DomusVI fracasa en su ofensiva judicial para impedir que infoLibre acceda a los datos de fallecidos en las residencias de Galicia
La multinacional DomusVi ha fracasado en su intento de mantener en secreto el número de fallecimientos y de contagios por covid producidos en las residencias privadas de Galicia durante la primera ola de la pandemia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaminó este lunes que el periodista de infoLibre que solicitó esa información al considerarla de interés público tiene derecho a acceder a la misma.
Hasta seis empresas diferentes del grupo DomusVi presentaron un recurso contencioso contra la resolución de la Consellería de Política Social de la Xunta que concedía acceso a los datos. Hay que señalar que la decisión inicial del Gobierno gallego, que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo, también fue la de mantener en secreto la información. La Xunta ofreció los datos desglosados sólo de las residencias públicas, pero ocultó la misma información de los centros privados. infoLibre recurrió a la Valedora do Pobo, que en una contundente resolución destacó el interés público de los datos solicitados por el periodista y acordó que el Gobierno gallego debía hacerlos públicos.
La Xunta acató la resolución de la Valedora do Pobo y fue entonces cuando las seis empresas de DomusVi que gestionan residencias en Galicia presentaron el recurso ante el Tribunal Superior. La multinacional alegaba que la publicación de la información produciría "un demérito en la estima pública de las empresas titulares de los centros" y afectaría a sus "intereses económicos y comerciales", además de suponer una "vulneración de datos personales" de los residentes. Un argumento que utilizó a pesar de que infoLibre en todo momento solicitó únicamente la cifra global por centro y datos completamente anonimizados.
El TSXG establece que el derecho de acceso a la información pública debe prevalecer también en el ámbito del sector privado de las residencias de mayores, de forma que se puedan proporcionar a la ciudadanía "elementos que puedan conformar una libre opinión pública, presupuesto ineludible para la buena salud democrática de cualquier país".
En la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Luis Villares, los magistrados rechazan que el acceso a la información solicitada vulnere el derecho a la protección de datos personales de los usuarios de las residencias, ya que “los datos solicitados están completamente disociados de cualquier información, por lo que no es posible identificar a ninguna persona solo con estos datos numéricos”.
En cuanto a la presunta afectación al honor y a la imagen de las propias empresas, la Sala considera que "la difusión pública de datos reales y estadísticos sobre la incidencia de la pandemia en cada uno de los centros no puede atentar contra el honor de una empresa".
El TSXG también destaca que la misma información que infoLibre solicita de las residencias privadas ya fue hecha publica en relación con los centros públicos, “por lo que la información estadística desagregada no hace más que completar el mapa territorial y situacional que pretende la normativa en base a la cual se ha producido la recogida de datos”.
Por ello, el Tribunal Superior concluye que no publicar los datos “dejaría a las entidades privadas en una injustificada situación de opacidad, lo que también podría dar lugar a especulaciones sobre las razones para no hacerlo”. La Sala concluye en la sentencia que el interés público “prevalece sobre la limitación por razones privadas del interés económico propuesto por las empresas”.
El TSXG condena a las empresas del grupo DomusVi a pagar las costas del pleito. La Xunta fue la demandada y Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y abogado, se personó como codemandado en el procedimiento y ejerció su propia defensa.
En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Es el grupo líder del sector en España, por delante de Orpea y Ballesol. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre. En la segunda ola, la cifra de muertes hasta finales de diciembre de aquel año se acercó a los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi en 2020.
La pelea para conseguir los datos
A principios de mayo de 2020, infoLibre presentó la misma solicitud de acceso a información pública en las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias en materia de residencias. Entre otros datos, pedía conocer el número de fallecimientos y de contagios por covid que se habían producido en las residencias, durante los meses de marzo y abril, desglosados por centros.
Solo media docena de Gobiernos autonómicos ofrecieron los datos directamente. En todos los demás casos, infoLibre presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia estatal o autonómico correspondiente. Todas las resoluciones de estos órganos fueron favorables al derecho de acceso a información pública y, finalmente, doce comunidades autónomas y las tres diputaciones forales facilitaron los datos.
En tres casos, la solicitud de información pública terminó en los Tribunales Superiores de Justicia. En Galicia fue DomusVi quien intentó frenar la publicación de los datos, algo que el TSXG acaba de rechazar. En Asturias y en Castilla y León fue infoLibre quien acudió a los tribunales contra resoluciones de los respectivos Gobiernos autonómicos.
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En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no el recurso.
En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que ahora acaba de rechazar el TSXG: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo.
La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud. Si el Gobierno aragonés se empeña en mantener los datos en secreto, infoLibre acudirá a los tribunales al igual que hizo en las otras comunidades autónomas.
