España libró una guerra feroz contra la piratería fiscal de Gibraltar en el órgano más opaco de la UE

Gibraltar es una colonia, así lo dicen la ONU y la UE, y también un paraíso fiscal, al menos para España. La histórica disputa con el Reino Unido por la soberanía del Peñón, su istmo y las aguas que lo rodean sigue sustentando el acervo patriótico nacional y la política exterior de todos los gobiernos. España no reconoce la ocupación del istmo, donde los británicos han construido su aeropuerto, ni la Verja como frontera. Aún hoy, más de 300 años después del Tratado de Utrecht, España mantiene vivo el “contencioso” –tal es la denominación oficial del litigio– por un territorio de apenas seis kilómetros cuadrados, porque “destruye la unidad nacional” y su integridad territorial.

Para la mayoría de los españoles, en cambio, el Peñón ha quedado reducido a la categoría de serpiente de verano en los telediarios o de meme en las redes sociales, desconocedores de que en los últimos 24 años ha sido también el objeto de una tenaz batalla librada en el seno de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea: el Código de Conducta, el grupo sobre fiscalidad empresarial que vigila los sistemas tributarios de los Estados miembros para evitar la competencia desleal. Los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan que los gobiernos españoles, no importa el color, han sostenido una auténtica cruzada contra los sucesivos regímenes fiscales que Gibraltar ha puesto en marcha desde los años 90. Y la guerra tiene menos que ver con el patriotismo que con los esfuerzos del Peñón por convertirse en un centro financiero internacional, atrayendo a su registro mercantil con un buen arsenal de ventajas tributarias a todo tipo de empresas.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata deuno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario.

Según han explicado a infoLibre algunos de los altos funcionarios españoles que participaron en las reuniones del Código de Conducta desde su creación en 1997, nunca se ha tratado de una batalla política. “Había fondo”, subrayan, porque los esquemas fiscales que ponía en marcha Gibraltar eran “muy agresivos”. España “lideró” siempre su revisión. En realidad, fue más que “beligerante”, el término utlizado por los funcionarios españoles: convirtió a Gibraltar en protagonista inesperado de los debates. Hasta el punto de que entre el 15% y el 20% de la agenda del grupo a lo largo de dos décadas ha estado ocupado por la fiscalidad del Peñón, según los documentos a los que han tenido acceso los miembros de EIC. Algunos Estados, como los Países Bajos, llegaron a protestar por la insistencia con que España ponía el Peñón en el punto de mira.

Desde su creación, el Código de Conducta ha examinado un total de nueve regímenes fiscales aprobados por el Gobierno de Gibraltar, de los cuales seis fueron considerados perniciosos para la competencia en la UE, por lo que debieron ser derogados o modificados. En algunos casos, los procedimientos de revisión eran instados por España, o era España la que empujaba para que se ampliara su objeto. De hecho, la delegación española intentó una y otra vez que el Grupo de Fiscalidad analizara el sistema fiscal gibraltareño al completo, y no sólo algunos de sus regímenes, como cuando el Gobierno del Peñón aprobó en 2010 su Income Tax Act (Ley del Impuesto sobre la Renta), que pretendía sustituir la norma que llevaba en vigor desde 1952. También fue a instancias de España que la Comisión Europea abrió un procedimiento por posible ayuda de Estado ilegal contra la exención fiscal que Gibraltar concedía en esa ley a las rentas pasivas –intereses, royalties, dividendos, plusvalías– de las empresas. En diciembre de 2018, la Comisión terminó ordenando al Reino Unido que recuperara los 100 millones de euros en exenciones fiscales ilegales que el Peñón había concedido a cinco empresas.

“Era una línea básica de protección frente a Gibraltar”, indican las mismas fuentes, “un territorio próximo donde se localizaban sociedades sin fiscalidad que operaban en España”. El Reino Unido, por el contrario, se defendió argumentando que el Gobierno español pretendía poner bajo sospecha el sistema fiscal de la colonia en su conjunto no por motivos fiscales sino “para desestabilizar Gibraltar”. No obstante, en muchas de sus ofensivas, España encontró en el grupo el apoyo de los otros tres grandes europeos: Alemania, Francia e Italia. Los cuatro conforman el bloque de los países más favorables a la armonización fiscal, frente a otros como Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, acompañados de Irlanda –y en los años más recientes también de los bálticos– que defienden sus más laxos sistemas tributarios. Además, tanto Reino como Países Bajos deben mantener las espadas en alto por sus territorios asociados, auténticos paraísos fiscales bajo el paraguas de la UE.

En todo caso, España y el Reino Unido firmaron en 2019 un acuerdo sobre la fiscalidad del Peñón que entró en vigor el pasado mes de marzo. A cambio, Gibraltar debería desaparecer de la lista de paraísos fiscales del Ministerio de Hacienda. Pero aún no lo ha hecho, según indica a infoLibre el Ministerio de Hacienda, que no ha contestado al resto de las preguntas que sobre las relaciones con el Peñón le ha formulado. El Gobierno gibraltareño, por su parte, recuerda a este periódico que la ex titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se comprometió a sacar a la colonia de la lista en enero de 2021. El Peñón no figura ni en la lista de la UE ni en la de la OCDE. Gracias a ese acuerdo, España ha conseguido más transparencia sobre las empresas registradas en la colonia, aunque sólo de las constituidas a partir de noviembre de 2018.

Ahora las autoridades gibraltareñas están obligadas a informar a las españolas de los buques, aviones y vehículos de motor registrados en Gibraltar pero propiedad de españoles. Y España tiene ya acceso a los datos que posean los registros públicos del Peñón sobre fideicomisos de residentes fiscales españoles y sobre los titulares reales de las sociedades constituidas allí. El pasado mes de mayo se celebró la primera reunión, por videoconferencia, del comité conjunto de técnicos que coordinarán la cooperación fiscal entre España y el Peñón. 

Con una población de 34.000 habitantes, Gibraltar suma un PIB de 2.447 millones de libras –2.893 millones de euros, el de España es de 1,2 billones–. El sueldo medio alcanza los 38.581 euros anuales, por sólo 24.000 euros en España. No hay paro. En cambio, la Línea de la Concepción, al otro lado de la Verja, es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo del país, el 33,67% el pasado septiembre, según el Servicio Público de Empleo (SEPE). Es decir, dobla la media nacional. Así que casi 10.000 españoles cruzan diariamente al Peñón para trabajar allí.

En Gibraltar no hay IVA, ni impuestos sobre el alcohol, el tabaco y el petróleo. El 40% de los cigarrillos de contrabando consumidos en España procede del Peñón, según un estudio de KPMG y Philip Morris. El tipo que pagan las empresas en el impuesto sobre sociedades es del 10% desde 2011 –sólo las empresas de servicios públicos y los monopolios tributan al 20%–, mientras que en España se eleva al 25% –el 30% para bancos y empresa petroleras–. Hasta el Brexit, Gibraltar concentraba el 60% del juego online mundialonline , gracias a que estas empresas sólo tributan al 1%. Hoy no queda casi ninguna de las 37 que operaban con licencia en España. Se han marchado a Malta, o a Ceuta y Melilla. El 95,9% de los llanitos votó en contra del Brexit en el referéndum de 2016.

Primera batalla: holdings, empresas exentas y cualificadas

Gibraltar ha sabido superar las limitaciones que su escasa extensión impone a la actividad económica y a día de hoy es un caso de éxito como centro financiero: tiene registradas 15.523 sociedades, de las cuales 12.992 se encuentran activas, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados a infoLibre por el propio Ejecutivo del Peñón. Es decir, hay una empresa por cada dos habitantes. Para conseguirlo, ha utilizado un sistema fiscal muy beneficioso para las empresas.

El Código de Conducta empezó a revisar los regímenes tributarios gibraltareños desde el primer momento y ya en 1998 declaró perjudiciales para la competencia los que concedieron ventajas fiscales a los holdings, así como a las denominadas sociedades exentas y cualificadas. Para acceder a esos beneficios ninguna de ellas podía contar con accionistas gibraltareños ni realizar actividad económica alguna en el Peñón: un esquema típico de paraíso fiscal para atraer a empresas extranjeras. Entonces el tipo general para las sociedades locales se elevaba al 35%. En cambio, para los holdings, la exención fiscal era total en caso de filiales al 25%. Para las sociedades exentas, bastaba con que pagaran 300 libras al año como impuesto fijo para luego quedar liberadas por completo de tributar por sus ganancias. Las cualificadas disfrutaban de un tipo de entre el 2% y el 18%. Además, la Comisión Europea que, a diferencia del Código de Conducta, sí tiene poder ejecutivo, abrió su propia investigación para dilucidar si esas ventajas tributarias constituían un ayuda de Estado ilegal y falseaban la competencia europea.

Así que Gibraltar se comprometió a derogarlas aprovechando que preparaba una reforma fiscal cuya entrada en vigor estaba prevista para julio de 2003. Claro que hasta llegar a ese momento, el grupo tuvo que urgir en varias ocasiones a Reino Unido para que lo hiciera… Y antes España ya había instado al Código de Conducta para que derogara los regímenes fiscales perniciosos sin esperar a la reforma fiscal y para que no permitiera que, mientras tanto, siguieran beneficiándose de su trato favorable nuevas empresas. Los Estados miembros tienen dos años de plazo para abolir los regímenes fiscales considerados perjudiciales por el grupo. Es decir, Gibraltar debería haber suprimido los suyos en el año 2000.

En 2002, la Comisión Europea abrió su procedimiento de ayuda de Estado y, dos años más tarde, decidió en contra de Gibraltar porque el nuevo esquema permitía a las empresas no tributar por encima del 15%, la mitad que en el Reino Unido y mucho menos que en España –35% entonces–. Pero hasta el 18 de febrero de 2005, Reino Unido no anunció a sus socios en el grupo de fiscalidad que aceptaba las propuestas de la Comisión para derogar el régimen fiscal de las empresas exentas –el de las cualificadas ya había sido abolido ese mismo año y el de los holdings era “inoperante” –… de forma gradual hasta el 31 de diciembre de 2010. Es decir, nada menos que una década, por tanto, estuvo aún vigente un esquema fiscal tachado de pernicioso para la competencia interna en la UE. En 2005 las empresas favorecidas ascendían a 8.464. Y se siguió permitiendo la entrada de nuevos beneficiarios hasta junio de 2006.

Segunda batalla: intereses, dividendos, royalties y plusvalías

Para sustituir a esa regulación condenada por Bruselas, Gibraltar diseñó una nueva, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2011. El tipo general del impuesto sobre sociedades, que ya había sido rebajado del 35% al 22%, se quedó en el 10%. Pero, además, los intereses, dividendos, royalties y plusvalías del capital quedaban exentos de tributar. Tanto España como la Comisión pidieron que se analizara el nuevo régimen fiscal ante las numerosas dudas que suscitaba no la letra de la ley, sino su aplicación de facto porque, tal y como estaba diseñado el esquema, beneficiaba de forma abrumadora a empresas extranjeras y a transacciones realizadas por no residentes en el Peñón. Según las cifras aportadas por los gibraltareños, de los 1.400 millones de libras en concepto de intereses por préstamos intragrupo que percibían las empresas del Peñón, 1.367 millones procedían de otros países. También ocurría con los dividendos: 7.197 millones de libras de un total de 7.702 millones tenían su origen fuera de Gibraltar. Otra vez el típico régimen offshore.offshore

Pero las dificultades para evaluar la realidad fiscal gibraltareña fueron enormes. El Gobierno del Peñón no facilitaba al grupo información sobre las empresas que se beneficiaban de sus ventajas impositivas. Entonces, las sociedades que no pagaban impuestos no estaban obligadas a registrar sus cuentas o a proporcionar datos a la Hacienda gibraltareña. Y no pagaban impuestos, aducían los gobernantes de la colonia, porque no tenían actividad económica y, por tanto, tampoco generaban beneficios. Esas empresas de las que carecían de datos representaban el 88,7% de las existentes en Gibraltar, según detallan los servicios técnicos de la Comisión en un informe enviado al grupo en junio de 2012: 21.076 de un total de 23.770 eran opacas. Según argumentaba España, el motivo por el que casi el 90% de las empresas gibraltareñas no pagaban impuestos era que sus ingresos procedían del extranjero.

Gibraltar, en cambio, alegaba que no eran empresas comerciales, sino meras tenedoras de activos: inmuebles, acciones u otras propiedades. Un mes más tarde, España denunciaba a Gibraltar ante la Comisión, que el 16 de octubre de 2013 abrió un procedimiento por ayuda de Estado ilegal, el tercero contra el Peñón en una década.

El 21 noviembre de 2012, el Código de Conducta había concluido por unanimidad que el nuevo sistema fiscal de Gibraltar era perjudicial para la fiscalidad europea. Y el Reino Unido accedió a eliminar los aspectos lesivos de la ley. Pero para España no era suficiente. A su juicio, la evaluación llevada a cabo hasta el momento no era lo bastante amplia, había mucho más que investigar. El caso es que los movimientos en el Código de Conducta siempre son lentos. Hasta mayo de 2013 el Reino Unido no presenta sus propuestas para modificar la ley de 2010. Todos los Estados miembros las aceptan, menos España. “No estamos seguros de tener toda la información necesaria para tomar una decisión”, advierte la delegación española, que insiste en que debe analizarse el régimen fiscal gibraltareño de forma “completa y exhaustiva”. Una delegación del Peñón asiste a la reunión y protesta: “España quiere mantener abierto el problema por razones que no son fiscales, para desestabilizar Gibraltar”.

En septiembre, España vuelve a la carga. Presenta un informe en el que detalla que Gibraltar posee un sector offshore que no paga ningún impuesto: sólo tributan 2.299 empresas de un total de 21.770 registradas, de las que, además, 10.232 son empresas pantalla creadas por personas físicas para gestionar sus activos, pero no tienen actividad económica alguna. “La mayoría de ellas han sido creadas por no residentes en Gibraltar, sino en España y otros Estados miembros de la UE”, denuncia. Según los datos proporcionados por el Reino Unido, Gibraltar dejaba entonces sin gravar un total de 11.389 millones de libras en beneficios –13.540 millones de euros–, de los cuales el 98,5% procedía de fuera del Peñón. Esas empresas, además, sólo tenían 1.515 empleados de los 10.370 con que contaba entonces la colonia. Una indicación de que no eran más que empresas fantasma. Además, Gibraltar carecía de medidas para evitar la doble no tasación y ofrecía opacidad –no exigía a las empresas ni declaración de impuestos ni cuentas o registros si no tienen beneficios–. Dos indudables atractivos para quien quiere crear este tipo de sociedades instrumentales.

Tercera batalla: sociedades propietarias de mansiones y yates en España

En ellas situó España su nuevo objetivo. Pero le costó tiempo: hasta noviembre de 2014 el grupo no aceptó que las sociedades pantalla o inactivas o durmientes entraban en el ámbito de su competencia. Para España no había dudas: 3.099 propiedades, con un valor de tasación de 400 millones de euros, estaban en poder de 1.146 empresas gibraltareñas en 2013, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria. Además, proporcionó ejemplos de propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol y en Sotogrande (Cádiz) cuyos dueños eran sociedades registradas en el Peñón. En concreto, una villa y un atraque en Sotogrande, otro en Ibiza, una villa en Marbella propiedad de una sociedad gibraltareña que luego fue vendida a otra en Liechtenstein…

No las mencionó, pero España también podía haber puesto sobre la mesa las investigaciones policiales que desde 2005 habían destapado la corrupción urbanística en la Costa del Sol. Gracias a la Operación Malaya y la Operación Ballena Blanca se descubrió que, en sociedades y cuentas de Gibraltar, conectadas con Delaware y Suiza, tenían propiedades y rentas ilegales Julián Muñoz, su exposa Mayte Zaldívar o la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. Sólo la red desmantelada en Ballena Blanca estaba integrada por un millar de sociedades que conectaban Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y la isla de Man. El objetivo de la estructura era blanquear dinero procedente de actividades criminales mediante inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

El argumento español respecto a estas sociedades patrimoniales era que estas propiedades generaban ingresos por alquileres, intereses y plusvalías que no eran gravados ni en Gibraltar ni en ningún otro país y que el régimen que los eximía de impuestos debía ser investigado igual que ya lo habían sido los de las islas británicas del Canal, la isla de Man y Liechtenstein. También presentó un catálogo de folletos de despachos y asesores fiscales gibraltareños que vendían sus servicios para situar todo tipo de activos en sociedades registradas en la colonia con la garantía de no pagar ni una libra en impuestos. “Gibraltar ofrece muchas oportunidades”, publicitaba uno de ellos, que también advertía a sus posibles clientes de “la creciente amenaza de ataques” que podrían sufrir de “autoridades fiscales extranjeras”. Aun así, aseguraba, “incluso las amenazas pueden convertirse en oportunidades”.

El Gobierno del Peñón, en cambio, mantenía que España podía gravar los inmuebles, los yates o los atraques utilizando el impuesto sobre el patrimonio y aprovechando los mecanismos existentes de intercambio de información. Y que si la mayor parte de estas empresas tenían su fuente de ingresos en el extranjero el motivo era el inevitable escaso tamaño de la economía gibraltareña. En medio de la refriega, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, invitó al entonces titular de Hacienda español, Cristóbal Montoro, a visitar el Peñón para conocer de primera mano la realidad fiscal de la colonia. Montoro no contestó. Picardo reiteró la invitación en 2015 tras quejarse públicamente de la “perseverancia ciega” de España en “denigrar” a Gibraltar. La visita nunca se produjo.

En febrero de 2016, el Código de Conducta seguía bloqueado. Gibraltar carecía de información detallada sobre las 10.232 sociedades bajo sospecha –por ejemplo, si su propietario era local o extranjero, o cuál era el importe de los ingresos que percibían–, pero prometió tenerla en el futuro, puesto que a 1 de enero de ese año todas las empresas, tuvieran ingresos o no, estaban ya obligadas a presentar una declaración ante la Hacienda del Peñón. Finalmente, pese a los intentos británicos por posponer cualquier medida, el Código de Conducta tomó una decisión inédita hasta entonces. Para impedir que la ausencia de datos bloqueara el análisis, se evaluó el sistema fiscal gibraltareño no basándose en hechos sino sobre una hipótesis: que las empresas percibían ingresos, en contra de lo sostenido por Gibraltar y Reino Unido. “La falta de información no puede usarse contra las pruebas y argumentos que ha proporcionado España”, apremió la delegación. “El grupo”, zanjó, “no puede sentarse y no hacer nada”.

Así que en abril, finalmente, el Código de Conducta determinó que el tratamiento que recibían las sociedades patrimoniales en Gibraltar era perjudicial para la competencia en la UE, pero sólo en el caso de los ingresos que éstas percibían de propiedades muebles. Es decir, de yates, aviones o vehículos de motor, cuya tributación en el país donde se disfrutaban era “improbable”. Las mansiones, por el contrario, podían ser gravadas por las haciendas de los países donde estaban radicadas. Además, esa exención beneficiaba de forma mayoritaria a no residentes en el Peñón. Y se practicaba a empresas a las que no se exigía una “sustancia real” en Gibraltar: ni actividad económica real ni empleados.

Como Reino Unido no proporcionó datos adicionales que rebatieran ese diagnóstico, la decisión se transmitió al Ecofin, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Pero España no cejó. Aunque la decisión era un “avance”, había que ir “más lejos”: las plusvalías, que habían quedado fuera del análisis, constituyen uno de los ingresos más importantes de las sociedades tenedoras de activos gibraltareñas, pero no tributan ni en el Peñón ni en ningún otro país. Permitir su exención, continuaba España en un informe que presentó en junio de 2016 al grupo, sentaría un “precedente peligroso para futuras evaluaciones del Código de Conducta, como las normas sobre sociedades patrimoniales de Liechtenstein”. Tras alertar sobre la falta de transparencia e información de Gibraltar, el Gobierno español también reclamaba sanciones “efectivas” para las empresas gibraltareñas que incumplieran la obligación de aportar sus cuentas a la Hacienda del Peñón. Entonces, el castigo que recibían las empresas infractoras, protesta el Gobierno español, se reducía a una multa de 50 libras.

Para dejar patente su insatisfacción, España preparó un texto que se añadió a las actas del consejo del Ecofin celebrado el 17 de junio de 2016. En él, declaraba que la decisión de considerar “perjudicial” sólo una parte del régimen fiscal de Gibraltar era “insuficiente”, al haber quedado fuera aspectos relevantes como la falta de transparencia y de información tributaria. Los cambios “puntuales” que se iban a introducir en las leyes fiscales del Peñón como resultado del dictamen del Código de Conducta no dejan de ser “superficiales”, abundaba el texto, porque sus principales elementos perjudiciales “permanecen operativos”. Finalmente, que se deje el trabajo a medias, advertía, constituye un “precedente muy negativo” respecto a las evaluaciones que el grupo realice sobre los regímenes fiscales de otros territorios y terceros países.

A los dos años de esta declaración y de que se exigiera la supresión de estas ventajas fiscales para las sociedades propietarias de bienes muebles, el Código de Conducta examinó si Gibraltar había cumplido lo prometido. En su reunión del 21 de septiembre de 2018, la delegación española no soltó su presa y se quejó de que Gibraltar no había sido muy diligente en la eliminación de los aspectos perniciosos de la norma fiscal condenada. Reino Unido tuvo entonces que precisar –hasta entonces no lo había hecho– cómo iba a gravar las rentas que esas sociedades percibían por los yates o aviones de las que eran propietarias: con el mismo tipo con que tributaban los ingresos comerciales de cualquier otra empresa gibraltareña. Habían pasado cuatro años desde que el Código de Conducta comenzó a examinar ese régimen fiscal.

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En cualquier caso, la batalla fiscal por Gibraltar estaba lejos de terminar. Como queda explicado más arriba, la Comisión Europea abrió en octubre de 2013 una investigación sobre las exenciones tributarias que el Peñón concedía a los intereses, dividendos, royalties y plusvalías. Un año más tarde tuvo que ampliarla: Gibraltar estaba firmando tax rulings o acuerdos fiscales con ciertas empresastax rulings que les garantizaban rebajas tributarias del mismo tipo que las declaradas perjudiciales por el Código de Conducta y que estaban en proceso de derogación. Se trataba de acuerdos similares a los destapados por Luxleaks, firmados de forma opaca por Luxemburgo con las principales multinacionales del planeta y que pusieron en el foco al mismísimo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, antes primer ministro y titular de Finanzas del Gran Ducado.

En principio, se trataba de 165 acuerdos, suscritos entre 2011 y 2013. Gibraltar estaba utilizando una práctica administrativa, opaca además, para eludir el obstáculo que el Código de Conducta le había puesto y seguir concediendo rebajas fiscales a grandes empresas por sus préstamos intragrupo. El dictamen de la Comisión Europea no llegó hasta diciembre de 2018: consideró ayuda de Estado ilegal sólo cinco tax rulings y ordenó a Gibraltar que recuperara el dinero que había perdonado en impuestos a las multinacionales beneficiadas. En total, 100 millones de euros.

Pero, como suele ocurrir con los asuntos fiscales, gobiernos e instituciones no tienen prisa. Gibraltar tenía de plazo hasta abril de 2019 para recuperar las ayudas de Estado ilegales. Pero sólo tras el BrexitBrexit, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea denunció a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE porque el Gobierno del Peñón sólo había recobrado el 20% de los 100 millones exigidos. Hace sólo unos días, el pasado 6 de octubre, la Comisión anunció que Gibraltar había recuperado el 14 de julio el total debido.