PP, Vox y Cs se manifiestan junto a policías contra el Gobierno

La plataforma Jusapol y el resto de organizaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales han secundado este sábado la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza. Han asistido a esta concentración varios miles de policías -20.000 según Delegación del Gobierno y 150.000 según los convocantes-, según informa Europa Press. La marcha también ha contado con la presencia de dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos.

Las críticas se han centrado durante la marcha en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo recurrentemente su dimisión. "Nos parece un profundo error afrontar una reforma de este calado despreciando la opinión de los profesionales de la seguridad pública", han apuntado en su manifiesto, insistiendo en la crítica por la falta de diálogo pese a que "la delincuencia y la seguridad ciudadana han cambiado profundamente".

Los policías han subrayado que sus "únicos adversarios son los delincuentes", de ahí que clamen contra la reforma plateada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, con apoyo de sus socios PNV, ERC o EH Bildu, ya que entienden que les desprotege al rebajar el principio de autoridad, "limita" el uso de material antidisturbio o facilita la difusión de las imágenes de los agentes durante sus intervenciones de orden público. Todo esto, dicen, "justo cuando hay más agresiones" contra los policías.

Al término, han llenado el espacio central del Paseo de la Castellana, entre el monumento de Colón y el Ministerio del Interior, custodiado por varias furgonetas de la UIP de la Policía Nacional. Durante la parte final han lanzado petardos y encendido algunos botes de humo, mientras sonaba el himno de España o el de la Guardia Civil, entre otras canciones.

Ayuso y Casado separados, pero juntos en su apoyo a la Policía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un "ataque directo" al Estado de Derecho, a la libertad de todos los ciudadanos y que "pone en tela de juicio" la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, a su juicio, "son de las mejores del mundo, de las más profesionales, más queridas, modernas y que ayudan precisamente para combatir la ley del más fuerte contra el débil".

Asimismo, Ayuso ha alertado de que lo que "intenta" hacer el entorno del Gobierno de Sánchez y sus socios "es dejar amordazados a los agentes".

La presidenta no ha coincidido con el presidente del PP, Pablo Casado, que ha acudido al final de la concentración. Ha criticado que el Gobierno defienda a los delincuentes y deje tirados a los que "defienden la seguridad de España, los policías". También ha querido reivindicar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como "una de las instituciones más valoradas por los españoles, junto con la de los Reyes".

Sobre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "está muy ocupado acercando presos de ETA con delitos de sangre, cuando lleva ya 93 acercados". Por ello, el presidente del PP piensa que debería dimitir.

 “Contra una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha acudido este sábado a la concentración. "Estamos en la calle junto a los más leales y más esforzados servidores de España", ha señalado. Además, ha resaltado que la situación “es muy sencilla”: "Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional".

Por otro lado, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, también ha criticado que la reforma esté respaldada por partidos como EH Bildu, Esquerra y Unidas Podemos. "Sánchez se está dejando llevar por sus socios, que lo que quieren es que la policía sea la mala siempre, se la desproteja y que se proteja a los delincuentes", ha lamentado.

La líder de Ciudadanos, considera que esta propuesta va encaminada a "desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ya que "no se va a avanzar en un sistema que lo que hace es criminalizar y desproteger a los policías".

“Derogaremos la ley mordaza”

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado que el PP haga "un uso partidista" de esta manifestación. "Los mismos que entonces recortaban en derechos y libertades, los mismos que entonces recortaban nuestra libertad, hoy nos hablan de libertad, y lo que es peor -ha destacado- hoy utilizan las movilizaciones para hacer un uso partidista de las mismas".

Fue el PP, ha aseverado, quien "recortó" a la Policía y a la Guardia Civil en este país, "13.000 plazas menos de guardias civiles y policías en España mientras gobernaba Mariano Rajoy". Algo que, ha manifestado, bien saben en los pueblos que se quedaron "desatendidos" entonces sin esos servicios. Además, destaca que "en estos 3 años ha incrementado en más de 10.000 las plazas de policía y guardia civil en nuestro país".

También ha garantizado que el Gobierno va a cumplir su compromiso con la ciudadanía para derogar la ley mordaza y "devolver las libertades y los derechos a la ciudadanía".

El secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este sábado que la reforma planeada por el Gobierno central está destinada a "corregir" aspectos que "impiden" o dificultan los derechos de manifestación y reunión, negando que vayan a ser limitadas "las competencias" de los agentes para "garantizar los derechos de los ciudadanos".

Santiago también ha defendido que no hay prevista "ninguna limitación de las competencias (de los agentes) para garantizar los derechos de los ciudadanos".

Quejas por las enmiendas presentadas

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El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. También porque entienden que se "elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad".

La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que sostienen que esto merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos.

Lo mismo ocurre con la "inoperatividad" que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolver al arrestado al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en "taxistas".