del empleo y causalizó la temporalidad, pero para entonces el empresariado ya estaba familiarizado con otros dos tipos existentes: el eventual por circunstancia de producción y, ya se ha mencionado, el de obra y servicio. 

Valeriano Gómez lo resume.  "Fue como deshinchar un globo solo por un lado: el oxígeno se acumula en la otra parte. El contrato de fomento del empleo despareció, pero su lugar lo habían ocupado otros". Después vinieron tímidas reformas que nunca resolvieron el fenómeno. La reforma de 2006 prohibió encadenar contratos temporales durante más de dos años -en un plazo de 30 meses- para un mismo puesto, y la de 2011 que introdujo otra limitación para los contratos de obra y servicio. Ambas reformas tuvieron lugar con José Luis Rodríguez Zapatero y fueron insuficientes. “Nunca hemos tomado medidas audaces contra la temporalidad”, proclama Yolanda Valdeolivas.